Fueron apenas dos frases las que Javier Milei pronunció sobre Aerolíneas Argentinas desde que fue electo presidente. Las dijo en la mañana del lunes 20, durante un reportaje que concedió a Radio Rivadavia.
Una frase fue: «Nuestra idea es entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración y comiencen a competir en una política de cielos abiertos».
La segunda frase funcionó como un complemento de la primera: «El personal de Aerolíneas es un personal muy calificado, el problema radica en la contaminación política«.
Pasó una semana y Milei no volvió sobre el tema de Aerolíneas. Tampoco su designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien ya tendría definido quién estará a cargo de la secretaría de Transporte -sería Franco Mogetta, actual secretario de Transportes de la provincia de Córdoba- pero aun no definió a la persona que encabezará Aerolíneas a partir del 10 de diciembre.
No hizo falta más. Aquellas dos frases bastaron para aglutinar a los gremios aeronáuticos contra la propuesta del presidente electo: uno por uno, salieron a criticar la propuesta la Asociación de Personal Aeronáutico (APA, personal de tierra), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Aeronavegantes (AAA, tripulantes de a bordo) y la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA).
La oposición más furibunda fue la de Pablo Biró, titular del gremio de los pilotos, quien llegó a decir que si Milei llega a avanzar con la idea de privatizar Aerolíneas y entregar las acciones a sus trabajadores “nos van a tener que matar”. Por esa frase, Biró fue denunciado por el fiscal Carlos Stornelli. El gremialista se retractó en cuestión de horas y ensayó una autocrítica por sus dichos. Pero se mantuvo firme en el rechazo de que el Estado se retire de la línea aérea.
Lo mismo hizo el gremio que encabeza, APLA, que en un comunicado planteó que “no sostener a la línea aérea de bandera afectaría negativamente las cuentas públicas, las interconexión federal y la entrada de turismo receptivo y de divisas, entre otros factores; poniendo en riesgo miles de empleos (directos y derivados) y generando más pobreza”.
Pablo Biró (APLA) y Juan Pablo Brey (AAA).Foto AAA.Esa línea argumental se fue repitiendo, con matices, por parte de los otros gremios aeronáuticos: el planteo compartido es que Aerolíneas le pide subsidios al Estado porque vuela a sitios de la Argentina que no son rentables para sus competidoras comerciales. El otro argumento es que esos vuelos, a pesar de que serían antieconómicos, vuelven al Estado en forma de impuestos de la propia línea aérea y con el valor agregado de la actividad que generan en cada ciudad donde aterriza un avión de Aerolíneas.
Aun antes que Biró, el primero en pronunciarse fue Edgardo Llano, titular del gremio que agrupa al personal de tierra de Aerolíneas y es el más numeroso entre los 12.000 empleados de la empresa estatal.
Llano cargó principalmente contra la propuesta de Milei de una política de “cielos abiertos” en los vuelos de cabotaje, donde actualmente Aerolíneas tiene una participación de alrededor de 65%, mientras que el resto está en manos de sus competidoras Flybondi y JetSmart, de capitales estadounidenses.
«El mercado queda regulado por las empresas grandes, que primero imponen su tarifa baja y después las suben a destajo«, dijo Llano.
El titular del gremio de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, aseguró por su parte que Aerolíneas es «una compañía que está saliendo adelante y saneando sus finanzas, aunque aún recibe un subsidio del Estado porque cumple una función social».
Otro gremio que se pronunció contra la propuesta de Milei fue APTA. El gremio que encabeza Ricardo Cirielli (recientemente reelecto) dijo en un comunicado, sin muchas vueltas, que desregular el mercado de cabotaje dejaría a Aerolíneas “es lo mismo que hacer competir en fuerza a un oso con una hormiga”.
Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). APTA no defendió los subsidios, sino que abogó porque Aerolíneas termine siendo “una empresa más eficiente y con sus cuentas equilibradas, ese es el camino virtuoso y racional, sin dogmatismos ideológicos ni fanatismos anti Estado o anti mercado”. Pero se declaró a la vez en estado de alerta y movilización.
“La Comisión Directiva de APTA seguirá atentamente todos los acontecimientos generados por los miembros del próximo gobierno, que involucren a Aerolíneas Argentinas. Por lo cual, todos y todas deben estar alertas, unidos y atentos”, agregó el comunicado.
Varios especialistas han objetado el argumento de que Aerolíneas pierde plata por volar a provincias que resultan antieconómicas. Según sostienen, las pérdidas que Aerolíneas Argentinas ha tenido año tras año desde su estatización en julio de 2008 -ninguno de los últimos 15 años tuvo un resultado con equilibrio- no han sido por sus vuelos de cabotaje. Mucho más pesaría en sus balances en rojo su propia estructura sobredimensionada y, sobre todo, los costos de sus vuelos internacionales.
Se trata de una discusión que está abierta, ya que por otra parte la alta demanda para los vuelos internacionales en todas las líneas aéreas llevó las tarifas a precios que llegan a duplicar los valores previos a la pandemia.
Aún con tarifas mucho más altas que antes de la pandemia, en especial las internacionales que se facturan en dólares, Aerolíneas sigue perdiendo plata. Este año serían 200 millones de dólares (perdió US$ 48 millones en el primer semestre, pero además emitió deuda por otros US$ 100 millones).
