La demanda del grupo de familiares y amigos de los «Héroes de Barracas» alude a la causa por el siniestro ocurrido en la mañana del 5 de febrero del 2014 por el cual las llamas arrasaron con el galpón donde permanecían bajo custodia archivos de empresas multinacionales, algunas de las cuales estaban sospechadas de lavado de dinero.
En abril pasado, la jueza Fabiana Palmaghini decretó el procesamiento y elevó el proceso a juicio oral y público contra una veintena de imputados por el delito de incendio culposo seguido de muerte y lesiones culposas.
Entre los imputados figuran directivos de la firma internacional, dedicada al almacenamiento de documentación y activos, y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio en Azara 1245.
Aquella mañana, por motivos que aún figuran como «indeterminados», comenzaron a arder las más de cuatro toneladas de cajas depositadas en las naves de la casi centenaria edificación y a las 9.04 el avance de las llamas provocó que la estructura metálica que sostenía el techo cediera por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Por la caída, murieron en el lugar los bomberos del Cuartel I de la Policía Federal Argentina Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Véliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; el bombero voluntario del Cuartel Vuelta de Rocha Sebastián Campos y los rescatistas Pedro Barícola y José Méndez Araujo; mientras que Facundo Ricardo Ambrosi, también bombero voluntario, falleció días después.
«La expectativa es que este año se fije la fecha del juicio porque están todas las pruebas y testigos hay de sobra, aunque sabemos que estamos yendo contra molinos de viento», sostuvo Liliana Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos integrantes de Defensa Civil que murió ese día en Barracas, a quien sus familiares recuerdan como «un chico que siempre fue muy solidario».
«La expectativa es que este año se fije la fecha del juicio porque están todas las pruebas y testigos hay de sobra, aunque sabemos que estamos yendo contra molinos de viento» Rolando Monticelli, papá de Juan Matías, consideró que «no tendría que pasar del 2024 porque ya está todo, pero creemos que las condenas no van a estar a la altura y las culpas no se van a pagar como se debería».
En la misma línea, Mimí Campos, madre de Sebastián, evaluó que «a nivel judicial no espero mucho porque durante diez años demostraron que no somos todos iguales ante la ley, aunque voy a estar sentada ahí durante el juicio oral».
«Ojalá que llegue el juicio. Quiero que la gente sepa qué fue lo que pasó porque son muchos años sin nada, sin justicia y espero que esto termine y tener un poco de paz también», dijo a Télam Selene, la hija de José Méndez, que tenía ocho años cuando perdió a su papá a quien define como «un héroe que siempre estaba dispuesto a su trabajo».
También recibieron mensajes intimidatorios a través de redes sociales y en sus celulares, así como fueron apartados de la causa en su carácter de querellantes, aunque posteriormente fueron reincorporados como parte de las diversas dilaciones registradas en el proceso judicial desde 2004.
Javier Moral, abogado de los familiares de los fallecidos, se mostró expectante por «tener entre este 2024 y 2025 condenas altísimas en la máxima escala penal y una reparación integral a las víctimas y a la sociedad en su conjunto».
El letrado anticipó que buscará demostrar que el incendio «no ocurrió por una casualidad, sino que fue consecuencia del antecedente de una maniobra de lavado de dinero, cuya documentación se encontraba allí, razón por la cual abordamos la tesis de que esto es doloso», a diferencia de la actual carátula de homicidio culposo.
«Estuvo hecho a propósito para que se borrara todo tipo de evidencias de maniobras espurias, que no las digo yo, sino que los dicen distintos organismos que están en causas conexas como la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos y la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras)».
De acuerdo a las pericias aportadas a la causa, en las naves siniestradas «existían 279.069 cajas, equivalente a 4.186 toneladas de papel, lo que implicaría una excedencia de almacenaje del 5%»; así como también indicaron que la forma de disposición del material era irregular ya que tocaba los rociadores de agua dispuestos en los techos para apagar focos de incendio.
Sobre ello, también sostuvieron que «los antecedentes de las inspecciones de fiscalización y control que se efectuaron en el inmueble revelaron señales de alerta temprana que no fueron atendidos con rigurosidad técnica» ya que «no hubo articulación entre dependencias del Gobierno de la Ciudad para asegurar la corrección de los desvíos detectados».
Al momento del incendio, gobernaba en la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri al frente del Ejecutivo, acompañado por su vicejefa María Eugenia Vidal; mientras que la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de los controles e inspecciones, estaba bajo el mando de Juan José Gómez Centurión.
Además, se constató que no existía agua para combatir el incendio porque la capacidad de funcionamiento del sistema de protección contra incendios estaba disminuida debido a que las electrobombas eran insuficientes y que los tanques de agua no alcanzaban a cubrir la demanda porque eran pequeños y porque la presión no era la adecuada.
Por último, los reportes mencionaron que el personal de seguridad afectado a alertar sobre la existencia del foco ígneo demoró 17 minutos en hacerlo; mientras que discreparon en los motivos del fuego ya que algunos peritos afirmaron que fue intencional mientras que otros evaluaron un origen «indeterminado».
«Evidentemente esto era un plan para que esto se prenda fuego y no haya posibilidad alguna de extinguirlo», concluyó Moral.
