El Gobierno descarta por el momento volver a intentar reformar la ley de extranjería, tras el fracaso de la iniciativa el pasado julio en el Congreso, para que el reparto entre comunidades de los menores migrantes no acompañados sea obligatorio. El rechazo del PP y de las autonomías que gobierna (11 de 15) hacen inviable este enfoque, considera la Moncloa. Pero la reunión que han mantenido en la isla de La Palma este viernes Pedro Sánchez y Fernando Clavijo sí ha servido para que el Ejecutivo mueva ficha. Sánchez se ha comprometido ante el presidente de Canarias al desembolso de aquí a final de año de 50 millones de euros para hacer frente a la “emergencia” en el archipiélago, que alberga a 5.200 miembros de este vulnerable colectivo cuando solo tiene capacidad para 2.000.
Se trata de la misma fórmula que ya se aplicó en 2022 y en 2023, con cargo a los Presupuestos, pero que este año no se había estudiado por dos motivos. Primero, porque las cuentas públicas se encuentran prorrogadas. Y después, porque el Gobierno confiaba en la aprobación de la reforma de la ley de extranjería, que fue tumbada hace justo un mes por el PP, Vox y Junts. La frustrada modificación establecía el reparto forzoso entre territorios de menores migrantes cuando Canarias, Ceuta y Melilla vieran superados sus sistemas de acogida en un 150%.
Según la Constitución, ha recordado desde La Palma el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, los menores de edad son competencia de las autonomías. La obligatoriedad en la acogida por parte de otros territorios de los migrantes que no superen los 18 años de edad y no estén acompañados por sus padres o tutores, por lo tanto, requiere un cambio legal para que se pueda aplicar.
“El Gobierno no puede derivar a menores porque está fuera del marco constitucional. Para eso hay que cambiar la ley. De haberse aprobado la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, en septiembre ya estaría en vigor”, ha señalado Torres, que es canario y ostentó la presidencia del archipiélago hasta el año pasado.
Un parche hasta enero
Lo pactado este viernes por Sánchez y Clavijo es básicamente un parche para hacer frente a la situación en los próximos meses, ha reconocido el ministro de Política Territorial. “La única solución posible es una modificación legislativa -ha concluido Torres-. Pero se necesita la mayoría del Congreso y el consenso de las autonomías, la mayoría gobernadas por el PP”.
