La parte que aún quedaba secreta del caso Azud notificada hoy a las partes revela cómo los investigadores han seguido el rastro del dinero de los principales investigados de esta causa que tenían presuntamente oculto en EE UU, Panamá, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reuno Unido. Entre el dinero rastreado, el que presuntamente ha ocultado el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, con quien tenía ue ver la mayor parte del sumario que permanecía bajo secreto de sumario. En concreto, se ha levantado el secreto de sumario de las piezas separadas «2, 3, 4, 5 y 6» del caso Azud. Pero también 23 folios distribuidos en seis tomos de los más de 55 que ha alcanzado la causa, desde que se inició formalmente en abril de 2017.
Entre las sorpresas que deparaba esta parte secreta está el pago de una mordida de un millón de euros a Alfonso Grau a cambio de favores urbanísticos en el Ayuntamiento de València y que el político y mano derecha de Rita Barberá habría ocultado en cuentas bancarias abiertas en EE UU, donde reside una de sus hijas junto a su marido norteamericano.
Según relatan los investigadores a las autoridades americanas en la comisiónrogatoria enviada a EE UU, «Alfonso Grau Alonso habría cometido el delito de cohecho, de prevaricación, de tráfico de influencias y falsedad documental entre otros cuando ostentó, en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2002 a 2015, el cargo público de vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, y fue presidente de la entidad pública AUMSA dependiente del Ayuntamiento de Valencia».
Las comisiones delictivas «se empezaron a entregar en julio de 2007 y cuyos receptores eran los investigados Maria Angeles Grau y su esposo Kent Lawrence y el destino del dinero la cuenta abierta a nombre de ambos en la entidad JP Morgan». A los tres también se les investiga por un presunto blanqueo de capitales » que se inició en el año 2002 mediante la adquisición en España de un inmueble en el que la cuenta origen del abono tiene ingresos de procedencia indiciariamente delictiva dado que Alfonso Grau es funcionario público y por consiguiente sus ingresos por trabajo están perfectamente identificados», relata la titular del Juzgado de Instrucción 13 en sus escritos de comisiones rogatorias a EE UU.
