Tras la represión en la marcha de los jubilados, la Justicia apartó oficialmente a Patricia Bullrich de la conducción de los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. En lugar de ello, el poder será transferido únicamente a la Policía de la Ciudad.
El juez Roberto Gallardo argumentó que se trata de “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.
Luego de la movilización en la que el fotógrafo Pablo Grillo recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, las luces apuntaron a Bullrich. Diversos sectores pidieron su renuncia tras el despliegue del protocolo anti piquete, un plan que lanzó el Ministerio de Seguridad para contener las protestas sociales. Según el fallo conocido este domingo por la noche, el gobierno porteño nunca habría adherido al plan lanzado por la funcionaria.
El revés judicial de la ministra de Seguridad la deja sin jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires y solo se deberá atener a la defensa de los edificios del Estado, como es el caso del Congreso Nacional. Así, Gendarmería, Prefectura y los efectivos de la Policía Federal estarán presentes en el territorio porteño, pero solo rodeando a las entidades oficiales. La Policía de la Ciudad es la única autorizada para intervenir en las protestas.
El juez Gallardo argumentó la medida frente a “un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública” de todos los miércoles y, sobre todo, al paro general convocado por la CGT.
El magistrado también hizo hincapié en el riesgo invocado por el despliegue de las fuerzas de seguridad, como “lesión a la integridad física, la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
El documento también especifica que esto “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. El juez también aseguró que hubo “varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que resultaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.
