Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa estatal que maneja Radio Nacional y la TV Pública, avanza con un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, que ahora incluye también a la funcionaria Analía Senega, quien acordó su retiro por $15.105.482.
Se trata de la subgerenta de Administración y Finanzas, que tiene 43 años y arrancó en ese cargo en octubre de 2020, cuando fue designada por la extitular de RTA, Rosario Lufrano.
La funcionaria recibirá más de $15 millones de indemnización, en lugar de presentar su renuncia por un cargo político que ocupó durante casi cuatro años.
Su necesidad de irse de la TV Pública era tan alto que incluso Senega se ofreció a pagar los gastos de la escritura para apurar el trámite, ya que debía ingresar a su nuevo trabajo el lunes pasado.
Tal como informó Clarín, la empresa estatal RTA, manejada por el interventor de los medios públicos, Eduardo González, acordó indemnizaciones millonarias para los directivos que aceptaron retiros voluntarios, pese a que sus designaciones fueron realizadas por motivos políticos durante las gestiones kirchneristas o ya estaban muy cerca de su jubilación.
Durante el último mes ya se fueron con un esquema similar varios directivos de RTA, con $81,5 millones para un subgerente artístico y dos jubilaciones anticipadas de $39,4 millones y $47,1 millones para dos subgerentas de 64 años.
Las autoridades dijeron que ya se anotaron 450 empleados en el Plan de Retiro Voluntario, para achicar la planta de RTA, donde incluyeron a esos cuatro funcionarios de la TV Pública.
Fuentes oficiales explicaron a Clarín que «en marzo pasado dimos de baja todas las subgerencias en una reestructuración del organigrama, para bajar los gastos, pero tenemos que ir retirando también a los funcionarios que ocupaban esos cargos».
Y agregaron, las fuentes oficiales: «Esto es una empresa y todos los empleados se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, así que si no quieren renunciar no podemos obligarlos, porque nos harían juicios millonarios y los ganarían, como ya sucedió en gestiones anteriores».
Las otras indemnizaciones millonarias
Clarín pudo acceder a información que certifica que acordaron pagarle $81.514.726 al subgerente artístico de la TV Pública, Oscar Gómez Alé, en el marco del Plan de Retiro Voluntario 1 de RTA. El directivo de 57 años ingresó en 2009 y su salario era de $4.528.596.
Además, acordaron pagarle $39.413.361 a la subgerente de Legales, María Eugenia Martínez, como jubilación anticipada, en el Plan de Retiro Voluntario 2, un esquema especial para el «personal que se encuentre próximo a cumplir la edad jubilatoria».
De ese total, a Martínez ya le pagaron $19.729.146 en efectivo y la primera cuota de $2.685.528. Además, acordaron abonarle otras ocho cuotas mensuales, los primeros cinco días de cada mes y la cuota de la medicina prepaga. La funcionaria ingresó en 2005, su mejor salario fue de $3.550.754 y tiene 64 años.
Otro caso que llamó la atención en la TV Pública fue el de la subgerente de Producción, Nora Chirom, a quien acordaron pagarle $47,1 millones pese a que el lunes pasado cumplió 64 años.
La funcionaria Chirom trabaja desde 1994 en la TV Pública. Su salario era de $3.017.347. Por su retiro voluntario ya le pagaron $17.500.615 en efectivo y acordaron abonarle 14 cuotas mensuales de $2.112.143, más la cuota de la medicina prepaga.
Otro funcionario que también se habría anotado para el Plan de Retiro Voluntario, sería Pablo Giles, gerente de Medios Digitales. Pero aun no habría acordado los términos de su desvinculación con las autoridades de RTA, según fuentes consultadas por Clarín.
Los juicios millonarios de los periodistas K
Los empleados que trabajan en la empresa RTA recordaron a Clarín las indemnizaciones millonarias que consiguieron algunos periodistas K en los últimos años, que también provocaron fuertes cimbronazos.
Uno de esos casos fue el del Carlos Barragán, exconductor de 678, quien le ganó un juicio a RTA por su trabajo como conductor de un programa en Radio Nacional. El monto del fallo, que se dictó en abril de 2023 fue de $ 15.099.994.
La empresa estatal tendrá que agregarle los intereses, más las costas de abogados y peritos, así que debería pagar más de $ 50 millones este año por el juicio que perdió con Barragán, por un programa que condujo en Radio Nacional, entre 2011 y 2015.
El de Barragán es similar a los que ganaron otros periodistas como Jorge Halperín, Roberto Caballero, Pedro Brieger y Orlando Barone, que también habían sido contratados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner por sus afinidades políticas, pero que se dieron por despedidos cuando cambió la programación y no tuvieron espacio durante la gestión macrista.
En uno de esos juicios, Jorge Halperín cobró $ 27,9 millones en el mes de febrero del año pasado, más otros $ 9 millones en abril de 2022, que a valores actuales superan entre ambos los $ 100 millones. Y el periodista K reclama que le paguen otros $ 5 millones de «sumas adeudadas», más los intereses.
Halperín trabajó ocho años en Radio Nacional, hasta fines de 2015. Y en enero de 2022 retornó a la emisora estatal, como resultado de su juicio por el que también logró ser reincorporado.
Además, Orlando Barone cobró $ 15 millones de indemnización de la TV Pública, en 2022 (la cifra actualizada supera los $60 millones).
De todos estos juicios, la mayor condena judicial fue la que logró el periodista acosador Pedro Brieger, que le ganó un juicio a RTA por el que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó pagarle $ 224 millones, por considerarse despedido de los programas en los que participó durante poco más de 10 años en la TV Pública y Radio Nacional, hasta abril de 2016.
RTA todavía no pagó el monto de indemnización al periodista acosador Brieger, ya que es el único juicio que los medios públicos apelaron ante la Corte Suprema durante la gestión de Lufrano, en octubre del año pasado, por considerar «exorbitante» el monto fijado por la Cámara del Trabajo.
Habrá que esperar a que la máxima instancia judicial resuelva si RTA debe pagarle $224 millones a Brieger o si aplica el mismo criterio que la Corte fijó este año, donde ordenó reducir la tasa de interés para juicios laborales similares.
