En el caso Koldo, que investiga la trama de compra de mascarillas en pandemia liderada por el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos, no está personada la Abogacía del Estado, y ello a pesar de que puedan finalmente concretarse delitos contra la Hacienda Pública que correspondería defender a los Servicios Jurídicos del Estado. Con todo, este departamento se ha personado en la causa pero no para defender los intereses de todos, sino para ejercer la defensa de uno de los altos cargos recientemente imputados, e subsecretario general de Transportes, Jesús Manuel Gómez García.
Antes de que se produzca su declaración el próximo 9 de septiembre en calidad de investigado, el juez del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, estudia si permite que la entrada de la Abogacía en este procedimiento se produce en el bando de la defensa. Antes de resolver pidió su opinión a la Fiscalía Anticorrupción, que se opone advirtiendo de los posibles intereses contrapuestos en el caso de que ésta tenga que ejercer finalmente la acusación particular en esta causa «ante el eventual delito contra la hacienda pública».
Asi lo señala el fiscal Alejandro Cabaleiro en un escrito con fecha del pasado 12 de agosto, al que ha tenido acceso este diario, citando el artículo 5 de la ley de Asistencia jurídica del estado e Instituciones Públicas: «Se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos», afirma la Fiscalía.
Fue el pasado 7 de agosto cuando la Abogacía informó al juez de su intención de asumir la defensa de Gómez García. Se da la circunstancia de que la propia Fiscalía había interesado a finales del pasado mes de mayo la paralización por parte de Hacienda y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de dos expedientes inspectores concretos relacionados con la causa a expensas de lo que resulte de la investigación penal. Por esta razón considera incompatible que la Abogacía asuma la defensa del alto cargo, ya que podría verse en la tesitura de terminar siendo acusación particular en la causa contra la trama de compra de mascarillas en pandemia.
Compatible con intereses generales
Por su parte, y tal como había anunciado, la acusación popular ejercida en esta causa por la asociación Liberum presentó este martes escrito oponiéndose también a la entrada de los Servicios Jurídicos del Estado para defender al alto cargo que aún mantiene en su puesto el ministro Óscar Puente. En él recuerda que la habilitación requerida para que la Abogacía defienda a un cargo público debe entenderse «siempre subordinada a su compatibilidad con la defensa de los derechos e intereses generales de la Administración General del Estado».
Si esta compatibilidad se viera comprometida, la Abogacía debe abstenerse de defender, una regla que debe igualmente aplicarse «cuando se aprecie la eventual existencia de conflicto de intereses entre varias autoridades o funcionarios públicos representados o defendidos por la Abogacía General del Estado».
En este caso concreto, Liberum advierte además que la Abogacía no ha aportado el informe preceptivo de la Dirección General de lo Contencioso que autorice y justifique su entrada en el caso como defensor de Gómez García.
La imputación de varios cargos del Ministerio de Oscar Puente fue instada por Anticorrupción a finales del pasado mes de mayo, y el juez Moreno los citó una vez que el Supremo falló a favor de cederle la competencia principal de la causa el pasado 26 de julio.. Concretamente, serán escuchados en calidad de investigados Gómez García, el director general de Gestión de Personas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Michaux Miranda Paniagua y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, ‘Alvarito’, que fue destituido por el ministro Puente.
El juez ya investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
La reactivación del caso Koldo supondrá también el paseíllo en septiembre hasta la Audiencia Nacional, en este caso en calidad de testigos, del exCEO de Globalia Javier Hidalgo , a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, entre otros.
