Tras el primer fallo contra el aumento de las prepagas habilitado por el DNU de Javier Milei, dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.
“Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?”, cuestionaron los diputados y legisladores opositores Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso. Además, alertaron que “los pacientes con enfermedades crónicas, los que están en tratamiento por alguna cuestión aguda pero costosa, y/o los jubilados, no pueden entrar y salir como si nada de su plan de prepaga».
Para los dirigentes de la Coalición Cívica, la actual situación no es de libre competencia sino de algo muchísimo más grave «Ahí no hay competencia, hay abuso«, denunciaron.
“No nos quedamos solamente con la denuncia. Sabemos que este es un mercado imperfecto, que tiene muchos condicionantes. Milei dejó una regulación en cero, ahora hay que debatir qué tipo de regulación hace falta para que la competencia sea real y que las personas no se queden sin cobertura. La CNDC puede ofrecer medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos”, añadieron.
En su escrito, explican que los aumentos de los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.
La denuncia presentada ante la CNDC radica en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para fijar los aumentos de precios de manera coordinada, lo cual afectaría negativamente a los usuarios del servicio de medicina prepaga. También se detecta una posible cartelización que afecta a los proveedores, dado que acordaron la fijación del aumento de los planes, así como también los valores promedio para los aumentos a hospitales, médicos y farmacéuticas.
La denuncia presentada por los legisladores de la CC refiere la comisión de la conducta prevista en el inciso a) del artículo 2 de la ley, que plantea que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”.
Elisa Carrió y sus dirigentes en la última reunión de la mesa de conducción de la Coalición Cívica.Según informó la Coalición Cívica, esa conducta se considera restrictiva de la competencia, por lo que la mera acción coordinada de dos o más competidores para la fijación de precios a los consumidores y usuarios, o para coordinar posturas frente a sus proveedores, es considerada una conducta ilegal per se. Eso significa que acreditada la conducta, se presume el incumplimiento a la ley de defensa de la competencia.
“Queremos que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia analice la conducta de la Unión Argentina de Salud que es la cámara de las empresas de medicina prepaga. No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, plantearon desde la CC.
En la presentación, los diputados de la Coalición Cívica manifiestan que tomaron conocimiento de los hechos por los medios de comunicación en los que el propio Claudio Belocopitt, que es presidente de la Unión Argentina de Salud, y presidente de Swiss Medical, contó cómo operó el cartel. Complementan esta información con las comunicaciones de las prepagas a sus afiliados, confirmando los aumentos.
En diálogo con Clarín, el propio Belocopitt había manifestado: “Hay gente que se va a caer del sistema».
Los legisladores de la CC consideran que “se deben evaluar algunas cuestiones como la posibilidad de establecer los refuerzos adecuados de los controles estatales por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud; incluir en el marco regulatorio mecanismos que permitan una portabilidad efectiva de prestaciones frente a la existencia de enfermedades preexistentes y/o cualquier otro motivo que encarece el costo de libre entrada y salida de los planes».
Los dirigentes Lilita reclama que eso incluya «facilitar el proceso de continuidad de los tratamientos en curso y otras contingencias que puedan ser abordadas desde un fondo de amortización para la portabilidad». Además dice que se contemple la situación de los adultos mayores que llegan a la vejez debiendo pagar excedentes adicionales a su cuota de prepaga y obra social, o pasar al PAMI. «Esto rompe la solidaridad del sistema, que sí se podría lograr mediante la incorporación de un componente de seguro de salud de ancianidad en el pago de la obra social / prepaga».
«Finalmente se deberá pensar en la posibilidad de mejorar el sistema de información al usuario, para permitirle conocer el contenido de los planes de salud y los precios de la competencia, con una composición elaborada por el Estado Nacional. Esto para facilitar la decisión de los usuarios”, argumentan.
En su denuncia sostiene que si las prepagas “quieren los beneficios de un mercado liberado para fijar precios, entonces tienen que aceptar las restricciones y consecuencias de un libre mercado: tienen que competir. Competir por precios y por mejores servicios”.
Primer fallo contra el aumento de las prepagas
La presentación de la CC se da horas despues de la medida cautelar dictada el lunes por la jueza Martina Forns que ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires readecuar las cuotas de su plan de salud.
Esta decisión, que dejó sin efecto los aumentos realizados en aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno nacional, tiene efecto sólo para la mujer que hizo la demanda.
La jueza se expidió de esta forma en una causa presentada por una afiliada de 78 años en reclamo tras el fuerte incremento dispuesto en las cuotas a partir de la entrada en vigencia del DNU, que desreguló el sistema de salud prepago.
La mujer denunció que la cuota mensual se incrementó un 40% en enero y luego fue notificada de un nuevo incremento del 29,5% para febrero, mientras que sus haberes previsionales ascienden a la suma de $323.089,39, por lo cual le resulta imposible afrontar el nuevo monto de la factura.
