Agradeciendo, además, ”a los trabajadores y trabajadoras organizadas de la inmensa Patria Argentina, abrazados desde nuestras centrales y organizaciones sindicales, políticas, sociales, indígenas, estudiantiles, de la ciencia y la universidad, las artes y la cultura, la pequeña y mediana empresa, los clubes, los organismos de derechos humanos y los feminismo populares”.
El documento
”El gobierno del presidente Milei pretende desregular en tiempo récord el total de la economía, modificando y derogando un sinfín de leyes protectoras del empleo, la salud, la educación, de derechos sociales y previsionales básicos consagrados constitucionalmente, amenazando nuestra industria nacional con la apertura indiscriminada de importaciones, liberando precios y tarifas sin un marco de protección al consumidor.
Entre el DNU y la Ley Ómnibus se pretende quitar derechos que a los trabajadores nos costaron más de 100 años de luchas organizadas en gremios, sindicatos, cooperativas y mutuales.
Otorgan al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar y restringir el derecho constitucional a huelga, planteando “acciones prohibidas” para las asambleas de los trabajadores, regulando servicios y definiendo la mayoría de las actividades como “esenciales”, para limitar en la práctica el derecho al reclamo.
Se propone que las indemnizaciones por despidos sean absorbidas por “Fondos de Desempleo”, permitiendo la discriminación laboral y los despidos por discriminación, por raza, por género, por opinión política o gremial. Se amplía el período de prueba de 3 a 8 meses.
Hoy, el peligro sobre los trabajadores es una amenaza constante, como lo demuestran el continuo anuncio que se hace, como logros, de despidos de trabajadores estatales, eliminación de la movilidad jubilatoria que afecta a la AUH y bajas en beneficiarios de Programas Sociales.
Las políticas aplicadas desde el inicio de la gestión del gobierno nacional, lejos de tocar a las castas de minorías poderosas, afectan gravemente al pueblo argentino, con una devaluación de más del cien por ciento, una inflación del 25 por ciento en diciembre, el freno a la obra pública, despidos masivos, un nuevo acuerdo con FMI contrayendo deuda para pagar los intereses de la estafa contraída por Macri y que hoy quieren que la paguemos todos y todas.
El Gobierno nacional procura avanzar en la primarización y extranjerización de nuestros recursos naturales, así como enajenar la propiedad de las empresas públicas y toda la arquitectura jurídica que sustenta nuestro desarrollo nacional. Y que, para eso pretenden violar los marcos societarios de propiedad pública que las rigen, poniendo a todas ellas a tiro de privatización incluyendo gran parte del sistema de transporte en sus diversos modos como sucedió en el pasado.
Todas estas medidas se encuentran amontonadas en esas dos normas que, sin pudor jurídico, suman más de 1030 artículos escritos por diferentes plumas a la medida de los intereses de los sectores más concentrados de la economía nacional e internacional.
Pretenden apoyar su reglamentación y seguimiento en la exigencia de facultades extraordinarias delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo por lo menos por dos años. Intentan con esto, confundir a la sociedad, llevando al debate artículo por artículo, o sector por sector afectado, mientras la esencia de su política es gobernar como una Monarquía.
Promueve la privatización de 41 empresas del Estado, entre ellas YPF, Banco Nación, Astilleros Río Santiago, Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Pretende liquidar el Fondo de garantía de sustentabilidad, creado en 2008 con activos financieros, títulos públicos, plazos fijos y acciones que resguardan el régimen provisional y con el cual el Estado financia los programas de seguridad social.
Buscan derogar leyes como la de Tierras, la de Bosques, Glaciares, la de Semillas, que ponen límites a la extranjerización y prohíben la venta de Bienes fundamentales para nuestra Soberanía. De igual manera, con las leyes de Manejo del Fuego y la Pesca y eliminación de la zonificación de los bosques para el desmonte. Nos quieren dejar sin derechos ambientales y territoriales, desmantelar logros fundamentales para la defensa de nuestros territorios y bienes comunes, poniendo en riesgo no solo el entorno natural sino también nuestra vida, el agua, la salud, la seguridad alimentaria y climática. Pretenden vulnerar derechos consagrados y la voz de los Pueblos Originarios.
Persiguen la privatización de los clubes, instituciones sociales cuya misión principal es la inclusión al deporte de nuestras infancias y juventudes.
Intentan eliminar los organismos de financiamiento de las artes y las culturas de Argentina, siendo que nuestra industria cultural es superavitaria y una fuente inagotable de trabajo.
Ataca de lleno a las leyes que garantizan los derechos de las mujeres y personas de la diversidad, promoviendo el desmantelamiento de conquistas claves para la prevención y erradicación de la discriminación y la violencia de género, flagelo social que crece con la instalación de doctrinas que reivindican el odio y el negacionismo.
Con la derogación de la Ley de Abastecimiento, la eliminación de cupos de exportación y la desregulación del comercio exterior, a medida de los agroexportadores y los monopolios formadores de precios internos traerán solo empobrecimiento y deterioro de la vida de quienes vivimos del trabajo y la producción.
En definitiva, con el DNU y el proyecto de ley de Milei, los ganadores son las “castas” de las grandes patronales, los bancos, las empresas extranjeras y nacionales extractivistas, los grandes terratenientes y el capital financiero internacional que pretende con una reforma laboral antiobrera adquirir las empresas del Estado y nuestro patrimonio nacional.
Demandamos que el Gobernador de nuestra provincia, intendentes, diputados y diputadas provinciales, senadores y diputados nacionales se pronuncien y no voten esta entrega de la Patria y el ajuste al pueblo.
La miseria ha dejado de ser planificada para dar lugar al shock económico de miseria y la destrucción del Estado como árbitro de la usura y la especulación en detrimento de las grandes mayorías.
Sabemos muy bien la gravedad de la amenaza que nos plantean estos sectores. No es la primera vez en la historia del movimiento obrero organizado que debemos luchar contra quienes pretenden colonizar al Estado en beneficio de sus mezquinos intereses, arrasando con los derechos laborales y sociales que, mediante el esfuerzo de las generaciones que nos precedieron, se fueron paulatinamente conquistando.
La legitimidad obtenida para el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional mediante un proceso electoral democrático, no es argumento suficiente ni justifica avasallar al Poder Legislativo que también ha sido legitimado por voluntad popular. Una democracia plena requiere del funcionamiento de los tres poderes independientes del Estado y es el Congreso de la Nación quien debe asumir el rechazo de ambas normas y legislar conforme su mandato, las herramientas que vuelvan a poner a la Argentina en la senda del desarrollo y la justicia social.
La solidaridad trabajadora internacional nos acompaña y el movimiento sindical transita los caminos de la unidad.
A este caos organizado, a la enajenación de la Patria y al empobrecimiento de nuestro pueblo que pretenden imponer Milei y sus socios, no habrá protocolo anti protesta, capaz de detener la fuerza organizada, la solidaridad y la memoria colectiva de las y los trabajadores.
Hoy, en todo el país dimos un mensaje contundente en las calles para defender nuestros derechos y nuestra dignidad como argentinos y argentinas.
¡La Patria no se vende!
¡Se honra y se defiende!”.
