Los empresarios nucleados en PAETAC solicitaron al máximo tribunal que autorice las modificaciones que introduce el decreto que es cuestionado por la CGT y fue rechazado por el Senado.
20 de marzo 2024, 13:44hs
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La Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (PAETAC) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con la figura de “amicus curiae”, en favor de la reforma laboral que se propone en el capítulo IV del mega DNU que impulsa el presidente Javier Milei.
El decreto además fue rechazado en el Senado, pero mantiene su vigencia, salvo que la Cámara de Diputados también haga lo propio.
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“Nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intervenir en calidad de amicus curiae en el incidente de medida cautelar, como así también en los autos principales vinculados a la 2 acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para pedir la nulidad del Decreto 70/2023 Título IV Laboral”, informaron los empresarios por medio de un comunicado.
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Suscribite acáLos transportistas manifestaron que mantienen su postura a favor de los cambios en materia laboral que establece el DNU 70/2023 por considerarlos “indispensables en el contexto actual para la promoción y creación de empleo”.
“Es imperiosa una legislación laboral moderna que contemple la realidad actual del mercado de trabajo con la finalidad de recrear las condiciones para generar más puestos de trabajo y de mejor calidad”, enfatizaron.
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En ese sentido, desde PAETAC valoraron “las medidas que claramente ponen un freno a los bloqueos y a las tomas de establecimientos, y establecen en cuanto el derecho a convocar asambleas el principio de no perjudicar las actividades normales de la empresa”.
“Lamentablemente, reiteradas veces, hemos naturalizado este tipo de prácticas ilegales que deben ser desterradas de una sociedad que busca progresar y una mejor calidad de vida para todos”, cuestionaron.
Al respecto, agregaron que esas medidas de fuerza “solo provocan un perjuicio irreparable para las empresas y los trabajadores, ambos afectados en su legítimo derecho a trabajar”.
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“Como institución centenaria, desde 1893 representamos empresas de transporte de cargas de capitales nacionales que anhelan un país productivo, donde poder desarrollarse en un marco de igualdad ante la ley y libertad de contratación”, señalaron en otro párrafo del comunicado.
Por último, argumentaron que se tratan de “principios fundamentales” contemplados en la norma en cuestión, en consonancia con lo que establece la Constitución.
