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Resistencia
21 junio, 2024

IU pide acabar con la concertación y destinar todos los recursos al sistema de salud público

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, ha hecho un llamado al gobierno andaluz tras la “preocupante” revelación de los últimos datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que muestran un aumento “considerable” en las listas de espera para operaciones quirúrgicas en Córdoba y en toda Andalucía, señala IU en una nota de prensa.

En este contexto, Pérez aboga por «poner fin a las concertaciones con hospitales privados y destinar los más de 600 millones de euros involucrados en estas alianzas hacia el fortalecimiento del sistema de salud público». Según las estadísticas «que se ha visto obligado a ofrecer el SAS tras los preocupantes datos publicados por el Ministerio de Sanidad, los cordobeses experimentan actualmente una espera promedio de 118 días para someterse a una operación en el sistema de salud pública andaluza, lo que representa un aumento del 15% con respecto a 2022″.

El número de personas en lista de espera quirúrgica también ha experimentado un incremento “considerable”. En junio de 2021, se registraban 9.271 personas en esta situación en la provincia, y dos años después, la cifra ha aumentado a 17.683, reflejando un incremento del 90%.

«No es un hecho aislado»

No obstante, el coordinador provincial ha querido destacar que el problema de las listas de espera para operaciones quirúrgicas «no es un hecho aislado”. Pérez subraya que la crisis se extiende a la Atención Primaria y a muchos de los hospitales en la provincia, que cada día están “más desmantelados”. Además de las “preocupantes” cifras de espera quirúrgica, hoy en día, conseguir una cita con un médico de Atención Primaria puede llevar “hasta 15 días”.

 En respuesta a esta “preocupante” tendencia, IU aboga por una acción inmediata para abordar la “crisis” en el sistema de salud. El coordinador provincial señala la necesidad “urgente” de poner fin a las concertaciones con hospitales privados y redirigir los recursos financieros, que superan los 600 millones de euros, hacia el sistema público de salud. Estos fondos deben destinarse a “aumentar tanto el personal como los recursos técnicos disponibles para garantizar una atención médica oportuna y de calidad para toda la ciudadanía”.

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