El Ministerio de Seguridad y la Cancillería trabajan con la Jefatura de Gabinete para flexibilizar los trámites de entrada al país y radicación de los venezolanos que llegan y viven en la Argentina, confirmaron a Clarín fuentes en Migraciones y activistas de la disidencia al chavismo.
La nueva normativa, que trabajará en cooperación con bases de datos internacionales, y sobre todo con la de Estados Unidos, como acaban de anunciar las autoridades ecuatorianas, se haría efectiva en el corto plazo, supo este diario. Basa su modelo en la que rigió durante la administración de Mauricio Macri, aunque por los tiempos, incorporará tecnología nueva.
La normativa anterior para dicha comunidad la suspendió el gobierno de Alberto Fernández en su momento por pedido del régimen de Nicolás Maduro con el que reanudó los vínculos cortados por el macrismo, y con la excusa de que “delincuentes” venezolanos aprovechaban el mecanismo de flexibilización. Fue esta una decisión que no se basaba en estadísticas.
La semana pasada, la secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) Elisa Trotta se reunió con la ministra Patricia Bullrich (Seguridad); con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM); y con el vicejefe de Gabinete del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán, para hablar de esta misma situación y le plantearon lo que consideraron todos un estado de “vulnerabilidad” en el que quedaron los más de 220.000 venezolanos que viven en Argentina tras el cierre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante este país.
Si bien la embajada chavista que se levanta sobre la avenida Luis María Campus ya les hacía muy difícil, largos y complejos trámites a sus compatriotas de la oposición que viven aquí y que en situación normal deberían ser ágiles, el quiebre de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro los dejó en total desamparo legal internacional. Y no sólo a ellos sino a quienes quieren venir a radicarse al país.
Tras la elección presidencial del 28 de julio en la que Milei desconoció la autoproclamación de Maduro como ganador -le tuiteó “Dictador Maduro, Afuera!”- ,el régimen anunció que retiraba a su embajadora en Buenos Aires, Stella Lugo, y que todos los funcionarios de la embajada argentina en Caracas debían irse, empezando por el encargado de negocios, Andrés Mangiarotti.
Y así fue. Pero mientras que Argentina nombró al gobierno de Brasil como representante de sus intereses en Caracas -donde el gobierno de Milei se enfrenta a la dificil situación sobre seis colaboradores de Corina Machado asilados en la sede diplomática desde el 20 de marzo-, Maduro no nombró a nadie en Argentina. Es decir, la embajada del chavismo en Buenos Aires cerró sus puertas por completo. Ningún país los representa -para el caso, Milei reconoció como presidente a Edmundo González Urrutia- y los venezolanos no tienen un sólo lugar donde tramitar pasaportes, pedir partidas de nacimiento o certificados de estudio. Nada.
Por eso también hay inmensa preocupación sobre los cambios políticos que desde la Presidencia busca imponer sobre todo el asesor Santiago Caputo interviniendo a la ministra Diana Mondino con personas de su riñón, pero sin conocimientos técnicos. Sobre todo en el área que maneja hoy el vicecanciller Leopoldo Sahores y a todo el equipo, que la Rosada desprecia. El borrador de los cambios que se vienen habla de la creación de una Secretaría de Culto y Civilización a manos del diputado bonaerense Nahuel Sotelo y quien tendría mega funciones con los credos, los derechos humanos, las cortes y organismos internacionales. Sotelo es dialoguista, pero su irrupción, de esta manera vaciaría el trabajo diplomático.
Actualmente, hay entre siete y ocho millones de venezolanos en la diáspora y se calcula que más de 5 millones están en edad de votar. Sólo 69.211 en el exterior fueron habilitados a sufragar el 28 de julio, lo que marca las dificultades impuestas por la dictadura. En el caso de Argentina, de los más de 220 mil venezolanos que viven en el país, solo pudieron votar 2.638. Con todo, se trata de una comunidad sumamente activa.
«El régimen de Nicolás Maduro, además de ignorar la voluntad popular que se expresó en las elecciones del 28 de julio, ha abandonado irresponsablemente a millones de venezolanos en el exterior, dejándolos sin la atención consular que merecen, como es el caso en Argentina. Esto afecta trámites fundamentales para obtener pasaportes o apostillar documentos necesarios para radicarse en el país», explicó Trotta.
De acuerdo a Trotta, en el encuentro con Bullrich se agradeció por «su inquebrantable apoyo y compromiso histórico con la causa democrática venezolana» y expuso «las dificultades para la regularización de la situación migratoria de los venezolanos en Argentina».
«Tras el abandono de parte de las autoridades del consulado venezolano, muchos han quedado en una situación vulnerable», destacó la activista argentina-venezolana.
En mayo, la Defensoría del Pueblo de Argentina recomendó a la Dirección Nacional de Migraciones flexibilizar trámites para regularizar a los migrantes venezolanos ante la dificultad para obtener documentos de identidad de su país.
El viernes pasado, el gobierno de Daniel Noboa fue el primero en anunciar beneficios para los venezolanos al anunciar una amnistía migratoria y establecer un nuevo proceso de regularización para dichos inmigrantes y sus familias que se encuentren en Ecuador y que cuenten con un certificado de permanencia migratoria caducado o que aún no hayan obtenido un visado especial.
