El Gobierno laborista ha dado un paso más en su promesa de reducir las llegadas de inmigrantes al Reino Unido. La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha anunciado su intención de acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo que siguen pendientes y de aumentar las deportaciones de las personas que no reciban la autorización de las autoridades para permanecer en el país. Según los últimos datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior, casi 119.000 personas estaban a la espera de una primera resolución sobre sus casos a finales de junio, una cifra ligeramente superior a la registrada en el primer trimestre del año.
El Ejecutivo se ha propuesto deportar a cerca de 14.000 personas antes de que termine el año, es la cifra más alta desde 2018. Para ello, tiene previsto reabrir los centros de detención de inmigrantes de Campsfield y Haslar, cerrados en 2019 y en 2015, que aportarán un millar de plazas adicionales en los próximos años. Las dos instalaciones, ubicadas en el centro y en el sur de Inglaterra, fueron el blanco de las críticas de las organizaciones de defensa de los refugiados tras registrar casos de suicidio y huelgas de hambre. Algo que estas organizaciones han vuelto a recordar esta semana a los laboristas, a los que acusan de utilizar la misma retórica antiinmigración que el anterior Gobierno conservador.
Críticas al Gobierno
«El nuevo Gobierno pretende seguir a su predecesor inclinándose por un enfoque fuertemente ‘securitizado’ que ignora la vulnerabilidad de las personas obligadas a realizar viajes altamente inseguros, al tiempo que elude su responsabilidad de establecer sistemas que traten a las personas de forma justa y con elemental humanidad», ha asegurado este jueves el director de derechos de los migrantes de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Steve Valdez-Symonds. El Ejecutivo asegura que llevará a cabo las expulsiones «con dignidad y respeto», en un intento por marcar distancias con las políticas migratorias de los conservadores, entre ellas el plan de deportaciones a Ruanda o el uso de barcazas para alojar a los solicitantes de asilo.
La secretaria de Estado de Migración y Ciudadanía, Seema Malhotra, ha defendido las últimas decisiones tomadas por el Gobierno y ha cargado contra los conservadores por la herencia recibida en materia migratoria. «El retraso en la concesión de asilo se ha disparado, costando miles de millones al contribuyente. Y la expulsión de delincuentes extranjeros ha caído un 20% desde 2010. Después de 14 años, su historial es de fracaso y confianza pública dañada», ha asegurado a través de un comunicado, antes de lanzar una nueva promesa a la ciudadanía. «Este Gobierno será diferente. Estamos tomando las riendas con un plan serio para acabar con el caos».
Menos visados
A pesar de las críticas de los laboristas, las últimas estadísticas publicadas este jueves muestran que, todavía bajo el anterior Gobierno, hubo una reducción de las llegadas de extranjeros en algunos casos, especialmente por la vía legal. La concesión de visados se ha reducido un 27% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, debido especialmente a la prohibición de traer familiares dependientes a las personas que lleguen al país con un visado de estudiante o en el sector de los cuidados. «Cuando dije que iba a recortar la migración, lo dije en serio», ha asegurado el que fue ministro del Interior hasta las pasadas elecciones, James Cleverly, a través de las redes sociales. Cleverly, uno de los seis candidatos a liderar el Partido Conservador, ha señalado que los planes de los laboristas «carecen de la ambición suficiente» para frenar las llegadas de inmigrantes.
El Partido Conservador también ha atacado al Gobierno tras la publicación este jueves de una información, publicada por el diario ‘The Times’, que apunta a que el Ejecutivo está estudiando implementar un programa de movilidad juvenil con la Unión Europea que permitiría vivir y trabajar en el Reino Unido –y viceversa– a las personas de menos de 30 años durante tres años. Una información que el Gobierno ha desmentido poco después, con el objetivo de disipar cualquier sospecha de un regreso a la libertad de movimiento con los países de la UE. Los laboristas insisten en su intención de reducir la dependencia de mano de obra extranjera en algunos sectores y sostienen que la principal prioridad es devolver al mercado laboral a miles de trabajadores británicos actualmente inactivos.
