La política de ajustes en los organismos y las empresas estatales no se detiene y el Gobierno ahora puso la mira en las compañías públicas que intervienen en la actividad aeroespacial. En ese marco, la firma VENG, clave en el desarrollo de motores y propulsores para cohetes y lanzadores satelitales y con mayoría accionaria de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), activó una ola de despidos con el foco puesto en reducir el gasto presupuestario.
En concreto, VENG suprimió 30 puestos de trabajo en distintos puntos del país y, en paralelo, dispuso un congelamiento salarial hasta tanto se conozca el rendimiento financiero de la compañía. Como en el caso de Fabricaciones Militares y FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, el oficialismo evalúa la posibilidad de la privatización.
Los recortes de empleos en cuestión se intensificaron durante la semana pasada y rápidamente generaron el rechazo de sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). VENG es una empresa especializada en desarrollos aeroespaciales y de motores de propulsión para lanzadores satelitales como, por ejemplo, el cohete Tronador II.
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Si bien de forma oficial no se brindaron detalles respecto del destino previsto para la firma en el corto plazo, crece la versión de que, al igual que con Fabricaciones Militares y la fábrica FADEA, la intención de La Libertad Avanza (LLA) es promover el desembarco de capitales internacionales para un manejo conjunto de la firma. O, en todo caso, la venta definitiva a empresas privadas.
Por el lado de ATE, en las últimas horas se difundió un comunicado donde la organización señala que “el viernes 30 de mayo, luego de la asunción de las nuevas autoridades designadas por el gobierno nacional de Javier Milei y como parte de un proceso que profundiza el ajuste de la empresa, numerosas compañeras y compañeros de VENG —cuyo accionista mayoritario es el Estado nacional, a través de la CONAE— fueron notificados de su desvinculación“.
“Hasta el momento, entre 20 y 30 trabajadoras y trabajadores han sido despedidos en las distintas sedes de la empresa”, añadió el gremio, y a ese número se habrían añadido una serie de recortes ocurridos en este inicio de semana en la representación de VENG en la provincia de Córdoba.
En el comunicado se afirma que este tipo de medidas forman parte de un plan más amplio impulsado por el Gobierno para “relegar a la Argentina a un rol de exportadora de materias primas, en línea con el modelo económico que el ministro de Economía, Luis Caputo”, pregona con Perú como modelo presunto a seguir.
La situación en VENG guarda cierto paralelo con lo que ocurre en Fabricaciones Militares, otra estatal en la que el oficialismo sigue reduciendo la dotación de personal. Precisamente, en esa firma el Gobierno intensificó su programa de jubilaciones y retiros voluntarios y llega a esta altura del año con una reducción en su plantel de trabajadores del orden del 70 por ciento.
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Relacionado con esto, ATE señala que no se encuentra garantizada la continuidad de los 320 puestos de trabajo con los que aún cuenta la firma. “La Fábrica Militar de Río Tercero está en un rumbo de colisión, con cada vez menos oportunidades de negocio y producción, lo que se tradujo con una fuerte reducción de los puestos de trabajo”, aseguró la entidad.
Desde principios de 2025, LLA ha llevado adelante una hoja de ruta pensada para reducir el tamaño de Fabricaciones Militares, siempre con la perspectiva de luego avanzar con la privatización de la estatal.
En ese tono, y a muy poco de desactivar las labores en la fábrica de explosivos de Jáchal, en la provincia de San Juan, durante marzo pasado el oficialismo hizo efectiva la decisión de transferir a la administración provincial de Catamarca el control del complejo minero Capillitas, basado en la explotación de rocas de aplicación, pero con vetas de oro, plata, cobre y plomo.
Fabricaciones Militares interesa a socios de la alianza OTAN por su capacidad para producir municiones y explosivos a gran escala. En 2024, dos compañías enviaron sendas delegaciones para averiguar condiciones por la estatal: CGS Defence, de República Checa, aunque también participada por inversores estadounidenses, y la española Hispania Group.
En torno a la empresa nacional señalan que, de hacerse con el control de Fabricaciones Militares, tanto CGS Defence como Hispania Group podrían reorientar la producción a los fines de abastecer con material bélico a Ucrania y sus aliados contra Rusia.
