La absorción de Bankia por parte de CaixaBank ha sido la gran apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar el porcentaje de ayudas que podrá recuperar el Estado de los 24.069 millones de euros inyectados en el grupo nacionalizado por los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero (5.380 millones en 2010) y, sobre todo, Mariano Rajoy (18.689 millones en 2012 y 2013). Hasta la fecha, la decisión de la vicepresidenta Nadia Calviño de aceptar la fusión de las dos entidades planteada por el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, ha resultado acertada. La participación pública en CaixaBank vale hoy en bolsa unos 5.396 millones de euros: 3.431 millones y un 174% más de lo que valía en el mercado la participación en Bankia cuando se revelaron los contactos para la fusión. Por ponerlo en perspectiva, el Ibex 35 ha subido el 42% en el mismo periodo. El Estado, así, tiene hoy un activo que vale 2,7 veces más que los 1.965 millones que poseía en septiembre de 2020.
Visto de otra forma: los 5.396 millones de valor bursátil actual de la participación pública en CaixaBank equivalen al 22,4% de los 24.069 millones inyectados por el Estado, frente al 8,2% que suponía el valor de la participación en Bankia cuando se desvelaron las negociaciones. A ese porcentaje, habrá que sumar en su día lo que el Estado obtenga de BFA, participada al 100% por el público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La antigua matriz de Bankia es la que posee el 17,32% de CaixaBank, pero además cuenta con una cartera de bonos de deuda emitidos por la Sareb (1.447 millones al cierre de 2022) y un patrimonio neto de 4.958 millones (también a cierre del año pasado).
En cualquier caso, la factura final del rescate heredado por el actual Gobierno, tras la intervención de facto de Bankia impulsada por el entonces ministro Luis de Guindos en 2012, no se sabrá hasta que el Estado liquide BFA y salga del capital de CaixaBank. Para esto último, el Ejecutivo se ha dado hasta el final de 2025, pero está en su mano ampliar dicho plazo tantas veces como desee. De hecho, el Gobierno de Rajoy ya lo hizo en 2016 y 2018, mientras que el de Sánchez también lo aprobó en 2021 y 2022. La diferencia es que en las tres primeras ocasiones se debió a la baja cotización bursátil de Bankia causada por la era de los tipos de interés bajos y negativos, mientras que el año pasado ya pesó más el «potencial de la acción de Caixabank para seguir evolucionando de manera favorable, en un entorno de tipos de interés al alza».
Maximizar la recuperación
La vicepresidenta Calviño, en este sentido, lleva años asegurando que su objetivo primordial respecto a Bankia primero, y CaixaBank después, es asegurar la «mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, maximizando el valor de recuperación de la participación del Estado y respondiendo así al objetivo último de proteger el interés general«. En esta línea, es relevante que el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, anunciase hace unas semanas que en enero la entidad actualizará sus objetivos estratégicos para el periodo 2022-2024, que incluirán una retribución a los accionistas en el periodo superior a los 9.000 millones comprometidos inicialmente, ya que los resultados están yendo mucho mejor de lo esperado.
Los 9.000 millones anunciados en mayo de 2022 se repartían entre el pago de dividendos (el banco destina a ello entre el 50% y el 60% del beneficio), la recompra de acciones (que aumenta el beneficio por acción al reducir los títulos en circulación) y el futuro reparto extraordinario del exceso de capital por encima de su objetivo de que la solvencia esté entre el 11% y el 12%. Inicialmente, al Estado a través del FROB le correspondían unos 1.440 millones en virtud de su 16,12% en el accionariado. La cantidad final, con todo, será previsiblemente mayor, ya que el banco va a revisar al alza esos 9.000 millones de retribución, al tiempo que la participación pública en la entidad está ya en el 17,32% (por la recompra y amortización de acciones por valor de 1.800 millones del año pasado) y con mucha probabilidad subirá aún más (cuando se complete la recompra de acciones de 500 millones del presente ejercicio).
De momento, las arcas públicas solo han ingresado 346 millones por el rescate, el equivalente a un 1,4% de los 24.069 millones que se inyectó. Bankia devolvió 3.303 millones, a los que se suman los 523,6 millones en dividendos ya cobrados de CaixaBank. Pero esos fondos nunca han llegado a las cuentas del Estado porque sirvieron para cubrir parte de la caída en el patrimonio de BFA provocada por las pérdidas que acumuló desde el 2015 hasta 2020 a causa de la continua bajada en bolsa de Bankia por el entorno de tipos de interés negativos. Ello ha impedido que el grupo comenzara a devolver el capital que se le inyectó a las arcas del FROB, como estaba previsto en el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea en 2012. Sin embargo, la buena evolución de la participación en CaixaBank hace que BFA ya lleve dos años dando beneficios, con lo que la posibilidad de que por primera vez se devuelva algo de las ayudas vuelva a estar sobre la mesa.
