En medio de las tensiones con los empresarios por las subas de precios desmedidas, el Gobierno puso en marcha una investigación por la presunta coordinación en los aumentos de las cuotas dispuestos por las prepagas, que orillaron el 160% en los primeros cuatro meses del año y derivaron en una ola de reclamos judiciales por parte de los usuarios para frenar los fuertes incrementos.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) busca determinar si hubo una maniobra concertada entre las empresas de salud. «Hay una investigación en curso en Defensa de la Competencia por colusión contra las prepagas, a raíz de una denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica Reyes y López», confirmaron fuentes de la secretaría de Comercio.
Los dirigentes que responden a Elisa Carrió presentaron en enero una denuncia ante el organismo contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una supuesta cartelización al aumentar los precios a usuarios y proveedores en forma coordinada y por arriba de la inflación.
Las prepagas, en la mira del gobierno por los fuertes aumentos en las cuotas.Según la denuncia, hubo una «práctica anticompetitiva» prevista en el inciso a) del artículo 2, de la ley de Defensa de la Competencia, a saber, que “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto fuere: a) Concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado”.
A raíz de la investigación, las empresas fueron citadas en febrero, pero la denuncia tomó impulso en los últimos días con la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, quien apuntó el viernes contra las prepagas al señalar que «se les fue la mano con los aumentos» y ayer las acusó de iniciar una «guerra» contra la clase media, por lo que adelantó que adoptará medidas.
Defensa de la Competencia es un organismo que depende de Comercio y está bajo la órbita de Caputo. Su presidente es Alexis Pirchio, un economista de la UADE y magíster en esa misma especialidad en la Universidad del CEMA y durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como director nacional de conductas anticompetitivas en el mismo organismo.
Desde @ccari_ok denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación.…
— Hernán Reyes (@HernanLReyes) April 8, 2024 La sospecha de las autoridades es que Galeno, Omint, Medicus, Swiss Medical y Osde dispusieron aumentos similares entre enero y abril, de entre el 142 y 164% (un 158%, en promedio), cuando las compañías más chicas no hicieron lo propio frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que arrojó una suba del 74,77% en igual período, según un relevamiento oficial.
La andanada de aumentos llegó después del decreto 70 del gobierno de Javier Milei, que en diciembre pasado desreguló el sector y permitió «liberar» los precios. Las empresas niegan que se les haya ido «la mano», como apuntó Caputo, y sostienen que las subas son para recuperar el «atraso» por el congelamiento de tarifas dispuesto por la gestión de Alberto Fernández. También pidieron una reunión.
Pero el Gobierno cree que pudo haber una «presunta cartelización». «Una de las razones de los aumentos desmedidos tiene que ver con un acuerdo que había entre los principales actores del sistema y el gobierno anterior. Los mismos actores que acordaron no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios, ahora quisieron recuperar lo que no cobraron», afirman en la Superintendencia de Servicios de Salud.
Milei y Caputo intensificaron las críticas al sector privado ante las subas de precios «excesivas» y abrieron las importaciones de alimentos, textiles y calzados. Si bien ambos esperan una suba en torno al 10% en marzo -debajo de febrero- y un «derrumbe» de los precios, Domingo Cavallo advirtió que la desaceleración viene con una «recesión profunda» y fuerte caída de los salarios.
En ese contexto, el Gobierno evalúa medidas contra las prepagas, sin «intervenir» ni controles de precios, como en la gestión anterior. Por caso, Economía podría disponer medidas de carácter impositivo o las multas previstas en la normativa, pero aún no hay nada confirmado. La Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto, se comprometió a aportar datos a la investigación en curso.
SN
