Las rurales del norte de Buenos Aires decidieron invocar a los productores a no pagar el impuesto inmobiliario rural tras denunciar que hubo aumentos por encima de lo que estableció la Ley.
Así lo establecieron en una asamblea realizada hoy al mediodía en la localidad de Salto, que contó con la presencia de más de 150 productores y de la senadora bonaerense Florencia Arietto.
Asimismo, los productores acordaron en avanzar con acciones administrativas y judiciales asesorada por la senadora Arietto e incentivar a las rurales de la provincia a realizar asambleas locales o regionales. Se había hablado también de realizar una manifestación hacia la ciudad de La Plata, pero por el momento desistieron de esa posibilidad.
Más temprano, la senadora por la provincia de Buenos Aires había posteado que ella tampoco iba a pagar el impuesto.» Me dice mi hermano que llegó el 346% de aumento por el inmobiliario rural al campo en Ramallo. El tope autorizado por la Legislatura fue del 200%, por lo tanto el excedente no lo vamos a pagar porque es confiscatorio», posteó.
Hubo más de 150 productores en la asamblea de Salto.Esto se da tras el pedido del Presidente Javier Milei y el diputado Nacional José Luis Espert de no pagar los impuestos en Buenos Aires.
También se desarrolló otra asamblea en la ciudad de Salliqueló, donde también se decidió no pagar el impuesto y avanzar en acciones legales tanto individuales como colectivas.
Desde el Ministerio de Asuntos Agrarios remarcaron que los aumentos establecidos fueron aprobados por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Me dice mi hermano que llegó el 346% de aumento por el inmobiliario rural al campo en Ramallo. El tope autorizado por la Legislatura fue del 200%, por lo tanto el excedente no lo vamos a pagar porque es confiscatorio.
— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) March 19, 2024 Además, ratificaron que en ARBA se emitieron 300.723 partidas rurales y solo 2.138, es decir, un 0,71% del total, poseen una valuación superior a los $198.940.000 de base imponible, de los cuales a partir de lo aprobado en la Legislatura tienen aumentos por arriba del tope, que fue del 200%, y que llegan al 300%.
Uno de los pedidos de los productores fue que vuelvan las bonificaciones por el cumplimiento del pago de la tasa, que era del 15%, y por la adhesión el débito automático, que sumaba un 5% más, pero desde la cartera agropecuaria bonaerense aseguraron que decidieron aumentar menos que la inflación (de febrero 2022 a febrero 2023 es del 276%) y quitar esos beneficios.
Así, agregaron, que el 99% de los propietarios rurales habrán recibido incrementos en el impuesto emitido por debajo de la inflación.
«En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, las tasas que fijó la Legislatura implican una reducción para prácticamente la totalidad de los propietarios, con excepción de 2 mil personas cuyas propiedades tienen un valor de mercado de más de 3 millones de dólares», señaló el gobernador bonaerense en su red social en un hilo donde además critica al Presidente Milei.
El presidente de la Sociedad Rural de Arrecifes, Patricio Molle, aseguró cuando salió la norma «nadie prestó atención» que en realidad esa base imponible crecería de tal «magnitud» en relación al 2023. «Ese tope del 200% desaparece y llega hasta el 800%. lo mismo pasa con el complementario, que es el problema más grave, que tampoco hay tope del 200%», apuntó.
Según Molle, a esto se suman dos cuestiones más: «Hay partidas que pagarán una quinta cuota y las cuotas 2, 3, 4 y 5 se van a actualizar por una tasa pasiva del Banco Nación».
La mesa de enlace bonaerense había pedido una prórroga para pagar la primera cuota que vencía la semana pasada, pero no se accedió a ese pedido.
«No estamos en condiciones de recibir ni aumentos desmedidos como se quieren aplicar, y menos aún, nuevas tasas que claramente tienen fines meramente recaudatorios. Y que en muchos casos no son constitucionales y van en contra de las leyes vigentes y de las competencias de los municipios», disparó la mesa de enlace a nivel nacional.
La semana pasada el abogado y productor ganadero de San Vicente, Agustín Arechavala, presentó la semana pasada la primera acción judicial contra el aumento del impuesto: Se trata de una demanda declarativa de certeza contra la provincia de Buenos Aires. «Decidí hacerlo ante el aumento absurdo que recibimos», comentó.
Según contó, la boleta que le llegó fue de $ 800.000 contra los $ 100.000 que había abonado en marzo del 2023. «Es una locura. Nos afecta gravemente porque venimos de una sequía que nos generó pérdidas», explicó.
