«Hoy se cumplen treinta años y gracias a la injusticia argentina los asesinos siguen libres», dijo esta tarde a Télam Raquel Gazzanego, viuda del vendedor de libros Edgardo Cicutín, uno de los cuatro hombres muertos en este emblemático caso de «gatillo fácil» de mediados de los noventa, cuando en la provincia de Buenos Aires actuaba la denominada «Maldita Policía».
La mujer cuestionó que el mismo Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora que en diciembre de 2022 condenó a los siete expolicías, pero no los dejó detenidos hasta que el fallo quede firme, le concedió el año pasado a uno de ellos, el excabo Marcos Rodríguez, un permiso para fijar domicilio en Córdoba cuando todos los sentenciados debían cumplir con la condición de permanecer en territorio bonaerense.
«Los asesinos aún siguen caminando las mismas calles que nosotros, generando una sistemática victimización no solo de los familiares, sino de la sociedad toda», afirmó la viuda de Cicutín.
Por su parte, Patricia De Angelis, la esposa del remisero Norberto Corbo, otra de las víctimas de la masacre, señaló en diálogo con Télam: «Insólitamente, (los asesinos) están en libertad esperando una sentencia firme. Yo quiero que nuestros seres queridos, que nos arrebataron, puedan descansar en paz. Quiero Justicia».
El fallo que no está firme
Además de Rodríguez, el TOC 3 de Lomas condenó a los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, y a los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga; todos como coautores del delito de «homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí».
El fallo fue dado a conocer 10.570 días después de cometida la masacre por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, quienes no aceptaron el pedido de la fiscalía ni los particulares damnificados para que los culpables recibieran la prisión perpetua.
Los expolicías llegaron al juicio en libertad y escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra.
Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón había requerido en sus alegatos la máxima pena para todos ellos, al considerar que entre los imputados existió un «acuerdo previo para matar», ya que la prueba demuestra que «se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas», a las que emboscaron en la zona de Wilde.
Las defensas de todos los acusados, en tanto, pidieron la absolución de los siete expolicías.
La misma sala, integrada por Víctor Violini y Ricardo Maidana, también fijó para las 11 del 21 de marzo próximo una audiencia oral en la que las partes podrán presentar sus respectivos argumentos.
Cómo fue la masacre
El lunes 10 de enero de 1994 las principales noticias giraban en torno a un potencial paro de la CGT, el arranque de la pretemporada de los equipos profesionales de fútbol, la visita a la Argentina de la estrella del básquet Earvin «Magic» Johnson y la gestión del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, entre otros temas.
Ese día, el remisero Corbo llevaba como pasajeros a Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa a bordo de un Peugeot 505, mientras que Cicutín se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único de ellos que sobreviviría.
En momentos en que transitaban por la localidad de Wilde, partido de Avellaneda, en el sur del conurbano, los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, al parecer, los confundieron con delincuentes.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), quienes integrantes de la brigada, cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y que no estaba en el país cuando ocurrió el hecho; y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.
