Con un fuerte déficit fiscal como punto de partida para el actual Gobierno Nacional, y con la irrenunciable decisión de iniciar un camino de austeridad –y de reducción– del gasto público, que se suma a dejar atrás la emisión monetaria y a poner fin al flagelo de la inflación, la frase de cabecera de “no hay plata” ha hecho que ciertos “vicios tributarios” se profundicen en algunas provincias y municipalidades.
El “no hay plata” decretado por el Presidente Javier Milei implicó el cese de transferencias discrecionales de fondos de la Nación a las provincias para cubrir sus déficits fiscales, situación que las puso en jaque financieramente ante su falta de iniciativa de reducir su gasto público. Esto además tiene un antecedente no menor, que es la cuasi eliminación del impuesto a las Ganancias sobre empleados y jubilados, por parte del gobierno anterior, que implicó un agujero fiscal de $ 1 billón al año, en grave perjuicio a las rentas provinciales por tratarse de un impuesto coparticipable.
¿Qué hace doña Rosa cuando no hay plata? Achica los gastos.
La práctica viciosa de muchas administraciones tributarias provinciales y municipales, direccionadas por su gobernador o intendente, es contraria a toda lógica –y a la crisis que estamos padeciendo– y consiste en aumentar los impuestos, incrementando la presión fiscal sobre contribuyentes saturados de impuestos, que además ven incrementados sus costos de todos los días (de vida, de empresa, etc.). Por eso decimos que salen a “cazar en el zoológico”.
En lo que respecta a las municipalidades, los vicios consisten principalmente en subir las tasas que cobran o en crear nuevas. Las tasas municipales deberían retribuir un servicio público prestado por la comuna a cada sujeto, cosa que no sucede. Por eso, en rigor de verdad, las municipalidades crean impuestos disfrazados de tasas, lo cual es una flagrante transgresión a los límites que impone el régimen tributario municipal.
Algunos casos emblemáticos corresponden a municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Azul tiene una tasa por servicios esenciales, alcanza a cada hectárea de tierra con el equivalente a una fracción o un litro de gasoil (dependiendo si se trata de un terreno para agrícola, para cría o mixto). Pretende cobrar entre 0,5 y 1 litro, según el destino del campo. Según algunas estimaciones, la municipalidad cobraría casi 490.000 litros totales por mes. ¿Cuál es el servicio prestado en concreto? Ya hay juicios al respecto.
Bolívar y Daireaux registran aumentos en la tasa vial entre el 400% y 500%. Ahora el valor del tributo se determinará mediante un índice conformado, ya no solo por el precio de la carne, sino también por el del gasoil.
En Pehuajó se hizo viral la posibilidad de creación de una tasa por el uso de agroquímicos, pero luego la comuna dio marcha atrás.
En las provincias la voracidad está a la orden del día, en algunos casos pasando a la perversidad.
La Provincia de Buenos Aires está muy mediatizada estos días por el impuestazo que alcanza a inmuebles de todo tipo (urbanos y rurales). Según la Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2024, los incrementos van entre el 140 y el 200%. Sin embargo, en ciertos casos no tiene tope el incremento, por lo que algunos productores rurales han manifestado que el nuevo impuesto inmobiliario representa un incremento superior al 400% respecto del año pasado.
Buenos Aires también ha dado de qué hablar por el impuesto sobre los ingresos brutos. La Ley Impositiva autorizó a la Agencia de Recaudación (ARBA) al cobro de un “anticipo adicional” equivalente a cuatro veces el impuesto determinado en octubre pasado. La reglamentación estableció como sujetos pasivos de dicho anticipo a “grandes empresas” (como si eso fuera un aliciente), dando escasos días para el ingreso de montos siderales y sin posibilidad de solicitar una reducción del mismo por cambio en la situación del negocio. La provincia perseguía una recaudación cercana a los $ 16.000 millones de pesos.
Este anticipo, más que un pago a cuenta, resulta ser un “empréstito forzoso”, un préstamo de los contribuyentes al gobierno que no paga intereses, que se devalúa frente a la inflación y que obliga a los afectados a afrontar los costos financieros de la falta de disponibilidad de su capital empresario. Algunas empresas tardarán más de dos años en absorber el saldo a favor de esta perversidad.
El “anticipo adicional” vuelve a poner sobre la mesa la voracidad de “recaudar” –en realidad es endeudar al Estado sin los trámites legales requeridos– mediante la generación de saldos a favor.
Pero hay un detalle: los anticipos “extraordinarios” o “adicionales” sacan a relucir una actitud perversa de parte de los gobernantes y de los administradores tributarios. Con este mecanismo, se debilitan las posibilidades de defensa de los contribuyentes afectados por cuanto, si bien implican una inconstitucionalidad manifiesta, hacen más difícil la judicialización del caso y generan recaudación de una forma mucho más rápida y sencilla que con una ley que debe ser aprobada por la legislatura. Aquí solo se necesita una resolución general de la Administración Tributaria (AFIP, ARBA, etc.).
Los saldos a favor, en este contexto inflacionario, implican un grave perjuicio para los contribuyentes, para las empresas: el capital expuesto a la inflación se “derrite” como un helado al sol en verano.
Así las cosas, los roles están invertidos: el Fisco le debe al contribuyente, el contribuyente es acreedor del Fisco. La situación natural es la opuesta.
Si bien un contribuyente puede pedir la devolución –así lo dice la ley–, la posición del contribuyente siempre es la más débil. El Fisco tiene todo un aparato para recaudar: ante la falta de pago intima, luego cobra por vía judicial, con intereses resarcitorios y punitorios, pudiendo demorar escasos 60 días en hacerse de los fondos.
El contribuyente puede pedir la devolución, con una fiscalización de por medio, la tasa de intereses que paga el Estado es aproximadamente la mitad de la que cobra cuando el contribuyente se atrasa, y no tiene pruritos en demorarse tres, cuatro, cinco años. No hay sanciones por la demora de los funcionarios en devolverle a los contribuyentes su dinero.
No hay duda, estamos ante una perversidad fiscal manifiesta, es realmente inmoral el trato que reciben los contribuyentes.
Por un lado, la Administración exige a los contribuyentes que cumplan la ley, pero al mismo tiempo la Administración pisotea olímpicamente los derechos constitucionales de quienes están obligados al pago de impuestos y esquiva las obligaciones legales que le caben, violando principios constitucionales básicos de la tributación.
Muchas provincias y municipios podrían estar etiquetados con los octógonos negros que alerten de “Exceso de impuestos”. Los impuestos siempre aumentan, pero nunca alcanzan. ¿Con qué fin se recaudan los impuestos? ¿Para los ciudadanos o para la política? ¿Para comprar votos mediante el regalo de bicicletas, como han hecho algunas municipalidades? ¿O para regalar geles íntimos, o viajes de egresados, como hizo la provincia de Buenos Aires?
Se habla en estos días de una suerte de “rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires. Dejar de pagar los impuestos es una elección muy personal, pero en algunos casos no se puede elegir, porque no hay con qué pagar.
Sí es importante tener presente que cada Administración Tributaria tiene amplias facultades para exigir el pago de impuestos, se encarece notablemente el monto a pagar por los intereses de mora, amén de las consecuencias en la gestión financiera de toda empresa que puede traer un embargo.
Pero una cosa es rebelarse, otra muy distinta ejercer los derechos que tiene cada contribuyente, pudiendo incluso demandar al Estado en caso de una pretensión fiscal que tenga apariencia inconstitucional.
A esta altura resulta de vital importancia que como ciudadanos exijamos a nuestros gobernantes eficacia, eficiencia y –por sobre todo– transparencia en la gestión de los recursos financieros del Estado.
Los impuestos no están para financiar el despilfarro de la política, sino para cubrir las necesidades de bienes y servicios públicos de los ciudadanos, bienes y servicios que deben ser de calidad.
¡“Nunca más” al despilfarro de la política con nuestros impuestos!
César R. Litvin es socio y CEO y Martín R. Caranta es socio del estudio Lisicki Litvin y Asoc.
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