El mismo juez que Néstor Kirchner impulsó para integrar la Corte Suprema terminó siendo una pieza central en la debacle judicial del kirchnerismo. Ricardo Lorenzetti, designado como ministro del máximo tribunal en 2004 y presidente del cuerpo desde 2007 hasta 2015, fue uno de los tres jueces que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El dato no es menor: Lorenzetti fue votado por unanimidad por todos los senadores de aquel entonces, en tiempos de consolidación del modelo K. Su trayectoria, sin antecedentes judiciales previos, fue impulsada directamente por el entonces presidente Néstor Kirchner. Lo que parecía una jugada de control institucional se transformó dos décadas después en uno de los reveses más demoledores para el legado kirchnerista.
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¿Quién es Ricardo Lorenzetti?
Ricardo Luis Lorenzetti nació en Rafaela, provincia de Santa Fe, y está próximo a cumplir 63 años. Se graduó de abogado a los 22 años en la Universidad Nacional del Litoral, donde también obtuvo su Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1983. Su carrera se forjó en el ámbito académico y privado: fue profesor universitario de Derecho Civil y dirigió posgrados en Derecho de Daños y Derecho Ambiental en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde aún ejerce la docencia.
Antes de ingresar al Poder Judicial, Lorenzetti jamás había ocupado un cargo público: se dedicaba a su estudio jurídico y a la docencia. Su inserción en el sistema judicial llegó en agosto de 2004, cuando fue designado brevemente como representante del Senado en el Jury de Enjuiciamiento del Ministerio Público. Poco después, con la renuncia de Adolfo Vázquez, Néstor Kirchner lo propuso como ministro de la Corte Suprema. En diciembre de ese mismo año, asumió con el respaldo de todos los bloques políticos.
En 2007 reemplazó a Enrique Petracchi como presidente del máximo tribunal, rol que desempeñó durante ocho años. Durante su gestión, promovió una política de comunicación judicial más abierta, creando instituciones como el Centro de Información Judicial (CIJ) y la Conferencia Nacional de Jueces, e impulsó que los magistrados tributen el Impuesto a las Ganancias.
Tuvo una relación ambivalente con el kirchnerismo. En 2013, votó contra la inconstitucional reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner, pero ese mismo año consideró válida la Ley de Medios, una herramienta clave para el disciplinamiento mediático kirchnerista. Fue también objeto de críticas por parte de Elisa Carrió, quien impulsó un pedido de juicio político en su contra vinculado a las causas de Fútbol Para Todos y presuntas irregularidades en el sistema informático del Poder Judicial.
Hoy, ese juez “del modelo” kirchnerista termina siendo una de las firmas que sepulta las aspiraciones políticas de Cristina Kirchner.
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El fallo que marcó un antes y un después
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó de forma unánime la condena penal contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la obra pública. La sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos queda firme y deja a la expresidenta fuera de toda competencia electoral.
La resolución fue firmada en una reunión extraordinaria por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes avalaron el fallo emitido por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en diciembre de 2022.
La causa, conocida como “Vialidad”, investigó el direccionamiento de 51 contratos de obra pública vial en Santa Cruz, todos adjudicados a Lázaro Báez, empresario y amigo íntimo del matrimonio Kirchner. El monto total de las adjudicaciones supera los 46.000 millones de pesos, cifra de escándalo incluso para los parámetros de descontrol fiscal kirchnerista.
Cristina Kirchner fue hallada culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por permitir, desde el Poder Ejecutivo, un esquema irregular de contratación, sobrefacturación y pagos por obras inconclusas o inexistentes. Aunque el cargo de asociación ilícita fue desestimado, el fallo la ubica como figura central en un sistema de corrupción estructural que utilizó al Estado como instrumento de saqueo.
El fallo señala su responsabilidad directa en el favorecimiento de Báez, condenado en causas paralelas por lavado de dinero. La estructura se mantuvo operativa durante sus dos mandatos y fue parte del entramado que sostuvo al kirchnerismo durante años.
Cristina Kirchner se convierte así en la primera expresidente con condena firme por corrupción en democracia. Aunque puede recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su futuro político está terminado. La confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema no solo representa un acto de justicia, sino también una señal de que el poder político no está por encima de la ley, por más años que haya gobernado ni poder que haya concentrado.