Finalmente llegó el día y, este miércoles a las 5 de la tarde, las columnas empezarán a ocupar la Plaza del Congreso. Será la segunda gran marcha universitaria contra el gobierno de Milei. La primera -en abril- fue por la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, ésta por el conflicto salarial y el rechazo al anunciado veto de la ley de financiamiento.
Pero esta marcha tiene otra particularidad. Esta vez llega precedida por una campaña pública por parte del Gobierno, con la que atacó la marcha y buscó instalar -con algunos datos dispersos- que el sistema universitario es “caro, inequitativo e ineficiente”.
Este martes la secretaría de Educación convocó a la prensa para explicar un documento de 11 páginas, elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano, que habían empezado a circular el lunes por la noche.
En el encuentro estuvieron el secretario Carlos Torrendell, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el director de Presupuesto Universitario, Juan Oudin, y Gabriela Real, de Coordinación de Políticas Sociales.
Secretario de Educación Carlos Torrendell, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, este martes.Torrendell insistió con la cuestión de la falta de equidad. “Las universidades tienen que rediseñarse para ponerse al servicio de los chicos más desfavorecidos. Tenés que hacerte cargo del alumno que tenés. Si nosotros dejamos que los chicos entren no importa de dónde provengan, nos tenemos que hacer cargo de que aprendan y se gradúen. No es un problema de origen social; es un problema de que el diseño sea el adecuado”, dijo el secretario.
Qué dice el documento
El documento distribuido por el Ministerio de Capital Humano señala, en un comienzo, que Nación destina el 74% del presupuesto educativo a las universidades -algo que siempre fue así, porque la administración de las escuelas está en mano de las provincias-, y lo equipara a la inversión que se hace en la AUH.
“La AUH impacta en 4 millones de beneficiarios mientras que el presupuesto universitario llega a 710.466 alumnos regulares”, definen.
Abrazo simbólico al Hospital de Clínicas de la UBA, en contra del veto a la Ley de Finanaciamiento.“Ven a la universidad como un enseñadero”, dice Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora de Política Educacional y Educación Comparada en la UBA e investigadora del Conicet. La experta explica que en el sistema universitario no solo se enseña, sino que también se hace investigación y extensión. Y que los destinatarios no son solo los estudiantes, sino también las empresas y la sociedad en general, con los avances en el conocimiento.
“Los datos que muestran con respecto al gasto por alumno son una falacia. Lo piensan como en el caso de la educación básica, que ahí sí se considera gasto por alumno. O en muchas universidad privada, donde no hacen investigación y hasta pagan a los docentes por hora”.
Otro argumento del Gobierno es que las universidades no rinden los gastos. “Nadie conoce cómo, dónde y en qué ha sido gastado el dinero asignado”, escriben desde el Gobierno y apuntan especialmente contra la UBA por “no presentar una rendición completa desde 2014”.
Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, le dijo a Clarín que la UBA rinde todos los meses el 100 por ciento de sus gastos. “No rendimos 1, ni 2, ni 20, ni 99 por ciento. Cada mes rendimos al subsecretario Álvarez el 100 por ciento de los pesos que entran y salen”, afirmó.
Ruiz explicó que, todos los meses, la UBA informa a la subsecretaría de Políticas Universitarias lo que gasta en su personal, persona por persona, concepto por concepto, salario por salario. Eso represente entre el 85 y el 90% de los gastos de la UBA.
Pero además -siguió Ruiz- todos los meses la UBA envía los detalles de la ejecución de todos los gastos de funcionamiento. A nivel de detalle establecido por la ley de administración financiera, donde se visualizan la fuente de financiamiento, el carácter económico, la finalidad, la función y el objeto del gasto entre otros ítems.
¿Qué es eficiente?
Otros datos que difundió el Gobierno, y están presentes en el documento, apuntan a la eficiencia del sistema. Hacen referencia a la cantidad de “alumnos crónicos” y, también, a la alta tasa de deserción, que es mayor que en otros países de la región.
“Del total de 1.749.136 estudiantes registrados en 2022, solo el 40,6% (710.466) eran alumnos regulares, es decir, habían aprobado al menos dos materias. Un 20% (367.299) había aprobado solo una materia o ninguna, mientras que un preocupante 38,4% (671.372) de los estudiantes están en una situación incierta: no se sabe si asisten a clases o qué hacen en la universidad”, afirman.
Marquina dice que en esas cifras hay una “mescolanza” y que el Gobierno puede saber, a ciencia cierta, qué pasa con la trayectoria de cada uno de los estudiantes.
“El sistema universitario desde 2016 tiene sus datos de alumnos nominalizados. Esto significa que están con nombre apellido y DNI, y por ello es posible ver las trayectorias. Cada año los estudiantes se «reinscriben» a materias y ese dato permite ir cómo van avanzando”, dice Marquina.
La experta explica que en ese 38% la mayoría son estudiantes que terminaron la secundaria y se anotaron en el primer año -porque el ingreso es irrestricto-, pero después o no cursaron nunca, o se bajaron en el primer parcial o poco después.
“Podemos discutir el ingreso irrestricto, pero hoy esa es ley. Y el problema de ese 38% que no sigue en la universidad viene desde la secundaria, que no está formando bien a los estudiantes como para ir a la universidad”, dice Marquina.
La diputada radical Brenda Austin también apunta contra el concepto de eficiencia del Gobierno. “La pregunta sería, ¿cuándo la universidad fracasa en su rol? Los datos de deserción no deben leerse igual que en la escuela secundaria. Un estudiante de ingeniería o de carreras tecnológicas que cursando segundo o tercer año de la facultad ingresa a un mercado laboral que está necesitando gente formada en ese campo, ¿es éxito o fracaso?”.
“El sistema hoy, por incapacidad para aggiornarse y brindar opciones de salida más cortas, lo lee como fracaso. Lo pongo en duda. Hay que revisar las dinámicas de las titulaciones, entre tantas cosas”, agrega Austin.
La cuestión salarial
Por supuesto, la cuestión salarial no podía estar ausente en la polémica. En la conferencia de prensa, Torrendell reconoció el atraso, pero subrayó dos cosas. Que, por un lado, eso le está ocurriendo “a muchos otros sectores”, por “la situación de ajuste” en el contexto de “transición”. Por otro, que de a poco “los salarios se están recomponiendo”.
Con respecto al rechazo de los gremios docentes al aumento del 6,8% para octubre propuesto por el Gobierno, Torrendell equiparó al sector con lo que viven otros empleados estatales y destacó que “lo que se les ofreció ahora es el máximo acumulado de aumento”. «Todo lo que nos pidieron, se los dimos», expresó.
Marquina, por su parte, explicó que los gremios rechazaron ese ofrecimiento porque, si bien equiparaba el aumento del salario universitario al del resto de la administración pública, el compromiso oficial era solo para octubre. Y no queda claro qué pasará en meses siguientes.
La Ley de Financiamiento, en cambio, recompone el salario del sector, y eso queda como una buena base de cara al año que viene. El temor, en el ámbito universitario, es porque el Presupuesto 2025 contempla un ajuste importante para las universidades, y si ya se parte de un piso tan bajo en 2024 la cuestión se va a hacer más difícil el año que viene.
“Estos días estuve con el director del Balseiro. Me contó que, por el tema salarial, 55 investigadores se fueron. Son científicos formados en muchos años y que después forman a las nuevas generaciones. Se está rompiendo capacidad que costó mucho conseguir: conocimiento, equipos e investigaciones que se van a la industria, a las universidades privadas o al exterior”.
