El juez en lo penal económico Diego Amarante desestimó ese lunes por «genérica, imprecisa e inconsistente» una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal contra el Jorge Lanata y advirtió que cuando una Justicia «desmesurada» de la Justicia sin indicios creíbles contra periodistas afecta la Libertad de Expresión.
La denuncia fue formulada por Fernando Miguez presidente de una ONG llamada Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez.
En tanto, el juez analizó la denuncia y destacó que tampoco pasa desapercibido que el señor Jorge Lanata ejerce la profesión de periodista y “durante décadas criticó la corrupción y la falta de transparencia de políticos, empresarios e incluso colegas”.
Pero “esta observación -de adverso a lo que pretende el denunciante, que afinca en ella “la necesidad de esclarecer (…) el origen de los fondos que permitieron la compra de estas obras de arte”- resulta a juicio de quien suscribe determinante para concluir en la necesidad de actuar de manera particularmente prudente”.
“No cabe ninguna duda que una actuación desmesurada por parte de los órganos judiciales en casos como el que se examina podría generar no sólo una lesión a los derechos del justiciable, sino también -de manera indirecta, pero no por ello menos peligrosa- una afectación a la libertad de Pensa”, agregó el juez.
Así tomó distancia de abogados y jueces K que en los últimos años se dedicaron a denunciar periodistas de espías y extorsionadores usando la Justicia y la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, entre otras herramientas del Estado.
Investigar desde la Justicia en forma desmesurada a un periodista lleva a “la consiguiente lesión que de ello siempre se proyecta sobre los intereses de todo el cuerpo social, que cuentan en el periodismo independiente con un aliado para la materialización de altos valores republicanos, como lo son la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de los gobernantes por sus actos, entre muchos otros”.
En definitiva, teniendo en cuenta que el denunciante postula la posible comisión de múltiples delitos «mediante un relato genérico, impreciso e inconsistente, desprovisto, además, de un mínimo respaldo probatorio, en el caso, no se corroboran las exigencias previstas por la norma referida (artículo 176 del Código Procesal Penal de la Nación), por lo que corresponde desestimar la denuncia».
Lanata volvió a ser trasladado al Hospital Italiano durante la tarde del sábado, por complicaciones en su cuadro de salud. Es la tercera vez que es internado en ese centro médico porteño desde el 14 de junio, cuando se descompensó.
A fines del mes pasado, la jueza Lucila Córdoba dejó sin efecto un polémico bozal legal a la libertad de expresión que había impuesto y que prohibía a los medios nombrar Lanata y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio quien mantiene una dura disputa con las hijas del conductor de radio y TV por el control de su salud y su patrimonio.
Las sospechas, dice la denuncia de esta fundación, son “sobre la maniobra de un periodista que oculta su patrimonio mediante la compra de obras de arte, utilizando certificados que avalan su valor pictórico, pueden describirse como un intento de lavado de activos”.
“Esta estrategia implica adquirir bienes que, debido a su naturaleza, dificultan la trazabilidad del dinero. Al hacerlo, el periodista busca blanquear fondos de origen dudoso o ilegal, transformando capital que debería ser declarado en un patrimonio que aparenta legitimidad”, agrega.
En las últimas semanas, en videos de la TV en la casa de Lanata “se observa la gran cantidad de cuadros que decoran los recintos. Esto llamó la atención… además de los relatos de fuentes cercanas a la familia que confirman que la esposa e hijas del periodista se encontraban buscando certificados de las obras pictóricas y otros artículos de arte en su domicilio”.
La extrañeza surge del “hecho de que Lanata no posee acumulación de fondos en cuentas bancarias ni en cajas de ahorro. Tampoco tiene propiedades a su nombre y siempre opta por alquilar. Además, en los juicios recientes en los que ha participado, declaró no poseer bienes a su nombre”, agrega la denuncia.
Sin embargo, el fiscal Jorge Dahl Rocha pidió de plano desestimar la denuncia. “La denuncia formulada por Miguenz, sólo se advierte un relato de acontecimientos aislados y genéricos que no se encuentran debidamente detallados y que no cuenta con la claridad suficiente para construir una base fáctica cierta y acabada sobre la cual deba sustentarse una investigación”, destacó el fiscal.
Por lo tanto, el fiscal solicitó al juez Amarante “la desestimación de la denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, segundo párrafo, in fine, del Código Procesal Penal».
El presidente de esta fundación se presenta como extrapartidario y había denunciado hace unos meses el acuerdo financiero con Qatar, al secretario de Transporte, entre otras denuncias.
Y mucho antes al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli y las autoridades de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) fueron denunciadas la semana pasada por «estafa y encubrimiento» a raíz de supuestas irregularidades en la obtención del título de licenciado en Comercialización en el 2015. Y este año también había denunciado a la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». El caso recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, pero la denuncia fue desestimada, como la mayoría de las que formuló hasta ahora.
