El DNU que anunciará próximamente Javier Milei saldrá a la luz después de algunos tironeos. La reforma laboral dió lugar a una pelea por la «caja» en la que finalmente se impuso el criterio del ministro de Economía, Luis Caputo. La orden que bajó es que no habrá en lo inmediato una rebaja de los aportes y contribuciones patronales, como apostaba un sector de La Libertad Avanza y las empresas.
«No hay plata, está previsto un esquema progresivo, pero el DNU no incluye el achique de las cargas sociales, hoy no se puede prescindir de eso», dijeron fuentes del equipo económico. De esa manera, los cambios en materia laboral contemplados en el capítulo 3 del decreto contendrán otras modificaciones, sin alterar el segundo motor de la recaudación después del IVA.
Tal como informó Clarín, la rebaja de aportes y contribuciones era uno de los principales puntos que fueron conversados con el equipo de Federico Sturzenegger, el cerebro del paquete de desregulación. La iniciativa era impulsada por los abogados de la secretaría de Trabajo, encabezada por Omar Yasín, exfuncionario macrista y amigo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La reforma laboral es solo uno de los capítulos del plan de «modernización» en el que trabajó Sturzenegger durante más de un año. La modificación de 3.500 leyes contempla también la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Alquileres, así como cambios en la administración pública y algunos beneficios fiscales al sector privado, lo que desató un fuerte lobby empresario.
En cuanto al mercado de trabajo, el decreto sumó varios cambios importantes que representarán un desafío al sindicalismo. Ese es el caso de la causal de despido por la interferencia o bloqueo de plantas de producción, una medida impulsada por el movimiento empresario «antipiquetes» a partir del conflicto en el sector lácteo con el gremio ATILRA.
La otra medida sensible es la declaración de servicios esenciales del transporte y la educación para que se garantice el 50% de la actividad sin interrupciones. Una restricción al derecho de huelga que apunta a los gremios de camioneros, pilotos, ferroviarios, choferes de colectivo, marítimos y maestros. Todo en la antesala del debut del protocolo antipiquetes y las protestas por el 20 de diciembre.
Si bien las pasantías quedaron afuera por ahora de las modificaciones, el Gobierno sumó a pedido supuestamente de la Iglesia el «trabajador independiente con colaboradores», una figura que permite «blanquear» a los monotributistas que contratan otros monotributistas, como ocurre en la construcción, y engrosar la recaudación del Estado.
El objetivo, de conjunto, es reducir el costo laboral de las empresas. En ese marco, el período de prueba, se extenderá de 3 a 8 meses y se limitará el componente salarial o remunerativo de las indemnizaciones, mediante la exclusión de beneficios tales como el pago del celular, los ticket canasta o vales alimentarios, y los bonos anuales, pese a que la Justicia los reconoció en sendos fallos.
Los intereses de las indemnizaciones se calcularán en base a una fórmula que contemplará la inflación del INDEC (IPC) más un 3% y se eliminarán las multas establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado para la falta de registro de la relación laboral o el registro parcial de la misma por consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la percibida.
Por último, habrá un fondo de cese laboral «voluntario» por el cual las empresas deberán aportar fondos en forma anticipada para cubrir las indemnizaciones por despido y el empleado tendrá que autorizar los descuentos por cuota solidaria, un mecanismo que hoy utilizan los sindicatos para financiarse mediante un acuerdo entre la organización y las empresas.
