Pasaron ocho años de los procesamientos y cinco desde que la causa fue elevada a juicio. Se trata de uno de los casos más explosivos y escandalosos en la historia del Departamento Judicial de San Isidro pero aun así (o tal vez por eso) marcha a paso de tortuga.
El debate tiene como figura principal al ex fiscal general Julio Novo (72) y su comienzo estaba previsto para este jueves 15 de agosto. Pero fue suspendido a ultima hora. Lo mismo había pasado en mayo con el primer inicio fallido, pautado para el 9 de ese mes.
Con Novo están listos para ser juzgados los miembros de su equipo de confianza, sus adjuntos Eduardo Vaiani (55) y Rodrigo Caro (52) y las secretarias generales Melisa Rey (43) y Mariana Busse (43). Entre el 5 y el 13 de agosto todos presentaron recursos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 de San Martin pidiendo que el juicio se postergara. Y finalmente lo lograron: la primera audiencia tiene como nueva fecha el 3 de septiembre.
El primero en pedir la suspensión fue Vaiani argumentando que faltaba producir y digitalizar prueba. Le siguió Busse diciendo que su oposición a que el querellante declare por escrito aun no había sido resuelta por la Corte Suprema. A los pocos días Novo se sumó a los argumentos de Vaiani y finalmente Rey sacó la carta ganadora el pasado martes 13.
En un escrito de dos paginas Rey informó que su defensor oficial sufrió «un grave accidente que involucró traumatismo encéfalo craneano con perdida de conciencia, más trauma cervical» por lo que se le dio licencia por enfermedad.
Ante la catarata de planteos el TOF 3 sóló dejo en pie el de Melisa Rey y cambió la fecha de juicio teniendo en cuenta el fin de la licencia del defensor oficial. Ahora, que el 3 de septiembre finalmente empiece el juicio, está por verse.
Doble crimen narco y sospechas de corrupción judicial en San Isidro
Bajo la figura penal de «encubrimiento agravado», la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó a los cinco acusados en 2016 por, supuestamente, interferir y obstaculizar la investigación sobre el emblemático doble crimen de Unicenter, ocurrido el 24 de julio de 2008.
Jorge Daniel «El Zurdo» Moreyra (42) y Víctor Hugo «El Pelado» Ovejero Olmedo (42) fueron condenados a prisión perpetua el 24 de agosto de 2018 por los homicidios de los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (36) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35, alias «Monoteto»), asesinados por sicarios la tardecita del 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping de Martínez.
El doble crimen de Unicenter tuvo como víctimas a dos colombianos.Hubo dos condenados como autores materiales, pero casi toda la trama detrás de los crímenes sigue en el misterio. Nunca se pudo investigar a fondo y, según denunció el fiscal de San Isidro Luis Angelini –querellante en la causa contra Novo– fue porque sus jefes se lo impidieron sistemáticamente, llegando a acosarlo y perseguirlo.
Gran parte de los años que pasaron desde la acusación original se consumieron en sustanciar los reclamos de Rodrigo Caro que, como fue absuelto en el jury administrativo, reclamaba no ser juzgado penalmente.
Esto recién fue resuelto por la Corte nacional en septiembre del año pasado.
Por eso, recién en octubre comenzaron las actuaciones suplementarias y la presentación de los testigos. En la lista hay varios funcionarios judiciales, entre ellos Diego Grau (principal instructor del caso Unicenter antes que Angelini y actual camarista en Morón) y el juez federal N° 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, quien en 2005 –siendo fiscal– fue uno de los primeros en denunciar arbitrariedades por parte del Novo.
Víctor Hugo Ovejero Olmedo (49), alias «El Pelado», uno de los condenados por el doble crimen de Unicenter.Tras la condena por el crimen de Unicenter, los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos –integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal– rechazaron por «improcedente» un recurso que había puesto en «pausa» el juicio oral contra los funcionarios acusados de encubrimiento.
En términos judiciales, Casación rechazó un recurso de queja presentado por uno de los involucrados contra la decisión de la Cámara Federal de San Martín de convalidar el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Federico Domínguez y el querellante, el fiscal Luis Angelini.
En castellano: el fallo de la Sala IV dejó a Novo y a tres de sus subalternos de máxima confianza a milímetros del juicio por encubrir narcotraficantes y perseguir a fiscales que los enfrentaban.
Peritos en el estacionamiento de Unicenter donde sicarios mataron a dos colombianos, en 2008.El requerimiento de elevación a juicio contra Novo, los fiscales generales adjuntos Marcelo Vaiani y Rodrigo Caro, y las secretarias Mariana Busse y Melisa Rey, había quedado trabado en la etapa de instrucción esperando la decisión de la Sala IV.
Tras una investigación del fiscal federal Fernando Domínguez –que tomó la denuncia de Angelini– los cinco funcionarios fueron procesados en octubre del 2016 por «encubrimiento agravado» y «abuso de autoridad» por Arroyo Salgado, cuya resolución fue confirmada por Cámara en junio de 2017.
Diez días después de esto, Novo –que estaba suspendido en sus funciones– decidió renunciar a su cargo.
A este duro golpe contra un hombre que fue todopoderoso (se perfilaba como ministro de Justicia de la Nación si triunfaba Sergio Massa en las presidenciales de 2015), se sumó el pedido formal para que fuera juzgado en debate oral y público.
Y fue contra este requerimiento que Rodrigo Caro interpuso recursos, primero para impedir la elevación a juicio y luego para intentar de que no se lo acusara a él. Así, en trámites, se fue casi una década.
Las acusaciones
La acusación que más complica a Novo es la que tiene como centro a Mariana Busse, a quien él nombró como secretaria letrada. La propuso poco después de que Busse fuera abogada defensora de los hermanos Juliá, condenados por narcos en España y vinculados con la causa Unicenter, según el planteo de Angelini, que no pudo convalidarse en el juicio oral contra los autores materiales.
Busse se convirtió además en la esposa de Carlos Broitman, abogado de los Juliá. La destinaron a Pilar, donde trabajaba María Inés Domínguez (cuñada de Gustavo Juliá).
Otro punto en contra del ex fiscal general es la inexplicable decisión de apartar a Diego Grau del caso, quien estaba detrás de la pista de Ovejero Olmedo y Moreyra. Esa pista fue convalidada 10 años después con las condenas a los dos.
Aunque era la única persona que conocía a pleno la causa Unicenter, Novo decidió desplazar a Grau y enviarlo a resolver causas de flagrancia. Un fiscal que declaró como testigo recordó que Grau gritaba: “¡Esto es corrupción, acá hay corrupción. No me pueden apartar de la causa!”
«Me sacaron el personal, me quedé solo. El punto de inflexión fue el pedido de allanamientos», declaró luego el propio Grau.
Su sucesor, Angelini, también fue aislado y saturado de trabajo. “En 2012 Angelini llegó a la fiscalía de Ejecución Penal… le dieron un escritorio de 60 centímetros, una PC y sillas. Al día le entraban unas 60 causas como mínimo”, sostuvo un empleado de la fiscalía general.
“El encono y la falta de colaboración (de Novo) hacia Angelini eran de tal magnitud que una empleada judicial recordó que si lo saludaba, luego durante varios días nadie la saludaba a ella, y precisó que Angelini dejó de venir a mi despacho para evitarme problemas”, se lee en el fallo de Cámara Federal de San Martín que confirmó los procesamientos.
En la causa también hay indicios de espionaje interno: “El personal que le asignaban a Angelini era inoperante o no estaba en las mejores condiciones para la tarea asignada, o también se sabía que otras de las personas que le ponían a Angelini iban a ser más informantes que personas a su disposición”, indicó un funcionario de la fiscalía de San Fernando.
MG
