En mayo del año pasado, un grupo de diputados kirchneristas, encabezados por la diputada Nancy Sand, presentó un proyecto de ley para declarar a la Unidad Turística de Chapadmalal y la de Embalse como patrimonio cultural y social, con el objetivo de protegerlas frente a los planes del gobierno de Javier Milei de cerrarlas o privatizarlas. La iniciativa surgió como respuesta a las primeras señales de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, de desmantelarlas, incluyendo la suspensión de reservas para marzo de 2024 y la licitación de dos hoteles de Chapadmalal.
En aquel momento, el proyecto buscaba frenar lo que los legisladores consideraban un ataque al derecho al descanso de los sectores populares, pero no logró avanzar en un Congreso dominado por las prioridades del oficialismo.
Javier Milei quiere entregar el control del complejo hotelero a manos privadas
Ahora, más de un año después, el Ejecutivo decidió avanzar y pidió transferir ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su concesión o venta. Claramente, esta medida se alinea con las políticas que la gestión de Milei está implementando desde su asunción y que tienen como finalidad reducir el tamaño del Estado, eliminando gastos que son considerados poco útiles o no esenciales. Por eso, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la dirección de Scioli, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, declararon la “innecesariedad” de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse.
En la nota oficial enviada a la AABE, Scioli justificó la transferencia amparándose en la emergencia pública administrativa, económica y financiera establecida por la Ley Bases (Ley 27.742), respaldándose en informes de la Dirección de Administración de Turismo y en planteos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), aunque estos no fueron especificados. Sturzenegger, por su parte, celebró la decisión en su cuenta de X, afirmando: “El Estado no debe proveer servicios de hotelería. Un operador privado puede potenciar el valor turístico de Chapadmalal, generando beneficios para la región”. Pero, ¿a qué se debe el cierre de estos dos espacios? La justificación de Nación tiene un claro trasfondo económico.
Déficit y altos gastos de mantenimiento en el complejo hotelero de Chapadmalal
Los complejos de Chapadmalal y Embalse generaron un déficit anual de u$s10 millones en 2024, equivalentes a $11.000 millones (con un tipo de cambio mayorista de $1.100 por dólar). En 2025, este déficit se redujo a u$s1 millón (unos $1.100 millones), debido a la mínima actividad registrada en los primeros meses del año. Bajo este pie, el Gobierno sostiene que los costos operativos, que incluyen los salarios de entre 70 y 80 empleados, servicios básicos (electricidad, agua, gas) y mantenimiento, son insostenibles en el marco del ajuste fiscal.
Aunque el predio está protegido como Monumento Histórico Nacional (Decreto 784/2013), lo que limita su venta directa, fuentes del oficialismo adelantaron a los medios que se evalúa una modificación normativa para habilitar su privatización, posiblemente a una cadena hotelera que no estaría obligada a mantener tarifas accesibles. Además, el Decreto 216/2025, que modificó la Ley Nacional de Turismo, eliminó las atribuciones del Estado para operar complejos turísticos o subsidiar tarifas sociales, facilitando la transferencia de Chapadmalal a la AABE.
Milei busca ceder la Unidad Turística a privados dado sus altos costos de mantenimiento
También, los costos de mantención y modernización que supieron demandar estos espacios fueron un punto clave para avanzar con esta medida. Esto se vio en el Presupuesto del 2023, donde la gestión de Alberto Fernández decidió invertir entre $7.000 millones y $7.500 millones en la refacción de los hoteles del complejo, incluyendo la reapertura del Hotel 8 y licitaciones previstas (pero no ejecutadas) para el Hotel 3. A precios de este año, ajustados por una inflación acumulada del 676,8% desde diciembre de 2022, esos 7000-7500 millones de pesos equivalen hoy a entre $54.376 millones y $58.260 millones.
Asimismo, de acuerdo a la página de licitaciones públicas, hasta diciembre del año anterior se continuaron destinando recursos. Al menos $4.519.361.920 en el “servicio de hotelería”; $3.763.569 en “adquisición de maquinarias y herramientas”; y $68.922.000 en seguros médicos, estos últimos dos en 2022.
Por estas sumas es que, la transferencia de Chapadmalal a la AABE, que excluye la Residencia Presidencial (no utilizada para el descanso del Presidente) y el Museo Eva Perón (cuyo patrimonio pasaría a la Provincia de Buenos Aires), está siendo altamente ponderada por el oficialismo; mientras que el ala kirchnerista repudia la decisión al considerar que el Gobierno quiere “convertir en un negocio” un espacio histórico creado por la Fundación Eva Perón que nació con la finalidad de garantizar el acceso al turismo a las familias de bajos recursos.
