El protagonismo de las mujeres en la venta de drogas cambió en los últimos años, al igual que el lugar donde desarrollan esa tarea. Los “kioscos” o “búnkeres” establecidos en sus hogares se volvieron claves para el narcomenudeo. Pese a que esos espacios son uno de los lugares por excelencia para el microtráfico, su estructura y particularidades son poco conocidas.
Cuando los hombres son detenidos, sus parejas pasan a ocupar sus lugares y utilizan los “búnkeres” por la facilidad de estar en sus casas. “Las mujeres son el nexo entre el territorio y la cárcel: son la voz que transmite las órdenes recibidas. Este rol puede crecer en importancia”, sostiene el informe “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” de la Red Federal de Periodismo Judicial. La investigación se basó en la información brindada por las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Poder Judicial Federal.
Pero no solo ellas venden cocaína, marihuana, paco y residuos en esas circunstancias, sino también lo hacen cuando son amas de casa o cumplen prisiones domiciliarias. Por lo general, las mujeres obtienen ese beneficio por no tener antecedentes penales y estar a cargo de los hijos.
A través de defensores, jueces y fiscales, el informe concluyó que en provincias como Santa Fe, San Luis, Chaco, Tucumán y Entre Ríos la de los búnkeres es la modalidad más elegida para la venta de microdosis a cargo de mujeres.
La falta de recursos económicos, educación y empleo formal son determinantes. El estado de necesidad y la falta de oportunidades explicarían la decisión de delinquir.
Pese a que desempeñan papeles menores están muy expuestas al riesgo en las organizaciones delictivas.
“Esta investigación pone en evidencia cuán poco se sabe sobre las mujeres que son llevadas a la Justicia por causas de drogas y qué sucede con esos procesos. Los escasos datos obtenidos expresan que se trata de un sector extremadamente vulnerable”, dice la periodista y líder del proyecto Irene Benito en diálogo con Clarín.
Una mujer detenida por la Policía de la Ciudad. CABA es uno de los 11 distritos que desfederalizó las causas de narcomenudeo.El estudio contó con el apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations, y el acompañamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El gran problema que enfrentó el trabajo es que en la mayoría de los distritos, 14 de 24, no hay información pública disponible sobre cuántas mujeres recibieron condenas en los últimos cinco años (2019-2023) por microtráfico de drogas. Las excepciones a esta situación son CABA, Misiones, Neuquén y Salta.
Para Benito, “la ausencia de datos llama la atención debido al alto nivel de presencia de este tema en los discursos oficiales de las autoridades políticas y de los tribunales”.
Además de analizar las cifras oficiales, la investigación incluye cuatro crónicas de mujeres criminalizadas por microtráfico.
“Algunas de las historias revelan la incidencia intensa de la violencia de género o los desajustes producidos por el movimiento de desfederalización que permitió que 11 provincias asumieran la competencia de los casos de infracciones menores a la Ley de Estupefacientes”, destaca.
En Corrientes, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, entre otras provincias, es frecuente que estas mujeres hayan sufrido violencia de género. A su vez, suelen ser víctimas de amenazas, intimidaciones y ataques.
“Conocer y comprender el microtráfico de drogas y el papel que cumplen las mujeres, y colocar ese conocimiento en el debate público, quizá sea la forma de romper la inercia negativa que se observa en la Argentina en la llamada guerra contra las drogas», dice Benito.
Para el período 2019-2023 sólo hay datos sobre personas de género indistinto y mujeres condenadas por microtráfico de drogas en dos jurisdicciones: CABA y Neuquén. En promedio, son mujeres el 30% de las personas condenadas por ese delito en esos cinco años.
El impacto de la desfederalización
De las 24 provincias (incluye CABA), solo 11 investigan y juzgan los delitos menores de la Ley de Estupefacientes. En cambio, hasta comienzos de la década pasada la Justicia Federal tenía a cargo esas causas.
La transferencia de los casos con cantidades pequeñas de droga a la Justicia Provincial no demostró que mejore la capacidad de identificar y juzgar a los grandes traficantes.
El movimiento de “desfederalización” tuvo un impacto significativo en las provincias del centro y norte del país.
Sin embargo, en el 54% de las jurisdicciones argentinas (en Cuyo y la Patagonia) aún funciona el viejo esquema donde la Justicia Federal interviene en todas las causas con estupefacientes, sin importar la cantidad.
En el caso de Salta, se quintuplicaron las condenas de mujeres por microtráfico entre 2018 y 2022, después de que la persecución de este delito fue asumida por la Justicia provincial. Pasó de 12 en 2018 a 60 en 2022, es decir, aumentó un 400%. En paralelo, disminuyeron las mujeres procesadas por las mismas causas en la Justicia Federal.
La división entre la Justicia Federal y la Provincial para investigar delitos vinculados con las drogas dificultó la obtención de cifras sobre las mujeres condenadas.
“Por problemas que abarcan desde el déficit de transparencia hasta el desinterés y la ausencia de capacidad técnica, hoy es muy difícil saber qué pasó con esta política pública, y cuáles fueron los beneficios y costos de la decisión de romper la línea de trabajo judicial federal”, sostiene la investigación.
Y agrega: “A simple vista parece que el incremento de procesos por escasas cantidades de estupefacientes y la saturación de las cárceles no hizo mella sobre el avance del narcotráfico en la Argentina”.
MG
