La declaración de Pedro Sánchez este martes como testigo ante el juez que investiga el caso Begoña Gómez ha agitado la agenda de Moncloa y ensombrecido el final del curso político del Gobierno. Los colaboradores del jefe del Ejecutivo intentan transmitir tranquilidad ante este hecho inédito e, incluso, aseguran que se esperaban que el caso “iba a ir a más por quién está detrás” de la denuncia. En referencia a Vox, que ejercer como acusación popular, pero también al PP. De ahí que negar su sorpresa remitan a pasajes concretos de la carta abierta a la ciudadanía de Sánchez en la que, tras conocerse la apertura de diligencias contra la esposa del presidente, anticipaba “una operación de acoso y derribo” o de que la “coalición de intereses derechista y ultraderechista” se valdría “de todos los medios a su alcance para destruir personal y políticamente al adversario político”.
Más o menos impostado el encaje político de esta declaración, lo cierto es que ha trastocado los planes de Sánchez. Comenzando por dejar en el aire su tradicional balance ante los medios del final del curso político. En un principio se había reservado este lunes en la agenda para la comparecencia del presidente del Gobierno. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de acudir hoy a Moncloa para tomar declaración a Sánchez provocó un cambio de fecha. Ahora se baraja que el balance se produzca el miércoles, tras la declaración judicial, pero en Moncloa evitan una confirmación expresa a la espera de cómo se desarrolla y conocer los siguientes pasos que pueda dar el juez.
Después de que el juez instructor del caso reiterase su decisión de acudir a Moncloa como respuesta a la petición de Sánchez de declarar por escrito, Moncloa improvisó la intervención del jefe del Ejecutivo en un acto sobre vivienda. El departamento de Vivienda había planificado previamente el acto en sus dependencias solo con la presencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, además del presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Así se trasladó el pasado viernes para el domingo por la tarde incluir la presencia de Sánchez, quien finalmente protagonizó el acto.
Sánchez reivindicó la apuesta en política de vivienda y reconoció en su propio discurso lo inusual de que el presidente del Gobierno acuda a un ministerio para este tipo de intervenciones. “Este Gobierno está decidido a garantizar el acceso a una vivienda digna, como un derecho recogido en nuestra Constitución y convertirla en el quinto pilar del Estado de bienestar”, defendieron desde Moncloa.
Una puesta en valor de la agenda del Ejecutivo que coincide con el mensaje estos días de Moncloa sobre no desviarse de su hoja de ruta progresista frente a un “proceso de absoluta desestabilización por parte todas derechas”. Como parte de una de las grandes promesas de la legislatura, se firmó un convenio con el ICO que movilizará 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales, para la promoción de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible.
Recurso a la política de vivienda
Desde el PP no tardaron en cuestionar que Sánchez pase de “utilizar la vivienda como comodín electoral” a hacerlo ahora “para tratar de tapar la imputación de su mujer”. “En la campaña electoral de 2023, anunció 184.000 viviendas. Hoy, antes de declarar como testigo ante el juez, anuncia otras 43.000”, denunciaron fuentes populares. Al mismo tiempo, en Génova aprovecharon para volver a pedir un adelanto electoral, en línea con lo manifestado por Alberto Núñez Feijóo en su balance del curso político la pasada semana: “Sus anuncios en materia de vivienda suelen coincidir sus con las campañas electorales, así que le invitamos a seguir su estrategia habitual y convocar ya elecciones generales”.
Mientras se intenta trasladar normalidad y colaboración con la justicia, en Moncloa subrayan que hay varios recursos sin resolver contra la declaración del presidente del Gobierno. La Fiscalía acusaba este lunes a Peinado de no tramitar dichos recursos, entre ellos uno del propio ministerio fiscal y otro del abogado de la defensa de Begoña Gómez. Desde el Gobierno y, sobre todo desde Ferraz, se ha subido el tono en los últimos días sobre presuntas irregularidades en la instrucción. En un video sarcástico de denuncia sobre cómo se habría “cocinado” el caso Begoña Gómez, difundido este fin de semana por el PSOE, se apunta la connivencia de “un juez que es amigo de la jefa de Feijóo”, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Denuncia de irregularidades
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya se refería el pasado martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a una investigación “prospectiva” que la jurisprudencia “impide en nuestro país”. En este contexto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para denunciar «los ataques que se están vertiendo» contra el juez Peinado «como consecuencia de la instrucción de unas diligencias previas en las que aparece como investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno».
La declaración de Sánchez ante el juez marca la agenda del cierre del curso político, que coincide un año después de las elecciones generales, a la espera de que las bases de ERC ratifiquen el preacuerdo con el PSC para la investidura de Salvador Illa. El Consejo de Ministros celebrará hoy su última reunión antes del parón de agosto y, tras ello, se producirá la declaración del presidente del Gobierno como testigo. Está previsto que la portavoz del Gobierno comparezca para dar cuenta de dicha reunión, ya una vez que Sánchez preste declaración. El jefe del Ejecutivo desplazará acto seguido a Mallorca para participar en el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI en el Palacio de Miravent.
