Frente a la puesta en vigencia del protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la manifestación que organizaciones sociales y de izquierda llevan adelante a Plaza de Mayo, la AAPDP bregó en un comunicado por «la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades».
Justificó que esos derechos se encuentran consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional (CN), el artículo 15 y 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP).
También solicitó «su inmediata eficacia en la inteligencia y aplicación del Código Penal».
La institución, además, rememoró las declaraciones del Papa Francisco en una misiva donde -dijeron- «exhortó a todos los juristas a contrarrestar la irracionalidad punitiva manifestada en la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales».
