El legislador Rubén Guillón destacó la aprobación de la ley que establece exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios de la provincia, incluidos los tres poderes y los organismos constitucionales. Señaló que la medida busca “disipar todo tipo de sospecha” y que se garantizará confidencialidad y acompañamiento terapéutico. Además, repasó la sanción del Presupuesto 2026, las modificaciones que propuso en el debate y otras leyes impulsadas junto a municipios del interior.
La Cámara de Diputados aprobó la ley que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para todos los funcionarios de la provincia, una iniciativa que el legislador Rubén Guillón aseguró que demandó “once años de estudiar este proyecto”, con “apoyos”, “reparos” y sucesivos dictámenes. “El texto legal fue construido a partir del aporte de muchos diputados y también de muchos organismos”, explicó en diálogo con CIUDAD TV.
Guillón, autor de la iniciativa, detalló que la obligatoriedad alcanza a “todo el Poder Ejecutivo provincial, desde el gobernador hasta el último subsecretario”, además de los 32 diputados del Poder Legislativo y “todos los jueces, todos los fiscales y todos los defensores” del Poder Judicial. También quedan incluidos los organismos constitucionales, como “Fiscalía de Estado, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento”, entre otros. La norma invita además a la adhesión de todos los municipios para que intendentes y concejales se sumen a los controles.
Indicó que, una vez promulgada, “tendremos plazo de dos meses para que todos los que estamos en ejercicio procedamos a hacerlo y luego a partir de ahí en forma anual”.
Sobre los resultados positivos, Guillón aclaró que “se garantiza la confidencialidad de los datos, no para esconder, más bien para preservar y también evitar la estigmatización”. Afirmó que se propondrá “un proceso de rehabilitación donde la respuesta deberá ser libre y voluntaria” y remarcó: “Es una enfermedad y, por lo tanto, es factible iniciar un proceso de rehabilitación”.
Sostuvo que la ley prevé la conservación de los derechos laborales del funcionario mientras realiza tratamiento, pudiendo “usufructuar licencias o permisos especiales hasta tanto su rehabilitación”. En caso de rechazo al tratamiento, advirtió que “rápidamente se deben adoptar todas las medidas conducentes a efectos de impedir que ese funcionario siga prestando actividad”, con el objetivo de “resguardar su propia salud mental, su integridad física y garantizar los derechos de la ciudadanía”.
Guillón señaló que algunos plantearon que la norma avanzaba sobre derechos individuales, pero respondió: “El que ejerce una función pública representa a alguien. Prima en nosotros la necesidad de asegurar a la comunidad y de disipar todo tipo de sospecha”.
El legislador informó que el Laboratorio Central de la Provincia y el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial tendrán competencia para realizar los exámenes. Además, puntualizó que el costo “debe ser solventado por el mismo funcionario”, una cuestión que —según recordó— “había recibido objeciones por parte del Ministerio de Salud”.
Respecto de los métodos, señaló que la rinoscopía “es el control de la fosa nasal y de garganta donde se determina el consumo de cierta sustancia”, mientras que los exámenes de orina y sangre “son mucho más completos” y “garantizan la posibilidad de detectar sustancias de una amplitud más considerable”.
Guillón aclaró que la norma sancionada se enmarca en la ley nacional sobre sustancias psicoactivas y que no afecta tratamientos autorizados. Recordó que en la misma sesión se aprobó una ley que “impulsa, favorece, acompaña y fomenta la utilización del cannabis con fines medicinales”. En ese sentido, explicó que “está debidamente exceptuado y habilitado” el consumo bajo prescripción médica.
Presupuesto 2026: acompañamiento en general y disidencias en particular
El legislador también se refirió a la aprobación del Presupuesto 2026. Explicó que el reglamento legislativo permite un tratamiento en dos etapas: “El primero, en general; y luego ya en particular, donde vamos analizando detenidamente cada punto y cada partida”.
Afirmó que acompañó el tratamiento general porque “la provincia necesita esta herramienta”, pero adelantó que presentó modificaciones sobre áreas que consideró prioritarias: “La necesidad de garantizar una mayor actualización salarial de los trabajadores estatales, la necesidad de garantizar los comedores escolares, la necesidad de garantizar el financiamiento a los consorcios de servicios rurales”. En la mayoría de sus planteos, indicó, “perdimos 19 a 12, 19 a 11”.
Repasó que decidió votar a favor en general “porque entiendo que la provincia necesita por la gobernabilidad contar con esta herramienta financiera”.
Leyes para municipios del interior
Guillón señaló que su trabajo legislativo se nutre de visitas y planteos de intendentes del interior. “Voy recolectando intereses y planteos”, expresó. Entre las normas aprobadas, mencionó la ley solicitada por el municipio de Colonia Aborigen para definir su área de influencia y planificar el crecimiento urbano y rural.
Destacó también la aprobación por unanimidad de la iniciativa del municipio de Machagai para confirmar su zona de influencia, y otra sancionada días atrás a pedido de la intendenta de Selva del Río de Oro, dependiente de La Eduvigis.
Además, informó que presentó un proyecto para prorrogar la expropiación de un inmueble destinado al crecimiento urbano y construcción de viviendas en Colonia Unida. “Son un conjunto de normativas que significan darle a los intendentes herramientas para seguir trabajando en la planificación urbana y rural”, cerró.
