Tras los aumentos de cuotas que entre diciembre y marzo rondan el 150% según las empresas de medicina privada, muy por encima de la inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar contra las prepagas, a las que acusó de haberle «declarado la guerra a la clase media». La mención a la clase media es porque los planes medios de un matrimonio pueden oscilar entre los $ 250.000 y $ 400.000 mensuales y valores superiores si agrega el resto del grupo familiar o en planes con mayor cobertura.
Incluso quienes derivaban aportes a través de una obra social y cubrían la totalidad del plan prepago, ahora tienen que pagar la diferencia por el retraso del salario frente a la variación del costo del plan prepago.
La realidad es que el Gobierno estuvo tomando “ la medicina que recetó” cuando dio libertad a la prepagas para fijar las cuotas de los afiliados, sin ningún tipo de restricciones. También porque a la incidencia del costo de la medicina prepaga en el indice de inflación, se agrega el precio de los medicamentos y de los equipos médicos, Hasta ese momento, las cuotas se fijaban a través de Resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud ( SSSalud) con ajustes mensuales.
Los altos valores de las cuotas mensuales de las prepagas llevaron a que muchísimos afiliados se pasaran a planes más baratos, con una cobertura y cartilla de prestadores más restringida, y otros directamente a darse de baja. Pero una alta proporción, con muchos años de antigüedad en la prepaga no tienen esa opción porque el ingreso en otra entidad puede llevar a que paguen cuotas más altas todavía por el recargo que implica las posibles enfermedades pre-existentes que incluso pueden no ser cubiertas por la nueva prepaga.
A todo esto se agregó la judicialización, porque muchísimos afiliados recurrieron a la Justicia impugnando los aumentos de las cuotas. Y en muchos lugares, la Justicia cuestionó los aumentos obligando a las prepagas a retrotraer el valor de las cuotas impugnando la supuesta “cartelización” del sector. Algunas entidades de consumidores podrían presentar amparos de acción colectiva.
Hasta que se otorgó la libertad de tarifas de diciembre, el ajuste de las cuotas variaba según el Índice de Costos de Salud, elaborado por la SSSalud para los que ganaban más de 6 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) o el 90% del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) para el resto (Ingresos inferiores a 6 SMVM).
El Indice de Costo de Salud tomaba en cuenta la incidencia de los gastos en personal (recursos humanos), medicamentos, insumos y gastos generales.
Como contrapartida, el Gobierno anterior otorgó beneficios impositivos y de previsión a las empresas de salud a cambio de ese mecanismo de fijación del aumento de las cuotas. Según el decreto 478/2023, las empresas de salud quedaron exentas desde el 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, del pago de las contribuciones patronales que recibe el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)- ANSeS.
También se estableció un plan de pagos especial en nueve cuotas, con el primer vencimiento en marzo de 2024, para las obligaciones de pago de las contribuciones patronales y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) respecto de los períodos fiscales devengados en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023. Y con relación al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias a partir del 1° de septiembre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive se aplicarán las alícuotas reducidas que estaban vigentes sólo hasta el 31 de diciembre.
En tanto, las empresas de medicina prepaga agrupadas en CIMARA, ADEMP Y CEMPRA, luego de las declaraciones del Ministro de Economía, a través de un comunicado reconocieron “que la situación es de extrema gravedad por lo que las empresas pretenden no polemizar a través de los medios sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado”.
No obstante, las empresas sostienen que en los últimos años los aumentos de las cuotas fueron inferiores a la inflación, que “las empresas de medicina prepaga no son formadoras de precios. En todo caso el impacto de la inflación del país cruza transversalmente todos nuestros costos, de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina”.
Por otra parte, a traves de un DNU el Gobierno resolvió que las prepagas pueden actuar como obras sociales, eliminando la intermediación de una obra social afín a la hora de derivar los aportes obligatorios a la Seguridad Social o captar directamente nuevos afiliados. El sector está a la espera de la reglamentación para acceder a este universo de trabajadores. Posiblemente, este sea un argumento del Ministro Caputo – la ampliación del padrón total de las prepagas- a la hora de discutir el alza de las cuotas y las coberturas que deberían brindar las prepagas para quienes con el 9% del salario no alcanzan a cubrir un plan médico.
