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Resistencia
31 marzo, 2025

Inteligencia financiera y una relación bilateral para combatir la violencia en México

La violencia en México no solo persiste, sino que está evolucionando hacia formas cada vez más brutales bajo la mirada cómplice de Sheinbaum y sus lacayos legislativos. La reciente revelación de un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, donde se han encontrado cientos de restos humanos, es una prueba irrefutable de que el país ha sido tomado por la violencia criminal. Más allá de la estadística, estos hallazgos reflejan la descomposición de un Estado incapaz de garantizar seguridad y justicia.

Este no es un caso aislado. En Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y Veracruz se han descubierto cientos de fosas clandestinas en los últimos años. La impunidad sigue siendo la norma: más del 95 % de los homicidios dolosos no se resuelven. La violencia ya no es solo un problema de ciertas regiones, sino un fenómeno nacional.

Las cifras detrás del horror

En 2023, México registró más de 30,000 homicidios dolosos, lo que equivale a un promedio de 82 asesinatos al día. Si esta tendencia continúa, al final del sexenio de Claudia Sheinbaum, en 2030, México podría acumular más de 180,000 asesinatos adicionales.

Sin embargo, si la crisis de seguridad se agrava —como han indicado recientes enfrentamientos, el crecimiento de grupos armados y la expansión del narcotráfico—, las cifras podrían ser aún peores. Proyecciones basadas en el incremento reciente de homicidios en zonas estratégicas del crimen organizado sugieren que, con un aumento del 5 % anual, al final del sexenio podríamos superar los 200,000 asesinatos adicionales.

Además, hay un factor que suele ser ignorado en la discusión pública: el dinero. Sin un combate directo a las finanzas del crimen organizado, los cárteles seguirán operando con total impunidad.

Más allá de la fuerza: inteligencia financiera y cooperación bilateral

Históricamente, los gobiernos mexicanos han apostado por estrategias militarizadas para combatir a los cárteles. Sin embargo, esto solo ha fragmentado las organizaciones criminales, generando más violencia sin resolver el problema de fondo. La única forma efectiva de debilitar a los grupos delictivos es atacando su estructura económica.

Los cárteles ya no solo controlan el narcotráfico; también han diversificado sus ingresos en minería ilegal, tala clandestina, tráfico de migrantes, extorsión, cobro de piso y huachicoleo. Para combatirlos, es indispensable un enfoque de inteligencia financiera y fiscal que desmantele sus redes económicas.

México debe trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de dinero y armas que alimenta a los cárteles. Se requiere una cooperación bilateral real, donde el Departamento del Tesoro de EE.UU. y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identifiquen, congelen y confisquen los activos de los grupos delictivos. Esto implica rastrear empresas fachada, transacciones sospechosas y redes de lavado de dinero que operan tanto en bancos como en criptomonedas.

Además, es fundamental que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR) intensifiquen auditorías y sanciones contra negocios vinculados al crimen organizado. Sin estos esfuerzos, el combate a la violencia será una guerra eterna contra enemigos que nunca dejan de enriquecerse.

El futuro inmediato: ¿un Estado superado?

Si el gobierno no cambia su estrategia de seguridad, México enfrentará un escenario aún más violento. La militarización no ha resuelto el problema y, sin una acción decidida contra las finanzas del crimen, los cárteles seguirán creciendo.

El peligro es evidente: si el Estado no recupera el control, podríamos ver el colapso total de regiones donde el gobierno ya no tenga ninguna autoridad. Estados como Chiapas, donde los cárteles han desplazado comunidades enteras, podrían convertirse en las nuevas zonas de exterminio. Lo mismo ocurre con el Bajío, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima siguen su guerra territorial.

México ya está en una crisis de seguridad. Lo que está en juego ahora es si el país podrá contenerla antes de que sea demasiado tarde.

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