Un juez de Posadas ordenó la detención de siete policías, uno de ellos retirado, acusados de organizar a través de un grupo de WhatsApp incendios de malezas para apoderarse de las autobombas y forzar al Gobierno a firmar una amnistía judicial para los policías que participaron del autoacuartelamiento de mayo. Los integrantes de la Mesa de Diálogo Policial dijeron que las órdenes de captura son una represalia por haber rechazado un incremento salarial de sólo 5%.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Instrucción Fernando Verón, quien había detenido la semana pasada al oficial Diego Correa, quien se habría contactado con otro policía para que se sume a una toma de la Jefatura de Policía en reclamo de un mayor aumento.
El policía, que ya había sido parte de la revuelta de mayo y recién volvió al servicio activo, no sólo rechazó el pedido, sino que realizó una denuncia ante sus superiores. La Justicia actuó con rapidez y a las pocas horas Correa fue apresado en su vivienda.
Tras la detención de Correa, el juez Verón dispuso un peritaje sobre el teléfono celular del policía y allí se halló un grupo de WhatsApp denominado “sólo cola”. Desde la Justicia dieron a conocer algunos de los audios, donde los policías intercambian ideas para poder apoderarse de los móviles de Bomberos y luego de los de las comisarías para forzar al Gobierno a cerrar las causas penales que se iniciaron por la protesta de mayo pasado frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.
Desde la Jefatura de Policía señalaron que “la Justicia desarticuló a una organización integrada por policías en actividad y retirados que tendría entre sus planes destituir a la cúpula policial y generar malestar en la ciudadanía misionera”, y que los uniformados serán imputados por los delitos de “conspiración y sedición”.
El conflicto policial en Misiones se extendió durante varios días en mayo. Ahora detuvieron a 7 efectivos vinculados con una nueva protesta. Foto: Blas MartinezEl malestar se incrementó esta semana luego que la Jefatura de Policía notificara a 21 policías, en su mayoría líderes de la protesta de mayo pasado, el inicio de un sumario administrativo que podría derivar en la cesantía. Con esa medida, el Gobierno violó el acuerdo que puso fin a doce días de acampe policial frente al Comando Radioeléctrico, en Posadas.
En esa ocasión, los policías aceptaron un incremento del 32% y una de las cláusulas del acuerdo indicaba que no habría sanciones administrativas para los integrantes de la fuerza que se sumaron al acuartelamiento.
Anoche fueron detenidos seis policías en actividad y cerca de la medianoche se entregó frente a la Jefatura de Policía el suboficial retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la protesta de mayo pasado.
En paralelo, desde junio el juez de Instrucción Ricardo Balor investiga a más de 20 policías que participaron del acampe frente al Comando Radioeléctrico. Les imputa los delitos de sedición, hurto, robo, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La acción penal se produjo a raíz de una denuncia del Ministerio de Gobierno.
Los detenidos son el oficial ayudante Elías Coutto, el oficial subayudante Iván Arrieta, los sargentos Ramón Arrieta, Lisandro Cantero, Joaquín Orrego; el cabo primero Adolfo Girula y el suboficial mayor retirado Ramón Oscar Amarilla.
SC
