Luego del escándalo con los seguros que estalló luego del final del gobierno de Alberto Fernández, la Superintendencia de Seguros de la Nación cambió las condiciones bajo las que pueden operar las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), de modo de asegurar la solvencia de esas compañías para que puedan responder a los litigios futuros.
La Resolución 127/2024 de la Superintendencia cambió un artículo del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA) que había impuesto el gobierno de Fernández en 2022 y que permitía el ingreso al mercado de prácticamente cualquier empresa, aunque no tuviera el capital necesario y las reservas para afrontar los juicios en el futuro y proteger a sus asegurados. Ahora, la Superintendencia estableció estableció que “las entidades que operen en la rama RIESGOS DEL TRABAJO deberán constituir, al cierre de cada ejercicio o período, la Reserva por Juicios Futuros Total hasta que culmine el plazo de CINCO (5) años desde la fecha de inicio de operaciones”.
En el texto también se incluyó un cambio en los porcentajes de las primas que las compañías deben destinar para crear el fondo de Reserva por juicio a futuros. En rigor, así se dejan sin efecto los criterios que impuso el reglamento de 2022, con porcentajes insuficientes para garantizar la capacidad de respuesta de las nuevas aseguradoras en el mercado.
Con la ecuación que fijó la administración de Fernández, las reservas de las empresas de ART eran insuficientes y, por ende, de alto riesgo las coberturas de las empresas sin volumen ni espalda financiera.
El mes pasado, Clarín reveló las irregularidades en el negocio de los seguros que promovió el Gobierno de Fernández, cuando obligó a los organismos estatales a contratar como aseguradora a Nación Seguros pero a la vez abrió la posibilidad de que ingresen a ese negocio cautivo un puñado de intermediarios que cobraron comisiones muy por encima del valor de mercado.
