A dos años de la lucha contra la reforma constitucional de Morales y el PJ, vemos un intento a escala nacional de profundizar un régimen autoritario a partir del falló contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una proscripción política. Luego sumaron el decreto que le da más poder a la Policía Federal en la persecución de opositores como parte de la política de cercenar las libertades democráticas.
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Este curso derechista favorece a los gobiernos “feudales” o “patrones de estancia” de las provincias. Hay que alertar que al régimen jujeño le abre un paraguas, detrás del cual podrá ir aceitando los diferentes ejes de su aparato autoritario (el brazo armado de la Justicia, el MPA, el sistema contravencional), que quedaron muy cuestionados por la lucha contra la reforma.
Y aunque como respuesta a esta lucha tuvieron que cambiar algo en las formas de gobernar y no pueden ser todo lo autoritarios que los dueños de la provincia desean, aún así, no perdieron las mañas. El caso más elocuente es el fraude a la lista 5 que ganó las elecciones en Adep, el gremio que representa a la docencia primaria.
En el plano abiertamente represivo, se vienen dando algunos desalojos y amenazas a las comunidades que resisten a los negocios inmobiliarios y mineros. Los ataques más duros vinieron por la Gendarmería que ordena Patricia Bullrich en la región: el asesinato del jóven indígena Ivo Torres en La Quiaca y meses antes un jóven trabajador bagallero, Fernando Gómez, en Orán-Salta.
La UCR salió con distintos voceros a reivindicar el fallo contra CFK. Mientras que sus socios del PJ guardaron prácticamente silencio. Recordemos que estos mismos sectores cuestionaron a CFK por el mal resultado de las elecciones provinciales de mayo, donde La Cámpora tuvo protagonismo en el armado de las principales candidaturas.
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La defensa de CFK la está impulsando sobre todo La Cámpora, el resto del PJ no dice mucho y más bien no hace nada. Seguramente están especulando con que se les facilite el camino para imponerse en la interna contra La Cámpora. De consumarse, algo por el estilo, sería una escalada en la derechización del PJ tras la detención de Milagro Sala; y por esta, vía del conjunto del régimen (LLA incluídos). Desde el PTS venimos planteando la necesidad del paro general y plan de lucha para derrotar la proscripción.
El poder económico detrás del giro autoritario
Los que sostienen este régimen, las grandes patronales, que ya venían envalentonadas con el triunfo de Milei y la aprobación de la Ley Bases, pueden aprovechar para posicionarse en nuevos ataques a los trabajadores. Por ejemplo, Ledesma, que luego de despedir 200 trabajadores ordena una paritaria miserable bajo total amparo del gobierno.
En el sector del litio, la actividad que más factura en la provincia, este año pegó un salto la injerencia del capital financiero dominando el sector con la llegada de la minera Río Tinto a Jujuy, Catamarca y Salta (también con inversiones en Chile). Sus accionistas BlackRock, Morgan Stanley, The Vanguard Group, Aluminum Corporatio of China Limited, entre otros, son los dueños del mundo y también -varios de ellos- acreedores de la deuda en dólares de la Argentina.
El plan de negocios de las grandes patronales y el FMI requiere no solo de una clase trabajadora más fácil de explotar, sino también de mayor extractivismo. Son las actividades exportadoras de materias primas, en el caso de la provincia: litio, tabaco, azúcar, cítricos, etc., las que pueden generar los dólares que garanticen los pagos de la deuda y la remisión de ganancias al exterior. Milei, Sadir, y el PJ jujeño alientan este esquema sin diferencias de fondo.
Para que el plan del gran capital funcione, necesitan un régimen cada vez más autoritario. Si observamos la región, está se dirige hacia ese camino: en Bolivia el tribunal electoral proscribió la candidatura de Evo Morales y podría ganar la presidencia un candidato golpista; en Perú se consolidó un gobierno nacido de un golpe institucional y en Chile la derecha estaría con ventajas para ganar las elecciones presidenciales.
Ajuste fiscal y colaboradores
En el plano del ajuste fiscal, el gobierno de Sadir sigue pisando el acelerador del superávit y consolidó una masa de fondos millonarios colocados en inversiones financieras. Un gobierno que no rinde cuentas de las ganancias de las empresas públicas (Jemse, Cannava, Xuma, etc.). A la vez, que no pierde oportunidad por agilizar los planes privatizadores como en el caso de la Salud, aunque hayan tenido que retroceder con el cobro y derogar la Ley Seprosa, al igual que con el cobro de la Tasa Girsu o Vial en la capital.
La CGT regional viene de festejar la conquista de un diputado que entró por la lista de la UCR. Su integración al régimen casi no tiene fisuras. Mientras la CTA-A ayuda al régimen en el fraude en Adep. El resto de los gremios ha salido prácticamente de escena (contribuyendo a la política de ajuste al salario estatal o privado) o se encuentran con fuertes dificultades para enfrentar ataques patronales como en azucareros.
La excepción son el Cedems y el activismo de maestras de Adep que cuestionan con paros y acciones el ajuste en educación y la falta de democracia sindical, con fuerte apoyo social aunque desde un relativo aislamiento para poder encarar un plan de lucha de mayor envergadura. Las organizaciones sociales como en todo el país han perdido capacidad de movilización a partir de la política de amenazas de quitarles la ayuda social.
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En el caso de la UNJu que el año pasado protagonizó con miles de estudiantes, docentes y familias la masiva movilización del 23 de abril, encuentra a sus autoridades recostadas cada vez más en la UCR y el estado provincial, sin dejar de afianzar lazos con Ledesma, multinacionales mineras, entre otras empresas.
En el plano social hay una sostenida degradación de las condiciones de vida. En lo que va del año hubo un récord de tres femicidios en 25 días. El 46 % de las causas judiciales son por violencia de género, cada vez más familias están involucradas en el consumo de sustancias problemáticas y el flagelo de los suicidios se proyecta a más temprana edad.
Ante este escenario que se va perfilando, las lecciones de la lucha contra la reforma se vuelven un insumo indispensable. Sobre todo revalorizando que fue la lucha en las calles la que le puso un freno al intento de consumar un régimen policíaco instaurado desde 2016. Todo lo contrario a quienes desde el PJ plantean la salida electoral en 2027 (“Vamos a volver”) y un “Milei imparable”. Morales también se creía un emperador y así le fue al enfrentar al pueblo trabajador movilizado en las rutas y calles.
Sin embargo, lograron desviar un reclamo cada vez más político a través de desarticular demandas parciales de los gremios y con el auxilio de las centrales sindicales que evitaron convocar a un paro general y plan de lucha conjunto.
Aún así, el impulso a la lucha tuvo fuerza al combinar puntos democráticos como la pelea por el derecho a la protesta, al derecho al voto, a la tierra, con reclamos económicos como un salario acorde a la canasta familiar. Esto permitió unir a distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo pobre bajo las banderas: ¡Arriba los derechos, abajo la reforma!.
Ante el rol de las centrales sindicales, la ausencia de una institución democrática por fuera del régimen, que transformara la unidad en las calles y rutas, en una organización capaz de imponer el paro general y el plan de lucha hasta que caiga la reforma, Este tipo de institución es lo que hoy tenemos que preparar desde abajo. Una asamblea provincial de trabajadores (ocupados, desocupados, precarios), estudiantes, mujeres, comunidades, que permita empezar a discutir bajo esta perspectiva de enfrentar todo el plan de ajuste y saqueo de los gobiernos al servicio del FMI y las grandes patronales. Un paso en ese sentido busca la docencia, a partir de la propuesta de un plenario de delegados/as de base de los gremios educativos para coordinar y unificar un plan de lucha.
Desde el PTS en el FITU ponemos todos nuestras fuerzas para tal objetivo, utilizando cada punto de apoyo como la reincorporación de obreros en pos de rodear de solidaridad y facilitar la organización de la clase trabajadora. En este camino estamos abiertos a todo tipo de coordinación por distintos reclamos con múltiples actores de los derechos humanos, agrupaciones sindicales, sociales, artísticas, etc., junto con impulsar actividades culturales y solidarias contra el espíritu individualista que promueven desde el Gobierno y sus medios de comunicación.
Tras pasar el piso electoral y ampliar el bloque de diputados ponemos al servicio de esta perspectiva nuestras bancas en la Legislaturas y Concejos, nuestra militancia en los gremios docentes, privados, en la UNJu, colegios y barrios, nuestras casas culturales. Lo hacemos peleando no solo un método de organización democrática y de coordinación, sino también un programa, un conjunto de medidas para que la crisis la paguen los grandes empresarios y sus políticos.
Toda esta militancia es parte de construir un gran partido de trabajadores socialista que tenga fuerza y permita a la clase trabajadora dar todas estas peleas por unir toda su fuerza social, conquistar su propio gobierno y reorganizar desde abajo la sociedad sobre bases solidarias, igualitarias, sin explotación ni opresión alguna.