Desde la noche del intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, una de las pruebas más importantes para los investigadores fue el celular de Fernando Sabag Montiel, principal sospechoso en la causa. Sin embargo, mientras se analiza una nueva estrategia para acceder al dispositivo, que continúa sin poder ser examinado en profundidad, se investiga una posible cadena de irregularidades por parte de los agentes de la Policía Federal (PFA) que estaban a cargo de su custodia.
El teléfono del hombre que le apuntó en el rostro a la por entonces Vicepresidenta de la Nación, secuestrado inmediatamente luego de la agresión, fue una de las evidencias más maltratadas. La polémica volvió a aparecer durante el juicio por el intento de magnicidio contra la actual titular del PJ Nacional, que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py desde mediados del año pasado, cuando una serie de testigos indicaron las dificultades para peritar el dispositivo.
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Según se desprende de los testimonios de la audiencia de la semana pasada, donde declararon peritos de la Gendarmería y de la PFA, incluyendo el jefe del área de Cibercrimen de esa última fuerza, Eduardo Acosta, el primero en manipular el Samsung Galaxy A50 de Sabag Montiel fue el cabo Alejandro Heredia desde el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti. Acosta comentó que “se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo” pero solo se pudo acceder a fotos y videos de la tarjeta de memoria, pero no a los chats y otros elementos.
Entre esas imágenes se encuentra, por ejemplo, las que Sabag Montiel y su entonces pareja Brenda Uliarte -otras de las imputadas en la causa- se sacaron con la pistola con la que se atacó a la expresidenta. La magistrada decidió enviarlo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero la situación se agravó durante ese traslado, acorde a lo expresado por los testigos.
El secretario del juzgado, Federico Clerc, señaló que guardó el dispositivo en un sobre de madera y la encargada de llevarlo fue Priscilla Santillán, oficial de la PFA. La agente dijo que el sobre estaba cerrado, pero quienes lo recibieron, los peritos Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan, afirmaron lo contrario y que el celular estaba encendido. Por este motivo, el tribunal habilitó que se realice un “careo” entre ellos y se sumó al exdirector Nacional de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt.
Para el Dr. José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Kirchner, las explicaciones de Santillán fueron “insuficientes” y solicitó que se extraiga testimonio y se le abra una causa por “falso testimonio”.
En ese sentido, los peritos de PSA comentaron que al intentar abrirl el dispositivo, este se reseteó de fábrica. La jueza María Servini investigó las presuntas irregularidades, procesó a los peritos pero finalmente los sobreseyó en 2024 al concluir que era “imposible determinar con un mínimo de probabilidad” los motivos que generaron el reinicio del celular.
Desde ese momento, nadie volvió a intentar peritar el dispositivo hasta que hace un mes la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, realizó el pedido. El peritaje se concretó y si bien el resultado fue negativo, la noticia fue que el celular no quedó “brickeado”, es decir, dañado en forma permanente e incluso hubo un pedido de colaboración por parte de la querella al Estado de Israel, debido al nivel de sofisticación tecnológica de ese país.
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De acuerdo al informe pericial la imposibilidad de avanzar fue atribuida a “diferentes versiones de sistema operativo entre el dispositivo ensayado y el original (que) pueden estar afectando la efectividad de los métodos utilizados, no quedando en esta instancia ningún recurso técnico para explorar por dentro de la estrategia de ataque planificada”.
“Podrían existir otras metodologías que finalmente terminen rooteando el dispositivo exitosamente, las cuales habría que estudiar en profundidad y desarrollar la estrategia de aplicación adecuada respecto a este dispositivo, ya que el mismo aún permanece operativo”, añade el documento. El rooteo es el proceso de eliminar las restricciones del fabricante para acceder a los directorios de archivos, lo que permite modificar funciones del teléfono, como desinstalar aplicaciones o cambiar permisos.
Además de Sabag Montiel y Uliarte, en este juicio también se investiga el rol que podría haber cumplido Nicolás Gabriel Carrizo, que junto a otros jóvenes formaban la denominada “banda de los Copitos” y fue entrevistado en un móvil de Telefe a pocas horas de que el sospechoso fuera reducido tras intentar gatillar a la cabeza de la exjefa de Estado.
La investigación a Gerardo Milman
En la causa todavía se investiga la posible participación del diputado del PRO Gerardo Milman, cercano a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En 2022, su nombre apareció en los medios en relación con el intento de asesinato de Fernández de Kirchner ya que trascendió que habría comentado en una reunión: “Cuando la maten, estoy camino a la costa”.
Estas declaraciones, que surgieron del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, lo vincularon indirectamente al intento de asesinato, aunque por el momento no se presentaron pruebas concretas que lo implicaran directamente en el hecho.
“A mí me acusan de haber dicho en el bar Casablanca la frase cuando la maten, voy a estar camino a la costa , con dos secretarias mías. ¿Cuando la maten a quién? ¿A una perra que se fracturó una pierna? Es una frase vacía. No la dije, pero si la hubiese dicho no quiere decir nada“, argumentó recientemente Milman durante una entrevista con el medio MDZ Online.
En ese sentido, aseguró que “pronto” se sabrá quién “le puso una pistola en la mano” a Sabag Montiel. “La Justicia va avanzando rápidamente en poco tiempo y van a salir a la luz. Me inventaron esta causa y me comí la curva a 1.200 kilómetros por hora“, sostuvo al insistir en que las acusaciones en su contra son “ridículas”.
FP
