La provincia de Neuquén derogó un decreto que obligaba a esta repartición a adquirir sus pasajes aéreos exclusivamente a Aerolíneas Argentinas o a aerolínea LADE, de la Fuerza Aérea.
A través de otro decreto, el 300/24, el gobierno de Rolando Figueroa derogó la adhesión de la provincia a un decreto de Cristina Kirchner de 2012.
Ese decreto, el 1191/12 firmado por Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina y Florencio Randazzo sigue vigente hasta hoy y establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 (Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social) «deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran».
Un año después de ese decreto, en 2013, el gobierno neuquino que encabezaba Jorge Sapag adhirió a esa norma en sus propios términos: a través de la decreto provincial 1111, estableció la obligatoriedad de compra de pasajes por Aerolíneas y Austral y también incorporó a Líneas Aéreas del Estado (LADE), perteneciente a la Fuerza Aérea, «si ésta los prestara en condiciones de modo, tiempo y lugar acordes con los requerimientos oficiales».
Ese decreto fue derogado la semana pasada por Figueroa, quien hace un año se impuso en los comicios provinciales y terminó con seis décadas de gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En sus considerandos, el actual gobernador plantea que uno de los fundamentos que justificaba aquella decisión de Sapag era que Aerolíneas y Austral «eran las únicas empresas aéreas que operaban en los dos aeropuertos ubicados en la Provincia del Neuquén, que se encuentran incluidos en el Sistema Nacional de Aeropuertos». Pero que, actualmente, «se ha ampliado la oferta de conectividad de las aerolíneas que operan en los Aeropuertos provinciales, incluyendo empresas de bajo costo que al igual que las antes mencionadas, prestan los servicios que oportunamente puedan requerir las actividades institucionales» de los funcionarios.
Además, adhiere de manera concreta a los postulados sobre el tema del Gobierno nacional, que a través del Decreto 70 estableció una política de «cielos abiertos» para el mercado aerocomercial.
El decreto 300 señala: «De acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Transporte de la Nación, el crecimiento del sector es parte de una nueva visión del transporte aerocomercial que busca fomentar la participación de más compañías en los cielos argentinos para conectar al país, potenciar el crecimiento de la economía del turismo y fomentar la conexión internacional».
Hoy tanto Flybondi como JetSmart llegan con vuelos regulares a la provincia patagónica.
Hasta la semana pasada, ningún estado provincial u organismo de la administración pública nacional había cuestionado la vigencia del decreto de Cristina. Tampoco tuvo alteraciones durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri.
Pero se trata de una norma que no sólo está en el Congreso para ser tratada por la Cámara de Diputados, sino que además está pendiente de reglamentación.
Hasta ahora, el único paso significativo lo había dado la propia línea aérea, que canceló a los funcionarios públicos la posibilidad de acumular millaje a título individual en pasajes comprados desde el Estado.
