De esta manera, ya suman 14 -de un total de 18 investigados- los policías que quedaron en libertad luego de que el juez de Garantías 3 de La Matanza, Jorge Occhipinti, considerara que no hay elementos de prueba suficientes como para mantenerlos detenidos en el marco de la causa por el «homicidio agravado» de Lucas Acosta (21) y el posterior encubrimiento agravado» del hecho, que lleva adelante el fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de ese distrito.
Los policías que quedaron con «falta de mérito» fueron identificados por las fuentes como los sargentos Alfredo Alderete, Daniel Loira, Norma Vegas, Nurie Elizabeth Ottone y Verónica Cristina Fernández, y los oficiales José Daniel Sequeira, Lázaro Samuel Ledesma, Brisa Pérez y Agustina Lomma.
Los voceros judiciales confirmaron a Télam que el fiscal Arribas apelará la decisión tomada por el juez de Garantías.
Anteriormente habían sido excarcelados las sargentos Cecilia Celeste Carballo, Rocío Micaela González y Débora Giselle Reales; el oficial Lázaro Samuel Ledesma y el teniente primero Lucas Lorenzo Pereyra, por considerar el juez que no hay elementos que acrediten que hayan participado de la maniobra.
En tanto, como presunto autor del «homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad» de Acosta, se encuentra bajo prisión preventiva el sargento Federico Gabriel Schianini.
Por su parte, el comisario inspector Albino Martínez, jefe del Comando de Patrullas Centro; el sargento Brian Sebastián Martínez, y el oficial Alexander Natanael Suárez, de la comisaría local, también permanecen bajo prisión preventiva pero acusados del delito de «encubrimiento agravado».
Las fuentes aclararon que los nueve policías que recibieron ahora la «falta de mérito», si bien quedaron en libertad, continúan siendo investigados.
Los mismos voceros añadieron que ni los nueve liberados ahora ni los cinco excarcelados con anterioridad, volverán a desempeñarse en la fuerza de seguridad, de donde fueron desafectados por orden de la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.
En tanto, en el marco de la pesquisa, el fiscal Arribas continúa analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, las geolocalizaciones de los patrulleros y las modulaciones con el fin de determinar los roles a atribuir a cada uno de los acusados.
Los investigadores judiciales creen que, de acuerdo al análisis de al menos una cámara de seguridad particular ubicada en las inmediaciones que captó la secuencia del hecho, los policías asesinaron a Acosta y luego le «plantaron» un arma, tras perseguirlo cuando se trasladaba en una camioneta con una patente adulterada por Isidro Casanova.
«El arma era una réplica de plástico que funciona a gas. En apariencia es como una 9 milímetros o una calibre 11.25», detalló un pesquisa.
La persecusión y la muerte e Lucas
El hecho se inició la madrugada del pasado jueves 4 de enero, cuando efectivos policiales quisieron identificar al ocupante de una camioneta Ford EcoSport blanca, patente NVM110, quien al advertir la presencia policial ingresó al barrio Puerta de Hierro y fue perdido de vista.
Horas después, alrededor de las 7.30, el mismo fue divisado por los efectivos en la esquina de Guatemala y avenida Crovara, de la localidad de San Justo, por lo que éstos volvieron a intentar identificar a sus ocupantes, quienes emprendieron la huida.
En ese marco, se dispuso un operativo cerrojo y un patrullero del Comando Patrullas Centro, en el cual se desplazaban Schianini y Suárez, le cerró el paso a la camioneta en el barrio San Alberto, provocando que chocara de frente contra el móvil.
Según la versión inicial de los efectivos, el joven que manejaba les apuntó con un arma de fuego, por lo que se le impartió la voz de «alto policía» y luego Schianini le efectuó un disparo con su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros reglamentaria, que impactó en el tórax de la víctima y le provocó la muerte.
Tras constatar el fallecimiento de Acosta, los agentes dieron intervención al fiscal Arribas, quien dispuso que las actuaciones del caso fueran realizadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
Si bien en ese momento el fiscal no adoptó ningún temperamento en cuanto al sargento que mató a Acosta, tras obtener las imágenes de las cámaras y los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima dispuso las detenciones de 13 policías, y luego de cinco más.
De las pesquisas surgió que la numeración del chasis de la camioneta que tripulaba Acosta no coincidía con el dominio del vehículo, que tenía pedido de secuestro activo por el delito de «robo automotor», aunque tampoco se pudo probar que el joven, que no tenía antecedentes penales, haya cometido un delito, agregaron los informantes.
