Entre el empresario José Suárez Estévez, alias José ‘Drones’, y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, al que apodaba «papá», había alguien más aparte de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso Mediador. Según la investigación llevada a cabo por Asuntos Internos para la Fiscalía Europea, tras analizar el material de un móvil clonado, un hombre relacionado con el entorno de la Guardia Civil en Valencia sería el enlace que permitió al empresario y al general establecer un contacto que pudo haber terminado en la presunta malversación de fondos europeos.
En un auto al que ha tenido acceso en exclusiva El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha dado el visto bueno a Asuntos Internos de la Guardia Civil a incorporar a la causa el material recabado del teléfono para que también se utilice en el proceso que se está llevando a cabo en España.
Los hechos que se están analizando en ese procedimiento podrían ser «constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, revelación de secretos, blanqueo, falsedad, estafa, tráfico y de influencias y/o delitos en el ámbito de la corrupción y/o contra la Administración Pública en todas sus modalidades», dice la resolución. En el centro, la relación que mantuvieron el valenciano Suárez Estévez y Espinosa Navas, que se enmarcaría, según apuntan las pesquisas de las que se tiene constancia hasta el momento, dentro de la estructura del caso Mediador.
Con base en estos datos, se analiza si empresarios canarios, catalanes y valencianos habrían asumido gastos de hoteles, vuelos y comidas en concepto de prebendas, además de dinero en metálico, para asegurarse que se les favorecía en determinadas concesiones. En el caso de José ‘Drones’, se sospecha de 263.000 de euros que le fueron adjudicados a su empresa repartidos en cuatro contratos clave en el Sahel de la mano de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) y que fueron otorgados entre marzo de 2020 y julio de 2021, justo antes de que Espinosa Navas se jubilase.
La finalidad del proyecto final para el que servirían esos drones es el denominado Garsi-Sahel, encabezado por el general, un programa europeo de cooperación internacional liderado por España para vigilar y formar a los países situados en el cuerno de África, una región susceptible de operaciones de narcotráfico y ataques terroristas por grupos organizados.
Un ‘rol fundamental’
El material que ahora va a poder utilizarse se habría obtenido, explica el auto, a raíz de la detención de esta persona por parte del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) el 18 de julio del año pasado, una persona que por el momento no se puede identificar por no estar imputada dentro del caso. Durante esa detención, se le incautó un iPhone que fue clonado por los agentes del SAI para la investigación de la Fiscalía Europea y que, a la vista de lo descubierto, ha llevado a los investigadores, con el visto bueno de la Fiscalía española, a pedir que se incorpore a la causa que se está instruyendo en Tenerife por ser «del todo relevante».
Tanto es así, que el material dentro de ese dispositivo, y que aún no se ha terminado de analizar, ha permitido establecer la «existencia de múltiples datos e informaciones que evidencian el rol fundamental que habría venido ejerciendo su propietario en las relaciones que el empresario investigado en las presentes actuaciones, José Santiago Suárez Estévez, mantenía con Francisco Espinosa Navas».
El hecho de que el caso se encuentre desdoblado entre la Fiscalía Europea y el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife es porque lo sucedido no solo afecta a administraciones públicas españolas, sino que también entra en juego la gestión de fondos comunitarios.
Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que amplíe el radio de investigación para descubrir si el entorno más cercano del general Espinosa Navas tiene cuentas fuera de España, pues la magistrada ya había solicitado hace tiempo la colaboración de las autoridades de Bélgica para comprobar si existía alguna cuenta en ese país. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha dado el visto bueno a a utilizar el material encontrado en el dispositivo para el caso Mediadora su nombre, lo que terminó siendo cierto. En el momento de su detención, Espinosa Navas guardaba en un armario de su casa y en una caja de zapatos 61.110 euros en billetes.
