Las familias adjudicatarias de las casas del Plan Procrear en Avellaneda, que el Ministerio de Seguridad les entregó a gendarmes en comodato, acusan al gobierno de “estafa y usurpación”. En Comodoro Py impulsan una causa contra los ministros Patricia Bullrich, Luis Caputo y el presidente Javier Milei por defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Las casas estaban casi listas para entregar cuando ocurrió el cambio de Gobierno en 2023. Las 160 familias habían sido sorteadas a través de un acto público para adquirir y pagar los departamentos, sólo les faltaba reemplazar la luz de obra por la conexión definitiva, en el barrio Sagol. Sin embargo, la gestión de libertaria, a fines de 2024, eliminó el Plan Procrear. Luego, el Ministerio de Economía traspasó las casas del programa al Ministerio de Seguridad, que finalmente se las dio en comodato a los agentes de Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura. Llamativamente, Bullrich había anticipado esa maniobra en febrero de este año cuando un padre de un gendarme en Salta le reclamó por el salario de su hijo. “Usted tiene que confiar. Estamos trabajando para darles planes Procrear”, le contestó. Este martes, Bullrich volvió a entregarle a los uniformados 54 viviendas del mismo programa, pero que se encontraban en un fondo fiduciario, ubicadas en Córdoba.
La causa contra los funcionarios
“Esto es una estafa por desbaratamiento de derechos acordados porque el Estado hace un acto administrativo y se las adjudica pero, después, se las entrega a otras personas”, describió el abogado Leonardo Martínez Herrero, que representa a las familias en la causa iniciada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9 ante C5N., que este jueves se acercó a ratificar la denuncia y la prueba ante la fiscalía.
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Gobierno realizó el traspaso de las casas desde la Secretaría de Vivienda, que dependía de la cartera de Caputo, al Ministerio de Seguridad, por convenio y sin dejar sin efecto el acto administrativo por el cual fueron adjudicadas. En medio de esa gestión gubernamental, el Banco Hipotecario, propiedad de Eduardo Elsztain, retrasó la entrega de la documentación a las familias, indicó el letrado.
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“No dejaron sin efecto el acto administrativo de adjudicación de viviendas, lo único a lo que se dedicaron fue a retardar la entrega de documentación a través del Banco Hipotecario. Aún así, muchas familias pudieron hacerlo y obtuvieron las tarjetas bancarias para pagar las cuotas, o sea que al Estado le ingresaban fondos pero decidieron no cobrar, no recibir, y no asignarles estas viviendas”, aseguró el letrado.
En ese marco, “se hicieron notas a la Secretaría de Vivienda, al Ministerio de Economía, al Banco Hipotecario y ninguno contestaba o contestaban muy escuetamente diciendo que había que esperar a ver qué hacía el Presidente con las viviendas”, señaló Martínez Herrero. Las casas permanecieron así sin ocupar hasta que Bullrich anunció la entrega en comodato por 10 años a los agentes de Seguridad.
Además de la causa que impulsan en el fuero penal federal por los delitos contemplados en Código Penal de violación de los deberes de los funcionarios públicos y estafa, la Defensoría de Avellaneda avanza por la vía civil.
LM/DCQ
