La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral de Libertad de Prensa. Y destacó la importancia de preservar el debate público. “Vivimos momentos complejos para hacer periodismo, momentos en que este se torna extraordinariamente necesario”, planteó ADEPA, en el marco de su 187ª Junta de Directores, que se está llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires.
El informe, leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, advirtió sobre los desafíos crecientes que enfrenta el periodismo en un contexto global de polarización, desinformación y cambios tecnológicos que impactan en el ecosistema mediático; e hizo un llamado a la responsabilidad de todos los sectores para preservar el respeto por las instituciones y fortalecer el diálogo como vía esencial para la resolución de diferencias y la construcción de consensos en beneficio de la sociedad.
“No son tiempos fáciles para el periodismo. El oficio y los medios de comunicación se desenvuelven en sociedades en las que crece la polarización; parcialmente desinformadas o desinteresadas de la cosa pública; atravesadas por cambios tecnológicos que impulsan esos fenómenos y minan el modelo de sustentación de los medios”, planteó la entidad representativa de los medios de comunicación.
Y agregó: “A la prensa le cuesta desempeñar su función en escenarios en los que, por un lado, no se respeta adecuadamente el derecho de propiedad de sus contenidos y, por otro, predomina un debate público contaminado por sesgos y lógicas reduccionistas en los que se pierde la capacidad de reconocer ciertos hechos básicos, a partir de los cuales los ciudadanos podemos dirimir diferencias y discutir una agenda común”.
El documento destacó que la democracia sufre un creciente cuestionamiento a nivel mundial, lo que repercute en la labor periodística y en la calidad del acceso a la información por parte de la ciudadanía.
En el análisis de la situación internacional, el informe hizo referencia a la amenaza de criminalización del periodismo en Estados Unidos y a las presiones que enfrentan medios de comunicación en distintos países. También señaló que la erosión de la confianza en las instituciones, alimentada por la corrupción, la ineficacia gubernamental y la proliferación de discursos demagógicos, afecta directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Sobre la situación en Argentina, el informe reconoció la resiliencia de la democracia en las últimas cuatro décadas, en las cuales “el período más hostil para la prensa se registró entre 2009 y 2015”.
Pero advirtió sobre “señales preocupantes” en la relación entre el gobierno actual y la prensa, como la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la restricción del acceso de periodistas al Congreso, el intento de silenciamiento de micrófonos en la Casa Rosada y la falta de conferencias de prensa presidenciales, prácticas que limitan el derecho a la información.
El informe también expresó preocupación por la escalada de agravios hacia periodistas y voces críticas desde sectores del poder, alertando sobre los riesgos de la violencia verbal y digital. En este sentido, enfatizó que cualquier forma de hostigamiento contra la prensa atenta contra la dinámica democrática y puede generar un efecto de autocensura.
“Lo más preocupante en lo que va de la actual gestión gubernamental es la pulsión del Presidente al agravio a periodistas y a voces críticas en general. Todo funcionario tiene derecho a criticar, refutar o rechazar, aun con vehemencia, las opiniones o el trabajo periodístico, pero no debe insultar o imputar delitos de manera generalizada, sin dar precisiones sobre hechos ilegales de los que supuestamente tiene conocimiento. La libertad de expresión no tutela el agravio”, sostuvo ADEPA, en su informe de Libertad de Prensa.
Y agregó: “Los funcionarios, y sobre todo un presidente, no pueden incurrir sistemáticamente en el insulto, ya que este se encuentra en el límite que separa al intercambio de ideas de la violencia física. Los agravios presidenciales ponen en riesgo a los periodistas que los sufren y son un instrumento posible de la intimidación y de una consecuente autocensura“.
Además, la entidad destacó que “la violencia verbal de las milicias digitales contra periodistas es una derivación natural del hostigamiento discursivo de funcionarios. Esa violencia es una herramienta para inhibir el trabajo periodístico y puede estimular el paso de los dichos a los hechos”.
Por último, ADEPA reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la necesidad de preservar un diálogo institucional respetuoso. “Las libertades se debilitan cuando no se defienden”, concluyó el informe, haciendo un llamado a todos los sectores a fortalecer el debate democrático y a garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
