El plan Motosierra como lo llamó el presidente electo y que se pondrá en marcha a partir del lunes, será una prueba de fuego para el gobierno de Javier Milei. La consigna de recortar el gasto público en forma drástica aparece como la «primera tarea» entre sus reformas económicas y por su magnitud representa un desafío sin antecedentes en la historia reciente.
Si bien su plataforma manifiesta la aspiración de «reducir gastos por 15% del PBI», el presidente electo precisó que su idea es reducir el déficit cuasi fiscal en 10 puntos del PBI a través del rescate de las Leliqs del Banco Central y recortar 5 puntos del gasto primario para alcanzar el equilibrio fiscal en las cuentas públicas en 2024.
Con un gasto del 19,5% del PBI, ese nivel de ajuste es superior a todo lo conocido en las últimas décadas. Según la serie histórica del Ministerio de Economía, hay que remontarse a la última dictadura militar en 1982, cuando el gasto primario se redujo en un año 4,36 puntos (25,02 a 20,66% del PBI) por las devaluaciones.
El otro zarpazo ocurrió tras el derrumbe de la convertibilidad y la crisis en 2002, producto de la devaluación y salto de la inflación durante el gobierno de Eduardo Duhalde, lo que redujo 3,63 puntos del gasto (25,58 a 21,95% del PBI) en un año. Y le siguió la salida de la pandemia, con 2,6 puntos en 2021 (25,2 a 22,6% del PBI).
«Normalmente, cuando se redujo el gasto, no fue tanto por recorte, sino por licuación por inflación o maxidevaluación, y como ya ahora se licuaron bastante las jubilaciones, si las comparamos con 2013 están casi 50% abajo, y es el principal gasto, no hay más para recortar», señaló Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL.
Ante esa situación, el economista señaló que Milei podría apuntar a la «eliminación de funciones». De hecho, el nuevo gobierno se propone eliminar 11 de los 18 ministerios y crear uno nuevo, así como cerrar empresas públicas. El interrogante es si junto con esa reestructuración reducirá la planta de 340.000 empleados.
La mira está puesta además en otras partidas como transferencias discrecionales a provincias, obra pública y subsidios energéticos. Cerca de Caputo creen que los Aportes Transitorios de la Nación junto con programas sociales destinados a las provincias podrían significar el ahorro de 5 puntos del PBI.
Para la consultora Analytica, el «draconiano ajuste» se concentrará en los gastos de capital, de funcionamiento y las prestaciones sociales, incluyendo a los jubilados. En otras palabras, el ajuste no solo recaerá sobre «la casta», sino que la aceleración de la inflación abre la puerta a una baja del gasto en términos reales, a partir de su licuación.
Lejos del discurso de campaña, Milei anunció que vendrá un período muy duro, con «estanflación». Esto es recesión y una suba de precios que podría superar el 20% en diciembre, si devalúan y descongelan precios. En ese contexto, será determinante el ritmo de aumento de las jubilaciones y las paritarias del sector público.
«El shock fiscal será la clave del ajuste al no permitir que las erogaciones del fisco crezcan a la tasa que lo hacen los precios», pronosticó la consultora. Justamente, la gestión de Sergio Massa logró que se licuara el gasto por la quita de subsidios, pero también por la actualización del gasto social por debajo de la inflación.
Pese a esas medidas, el déficit fiscal (incluyendo intereses de deuda) este año rondará el 5% del PBI, por encima del 4,2% del 2022, por la caída de la recaudación en el marco de la sequía y los intereses de deuda (2% del PBI). Por ello, los economistas no descartan que Milei apuntale los ingresos para reducir el rojo en las cuentas.
«Si el ajuste es por licuación, es temporario, es para ganar tiempo. Lo que hay que hacer es estructural y 5 puntos en un gasto nacional de 21 o 22% es enorme, no creo que puedan todo por gasto, sino también por ingresos», explicó Daniel Artana, economista jefe de FIEL y uno de los que recibió una oferta para ocupar Hacienda.
Según un informe del IERAL a partir del libro “Dos siglos de economía argentina” (Fundación Norte y Sur), los tres años de mayor caída del gasto total (incluyendo intereses de deuda) fueron 1986 (2,3 puntos porcentuales del producto bruto), 1990 (3,9 p.p.) y 2002 (2,3 p.p).
Para fijar nuevos impuestos, el Gobierno debería aprobarlos por el Congreso, pero tiene margen para modificar por decreto algunas percepciones, como lo hizo Massa con el impuesto PAIS. Sin embargo, esa alternativa, que representa 1 punto del PBI, quedaría descartada si se unifica el mercado cambiario.
En tanto, si devalúa, la nueva gestión contará con más recursos por la mejora del tipo de cambio real en las retenciones, pero el estancamiento a la vez implicará menos ingresos por la caída del consumo. En tanto, si estabiliza la economía, subiría el gasto indexado y neutralizaría el efecto de licuación por la inflación.
«El desafío para la próxima administración nacional es significativo, ya que, una reducción del déficit fiscal de 5% del PIB en un año nunca se hado en la historia reciente. Además, sólo en el periodo entre 2017-2019 se dio una baja del déficit fiscal (2,2% del PIB) en la cual el único factor explicativo sea el gasto», señaló el Iaraf.
