El Gobierno reta a las grandes eléctricas y activa el proceso para aplicar una fuerte subida del 40% de la tasa que pagan las centrales nucleares para financiar los costes milmillonarios que conllevará el desmantelamiento de todos los reactores y la gestión durante décadas de sus residuos radiactivos en siete cementerios nucleares. Un incremento muy por encima del que ya temían las propietarias de las centrales –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP-, que anticipaban un alza del 25% que ya les parecía una amenaza para la viabilidad económica de las plantas.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha activado el proceso para aprobar una subida de la prestación patrimonial que pagan las compañías eléctricas hasta los 11,14 euros por cada megavatio hora (MWh) de electricidad producida por las centrales nucleares, un 39,5% por encima de los 7,98 euros por MWh que se aplican actualmente.
180 millones más al año
Las centrales nucleares pagan a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) una prestación patrimonial no tributaria -que es la denominación correcta de este gravamen- en función de la electricidad que produce cada una de ellas. En total, dependiendo el volumen final de electricidad anual, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Endesa e Iberdrola, principalmente, y con participaciones residuales también Naturgy y EDP) están abonando en torno a 450 millones de euros anuales de media al fondo con el que se financia el plan de residuos radiactivos, que actualmente cuenta con unos 7.500 millones acumulados.
La subida propuesta ahora por el Gobierno disparará los pagos que realizan cada año las centrales nucleares hasta cerca de los 630 millones de euros, 180 millones más que los abonos actuales. Un fortísimo incremento que amenaza con provocar un choque directo entre el Ejecutivo y las grandes eléctricas, que llevan años quejándose ya de que la fiscalidad excesiva que soportan las centrales nucleares pone en peligro su viabilidad económica. La subida de las cargas a las nucleares llega cuando el Gobierno prepara cambios en el impuesto especial a las grandes energéticas para que puedan beneficiarse de deducciones gracias a sus inversiones en renovables, después de la amenaza de varias compañías de paralizar proyectos millonarios por el gravamen.
Nuevo plan nuclear del Gobierno
La subida de la tasa que prepara el Gobierno es consecuencia del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado hace dos semanas por el Consejo de Ministros y que se erige en la nueva hoja de ruta para las próximas décadas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, para la gestión de los residuos que dejan y para fijar el coste milmillonario de todo ello y cómo financiarlo.
La versión definitiva del nuevo PGRR confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035 hasta el apagón total (un calendario pactado por las eléctricas y Enresa en 2019); contempla la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos en España, uno en cada una de las centrales, para guardarlos de manera temporal durante cinco décadas; la futura construcción de un enorme almacén definitivo para el año 2073; y calcula una factura total con un sobrecoste de más de 3.700 millones de euros frente a versiones anteriores del programa.
Las compañías del sector nuclear se han rebelado contra el nuevo plan y se quejan abiertamente contra todos estos aspectos. La patronal Foro Nuclear defiende abiertamente mantener en funcionamiento las centrales nucleares y retrasar los cierres previstos y rechaza que el sobrecoste milmillonario sea financiado por las propias compañías eléctricas a través de la tasa que pagan por la producción eléctrica de las centrales.
Según el nuevo cuadro actualizado de inversiones totales del séptimo PGRR ahora aprobado, el coste de todo el programa de gestión de residuos radiactivos (desde 1985 hasta el año 2100) con la construcción de los siete almacenes ascenderá a casi 28.156 millones de euros. La última versión provisionales del plan hecha pública el año pasado preveía que las inversiones de todo el plan sería 24.436 millones si se construía solo un ATC (3.720 millones menos) y de 26.560 millones con la opción de los siete ATD (1.595 millones de diferencia en poco más de un año por efecto de la inflación y por algunos costes revisados al alza).
La nueva hoja de ruta augura que los que costes que aún quedan por pagar hasta final de este siglo ascenderán a casi 20.220 millones de euros. Durante la tramitación administrativa del Plan General de Residuos Radiactivos, las grandes eléctricas llegaron a proponer que los sobrecostes previstos en la nueva hoja de ruta no recayera sobre las compañías sino que se considerara un coste más del sistema eléctrico y, consiguientemente, se cargara en la factura de electricidad a todos los consumidores.
“Fiscalidad excesiva”
Las compañías del sector nuclear han venido quejándose en los últimos años de sus problemas de rentabilidad por las cargas fiscales y de prestaciones patrimoniales que asumen las centrales, con un coste de unos 25 euros por MWh de electricidad producido (que con la subida de la tasa que ahora se propone escalaría hasta los 28 euros por MWh). Entre sus reclamaciones habituales a las Administraciones figura una rebaja de sus obligaciones fiscales, y más recientemente también la aplicación de alguna fórmula que garantice una rentabilidad razonable a las plantas.
“Hay que recordar que las centrales nucleares están sometidas a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea y no comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mimas”, denunciaba Foro Nuclear esta misma semana, “por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica”.
El pacto con las nucleares
Foro Nuclear se queja, además, de que los extracostes de plan del Gobierno suponen “un cambio sustancial” frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo para el calendario de cierre entre las propietarias de las centrales nucleares y la sociedad pública Enresa en 2019. En ese protocolo se acordó aplicar una subida máxima del 20% de la tasa que pagan las compañías por la electricidad producida (hasta los 7,98 euros por MWh actuales). Desde el Gobierno se defiende que ese acuerdo no limita su potestad para fijar ahora nuevas subidas de la prestación patrimonial que pagan las centrales si varían los costes previstos en el plan de residuos.
“El incremento del 40% de la ‘tasa Enresa’ no incumple el protocolo firmado con las empresas. La limitación del 20% que éste recoge se refiere al primer borrador del séptimo PGRR que salió a audiencia pública en marzo de 2020, sobre el valor de la ‘tasa’ en el momento de la firma del protocolo, un año antes, en marzo de 2019. Este incremento máximo de la ‘tasa’ del 20% se reflejó en el RD 750/2019 que aumentó su importe desde 6,69 €/MWh hasta 7,98 €/MWh, lo que implica una subida del 19,3%”, contraponen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica frente a las quejas de las compañías.
Bajo el precepto de ‘quién contamina paga’, las inversiones milmillonarias del plan gubernamental deberán ser cubiertas con las tasas que abonan las centrales nucleares para financiar la gestión de sus residuos radiactivos y el desmantelamiento de las propias plantas. La prestación patrimonial que pagan las centrales nucleares, en cualquier caso, no es una figura tributaria, sino que se trata de un coste operativo más de las propias plantas (el de asumir los gastos de gestionar los residuos nucleares que generan) y que se articula a través de Enresa.
En otros países las compañías energéticas asumen provisiones milmillonarias para encargarse directamente de la gestión de sus residuos tras el cierre de sus reactores, el modelo español implica que una sociedad estatal asume los trabajos de desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos y también el riesgo de acometer esos trabajos.
Mantener abiertas las centrales
Las compañías nucleares defienden que mantener la operación del parque nuclear español y retrasar el cierre de las centrales “ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan, ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible en el Fondo Enresa”. La patronal defiende aplazar las clausuras, pero sin precisar los plazos de alargamiento de la vida útil de los reactores.
Desde el sector nuclear se calcula que una ampliación del plazo de funcionamiento de dos años de cada una de las centrales nucleares serviría para evitar es subida de las tasas, retrasando hasta 2037 el apagón nuclear total en el país, como adelantó este diario. Las estimaciones que manejan las compañías nucleares tienen en cuenta los pagos previstos por la producción eléctrica de cada año de las centrales (cuanto más tiempo funcionen las plantas, más electricidad se producirá y más se aportará al fondo que gestiona Enresa); la cuantía de la que ya dispone el fondo de Enresa que han ido alimentando durante años las centrales, actualmente unos 7.500 millones de euros; y el descuento del 1,5% de las necesidades de financiación por la evolución de tipos de interés y de la inflación y por la rentabilidad obtenida por invertir ese fondo milmillonario.
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas el cierre escalonado de todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El protocolo firmado por Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y la sociedad pública Enresa contempla clausuras graduales de los siete reactores españoles y establece que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, y Vandellós II y Trillo en 2035. Las compañías nucleares asumen que cambiar esas fechas requeriría pactar un nuevo protocolo para plantear un nuevo camino y nuevos plazos hacia el apagón nuclear.
