El Articulo 48 del DNU presentado anoche por el presidente Javier Milei dice que todas las sociedades o empresas con participación del Estado, «cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas». Anoche, Milei dijo que el paso siguiente sería su privatización.
Hoy el Gobierno nacional tiene el 51% de YPF y el control total de 33 empresas estatales.
Son estas:Administración General de Puertos, AR-SAT, AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Coviara, Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Dioxitek, Educ.ar; Empresa Argentina de Navegación Aérea, Enarsa, Fabrica de Aviones, Intea, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Polo Tecnológico, las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba, Radio y Televisión Argentina, Tandanor, Telam, Veng la minera YMAD y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
En los últimos años la mayoría de estas empresas mostró déficit operativos, es decir que gastan más de los recursos que facturan. El grueso del déficit operativo de las empresas, en su conjunto, se explica por la política de subsidios. El agujero se cubre con plata del Tesoro, es decir, de los impuestos que pagan los Argentinos.
De hecho, de los 1,48 billones de pesos (5.628 millones de dólares al tipo de cambio oficial promedio de todo 2023) que recibieron este año, algo más de la mitad fueron a Enarsa, que es la empresa que se encarga de importar energía a precio de mercado y venderla a menor precio al mercado local. Esa pérdida se explica por los subsidios que paga el Estado.
La segunda en el ranking de empresas deficitarias es el holding ferroviario que encabeza Trenes Argentinos. Consumieron $ 337.000 millones este año.
Igual que en Enarsa, las pérdidas se explican mayormente porque los precios de los pasajes están lejos de cubrir el costo real de los viajes.
Atrás de los trenes aparecen AYSA ($ 148.000 millones), el Correo Argentino ($60.000 millones) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio ($ 30.700 millones). En este caso, la característica es que su facturación cubre menos del 10% de lo que paga por salarios a sus más de 2.400 empleados.
Radio Nacional y la TV Pública tendrán este año un déficit operativo de cerca de $ 25.000 millones).
Más allá de lo que explique la política de subsidios que se supone se revertirá durante el mandato de Milei, es evidente que la mayoría de las empresas públicas son deficitarias y no podrían estar en pie sin la ayuda del presupuesto nacional. La duda es qué empresa podría estar en el interés de inversores privados. Ya no se trata de las joyas de la abuela que se privatizaron en los 90, como los teléfonos, el sistema de generación, transporte y distribución de gas y electricidad, o el petróleo.
