A cada paso que da la proposición de ley de amnistía, el PP busca ponerle la zancadilla. Después de que este martes Junts bloqueara la ley, votando en contra para forzar un mes más de negociación con el PSOE en la comisión de Justicia, los populares han reclamado a la presidenta del Congreso que decaiga la norma porque en la votación del pleno obtuvo más votos en contra que a favor: 171 ‘síes’ frente a 179 ‘noes’. Los conservadores argumentan que la ley debería haber decaído en ese mismo momento, en lugar de devolverse a la comisión de Justicia.
En la anómala tramitación que está siguiendo la ley de amnistía, el PP ha vuelto a encontrar un nuevo argumento al que aferrarse para intentar tumbar la norma. El pasado martes, durante el pleno del Congreso, el bloque de la investidura votó a favor del dictamen de la ley de amnistía, esto es el texto legislativo en sí. Sin embargo, Junts se opuso a su aprobación definitiva, que requería de una mayoría absoluta. El resultado fueron esos 171 votos a favor frente a 179 en contra.
A la vista del resultado, Armengol anunció que el dictamen era devuelto a la comisión de Justicia, que tendría un mes para preparar un nuevo texto. Lo hizo siguiendo el artículo 131.2 del Reglamento del Congreso, donde se establece que las leyes orgánicas, como es el caso de la amnistía, necesitan de una mayoría absoluta y que «si aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes».
Sin embargo, los populares no están de acuerdo con esta interpretación. En un escrito presentado a la Mesa del Congreso piden reconsiderar la decisión de reenviar el texto a la comisión de Justicia porque la norma «no es que obtuviera una mayoría favorable aunque no suficiente» sino que hubo «una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto». Con esto, señalan que la medida de gracia no debería gozar de esa «segunda oportunidad» que se plantea en el artículo 131.2.
En el escrito, los conservadores reclaman que se «reconsidere la decisión unilateral adoptada por la Presidenta» y «que declare decaída dicha proposición de ley». A consecuencia de esto, subrayan que se debe impedir «cualquier actuación o trámite parlamentario alguno tendente a reactivar o continuar un procedimiento legislativo que el Pleno ha rechazado».
