«Ante los hechos de homicidio múltiple ocurridos en una toma de terrenos en una zona de tosqueras abandonadas, en la localidad de González Catán, el Municipio de La Matanza comunica que en 2022 hizo las correspondientes actuaciones policiales y judiciales«, indicó el Ejecutivo comunal a través de un comunicado.
Del mismo modo, planteó que «en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes».
«La Justicia dictó la medida de ‘no innovar’, la cual aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos», se resaltó desde la comuna y se añadió que, «en la práctica, ello significa que, por haber recurrido a la Justicia también quienes usurparon esos terrenos, la decisión se mantiene en un status quo en tanto avanzan las acciones legales».
«La zona, una tosquera abandonada que pertenece a dueños particulares, fue usurpada dos años atrás, circunstancia de la que el Municipio tomó conocimiento por información policial», apuntaron.
La Comuna lamentó los fallecimientos, indicó que para esclarecer los crímenes trabaja la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo las instrucciones del fiscal Adrián Arribas y repudió «este salvaje hecho».
A la vez, detallaron desde el Municipio que el personal local acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos.
Finalmente, el Municipio alertó a la comunidad toda sobre «el accionar delictivo de inescrupulosos que aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse, quedando a merced de futuros desalojos».
Y advirtió: «Si alguien ofrece la venta de un terreno, los vecinos pueden consultar en la Secretaría de Hábitat municipal, que informará quién es el dueño y si ese terreno es factible para construir su vivienda».
Según especificaron las fuentes, allí se llevaba adelante una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos peruanos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados «delegados» de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 500 familias.
