El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha echado más leña al fuego al fuego al atribuir el corte de la frontera española del pasado viernes a «la competencia desleal» por parte de la agricultura española.
Los dirigentes del sector agrario murciano consideran especialmente crítica la situación del campo, tal y como avanzó a La Opinión el presidente de COAG, José Miguel Marín, quien destacó la presión que ejerce «el Pacto Verde y la Agenda 2030» sobre la producción, que se ve sometida a nuevas limitaciones y reglamentaciones de carácter ambiental, que encarecen los costes. «Nos pone en una situación complicada. La flexibilidad que se nos prometió no se ha hecho realidad», apuntaba Marín.
El secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, considera que «la ocasión requiere una respuesta contundente». Gálvez señala que, a pesar de que se han amortiguado los precios de los productos energéticos, «no cubrimos costes», dado que las materias primas y los suministros han seguido encareciéndose.
Marcos Alarcón, secretario general de UPA nacional, no es partidario de la convocatoria de movilizaciones. Apunta que el propósito de la reunión de hoy es «avanzar» y «valorar» las alternativas. Recuerda que una de las principales reivindicaciones de los agricultores franceses es el mantenimiento del gasóleo agrícola, «pero en España el Ministerio lo ha garantizado para toda la legislatura, al igual que la devolución del Impuesto de Hidrocarburos». Marcos Alarcón considera que no «se pueden legitimar» las protestas que están bloqueando las carreteras de Francia. «Ellos tienen un problema que están planteando a su Gobierno», indica.
Además del mantenimiento de las exenciones fiscales para el gasóleo agrícola, los agricultores franceses reclaman la reducción de la burocracia y de los controles a los que están sometidos por la UE, así como cambios en las políticas europeas para impedir las importaciones de alimentos que tienen ventajas competitivas en la producción y no están obligados a cumplir normas tan estrictas.
Por otra parte, aunque comparten en gran medida las reivindicaciones de sus homólogos franceses y alemanes, los agricultores han rechazado las críticas de los sindicatos galos, que acusan al campo español de competencia desleal por mantener las mismas prácticas que España le reprocha a otros países ajenos a la UE, como la utilización de fitosanitarios prohibidos por la Administración comunitaria.
El secretario general de COAG nacional, Miguel Padilla, ha tachado de «falsas» e «indignantes» las declaraciones que han hecho representantes políticos franceses en las que se refieren a España como «un país extranjero» con «una legislación más permisiva que la francesa». Padilla ha añadido que «no se menciona la entrada de productos de Marruecos».
También Alfonso Gálvez cree que las acusaciones «están fuera de lugar» y responde que la normativa europea que regula la utilización de productos como los fitosanitarios son las mismas «para toda la agricultura europea».
Para UPA las declaraciones del primer ministro francés son «impresentables». Fepex recuerda que Francia es la principal puerta de entrada de productos marroquíes a la UE.
La Comisión Europea ha vuelto a pedir explicaciones a Francia por el bloqueo de carreteras y los ataques de sus agricultores contra los transportistas españoles en la frontera con ese país y ha avisado de que tomará medidas si es necesario.
Bruselas pide explicaciones a Francia por el vuelco de camiones
A raíz de una petición de las autoridades españolas, el pasado 26 de enero, el Ejecutivo comunitario solicitó al Gobierno francés información sobre las perturbaciones en carreteras y autovías y sobre las medidas que prevé para facilitar la libre circulación de mercancías en el mercado europeo. «La Comisión es consciente de las quejas generalizadas en la comunidad agrícola y está trabajando con los Estados miembros y las partes interesadas para abordarlas como una prioridad. Sin embargo, esto no es excusa para obstaculizar o destruir los productos de otros agricultores de otros Estados miembros», dijo una portavoz del Ejecutivo europeo.
