De esta forma, el Defensor del Pueblo, encabezado por Ángel Gabilondo, sostiene que las subvenciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se adecúan «al principio de equidad» y que supone «facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas«. A su vez, ha reprendido a la Comunidad de Madrid por negar las becas comedor al «alumnado que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza».
La Comunidad de Madrid, ya una vez iniciado el presente curso, se comprometió a asumir el «riesgo» y hacerse cargo del coste del servicio de comedor de todas aquellas familias que habían solicitado la beca comedor y a las que finalmente no les sea concedida. Esta aclaración llegó tras una denuncia de CCOO suscitada por el envío de una circular en la que la Consejería conminaba a los centros educativos a utilizar el remanente de la cuenta de gestión para asumir los gastos de comedor de las familias solicitantes en tanto se resuelve su petición.
Familias con un hijo que ganan más de 100.000 euros
El Defensor del Pueblo inició una actuación ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, dirigida por Emilio Viciana Duro, después de recibir una queja de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, que se mostró en contra del criterio de renta familiar fijado en las convocatorias para el acceso a las becas que concede la Comunidad de Madrid para cursar estudios en centros privados de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. Esta institución ya avisó en agosto de 2022 de que se pondría en contacto con dicha Consejería «para solicitarles información sobre el asunto que ha originado una abierta polémica».
La FAPA Francisco Giner de los Ríos manifestó que la Comunidad de Madrid no atendía a la finalidad de las becas de garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación con el objeto de evitar discriminaciones por razones económicas, cuando debe atenerse a ello en la medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias.
A las prestaciones de la Comunidad de Madrid pueden acceder familias con un hijo que ganan más de 100.000 euros puedan optar a becas públicas para estudiar Bachillerato en centros privados. La Consejería apuntó, en un informe remitido al Defensor, que vinculaba la concesión de las becas a la defensa de la excelencia académica y a la voluntad de apoyar la libertad de elección de centro de las familias. A juicio de la institución Defensor del Pueblo, esto «no ocurre», debido a que «las ayudas se conceden sin tomar en consideración el expediente académico».
El Defensor subraya en la recomendación que acaba de emitir que, aunque no le corresponde a esta institución determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas, sí ha analizado el informe recibido de la Consejería de Educación «para determinar si los criterios para la fijación de esos umbrales, que constituyen el elemento troncal del sistema de becas, son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables«.
