La magistrada, que falló en contra de la Argentina y autorizó a los demandantes a retener bienes del país, convocó a las partes a una audiencia porque los beneficiarios de la sentencia argumentan que las autoridades locales están demorando el procedimiento. Mientras el pago se dilata, los intereses siguen acumulándose.
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06 de marzo 2024, 20:30hs
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El juicio contra la Argentina por los daños que la expropiación de YPF le produjo a los accionistas minoritarios de la compañía tiene una sentencia en Nueva York por US$16.100 millones. Sin embargo, como el país no pagó y decidió comenzar con la apelación, los intereses se acumulan y ya suman más de US$414 millones, de acuerdo con los cálculos de Sebastián Maril, analista de Latam Advisors experto en estos temas. Se tratan de US$2,5 millones diarios que se suman al pasivo nacional.
La condena al país en primera instancia fue firmada por la jueza estadounidense Loretta Preska. Como Argentina no pagó ni depositó una garantía mientras avanza con la apelación, los demandantes pretenden avanzar con embargos en contra del país.
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Antes de poder inmovilizar activos, sin embargo, se da un proceso previo de discovery, que consiste en reunir información para hacer un listado de cuáles son los bienes que se pueden embargar. Hace pocos días, los beneficiarios del fallo de Preska le pidieron a la jueza que llame a las partes para destrabar ese procedimiento ya que, según alegan, la Argentina está entorpeciéndolo.
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Luego de un intercambio de notas, de ambas partes, finalmente la jueza Preska convocó al país y a los beneficiarios de su sentencia a una audiencia telefónica el próximo 18 de marzo para, con el objetivo de “destrabar” el discovery de activos embargables del Estado. No obstante, Maril aclaró que la magistrada no autorizará embargos en esa reunión. Por el contrario, podrá descartar activos del listado de bienes a inmovilizar.
Qué piden los demandantes y qué respondió Argentina
De acuerdo con los escritos recopilados por Maril, los demandantes pretenden recabar datos sobre una variedad de activos argentinos. Entre ellos, las acciones de YPF en manos del Estado; cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en US$1 millón o más; el swap de monedas con China; concesiones para la exploración de recursos naturales; información Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación.
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La Argentina, por su parte, presentó otra nota ante Preska en la que rechazó el pedido de los beneficiarios para que la jueza convocara a una conferencia telefónica. Según un escrito publicado en X por Sebastián Soler, que fue subprocurador del Tesoro, el país argumentó que tiene derecho a compartir de forma prioritaria la información sobre activos no militares ni diplomáticos. A la vez, afirmó que los demandantes no tienen ningún derecho a avanzar por cuenta propia en el discovery de activos del Banco Central.
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Finalmente, los beneficiarios del fallo de Preska volvieron a escribirle a la magistrada en respuesta a la carta argentina. Maril publicó extractos de la nota en la que los demandantes dijeron que desde octubre de 2023 se reunieron nueve veces con los abogados del país, que presentaron múltiples objeciones sobre el discovery respecto de activos que la Argentina calificó “unilateralmente” como diplomáticos, consulares, militares o propiedad del Banco Central.
Además, se quejaron de que recién después del pedido a Preska para armar la conferencia entre las partes, el país dijo que ya no se opone categóricamente al discovery sobre esos activos sino que pretende priorizar aquellos que no son caracterizados de esa forma. Finalmente, pidieron detalles sobre cualquier transferencia que el Banco Central haga al exterior. Esos argumentos, al parecer, convencieron a la jueza Preska, que hablará con las partes del 18 de este mes.
