En diálogo con Télam, el dirigente señaló que ese faltante genera una problemática que afecta en la región a unos 15.000 usuarios de 23 localidades de Río Negro, Chubut y Neuquén.
Bariloche y otras ciudades de la región atravesaron hace unos años “un período de falta de nuevas conexiones de gas, que se resolvió con la construcción del Gasoducto Cordillerano” en 2016, “una obra muy costosa” que “permitió ampliar la capacidad de transporte” de gas, describió Chamatrópulos, cuya ONG motoriza el reclamo de vecinos por la provisión del servicio.
Las 23 localidades afectadas por la falta de ejecución de esta obra pertenecen a Río Negro, Chubut y Neuquén, y de hecho este problema fue uno de los temas que debatieron los gobernadores patagónicos en la cumbre realizada a mediados de enero en Villa la Angostura Pero, relató, ese gasoducto contemplaba “una obra complementaria de muy menor magnitud” que era la instalación a la altura de Gobernador Costa y Río Senguer, ambas localidades de Chubut, de dos plantas compresoras para darle mayor presión al traslado del fluido.
El costo de la instalación de estos compresores “no supera los 7 millones de dólares”, lo que representa “alrededor del 0,2 por ciento” de los 3.000 millones de dólares que se invirtieron en el Gasoducto Cordillerano.
Sin embargo, apuntó Chamatropulos, “a pesar de esa proporción inaudita, esta obra se empezó a hacer con retraso al cronograma original, se suspendió su ejecución en el año 2020 y nunca se retomó por parte del Estado Nacional, aunque también hay que mencionar que la responsabilidad originaria es de la empresa concesionaria, de Camuzzi”.
Allí, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció “un principio de acuerdo” con sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén) para que las provincias participen en las obras, aunque al momento no hubo novedades.
Hace poco más de un año, ante la falta de respuestas y de habilitaciones, Codec inició el camino judicial contra la distribuidora Camuzzi con “un amparo que tiene ya muchas hojas y un gran avance”, indicó Chamatropulos.
Al día de hoy, los transformadores necesarios para la obra han sido comprados, pero continúan desde hace tiempo depositados en Rosario La última novedad en esta causa es una respuesta del extinto ministerio de Obras Públicas, que objetó la competencia del juzgado de Bariloche y pidió llevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia, debido a que están involucradas tres provincias.
“Pretenden llevar la causa a la Corte Suprema de Justicia mediante un argumento que por supuesto espero que el juzgado no tome, respecto de la interjurisdiccionalidad del problema”, cuestionó el exconcejal y presidente de Codec.
Según describió, durante las presidencias de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández hubo una política continuada del Estado de cambiarle a las prestadoras obligaciones que les eran propias por tarifa.
En este sentido, señaló la existencia de «un acta acuerdo en donde Camuzzi solicita una actualización tarifaria y el Estado no se la da, y como compensación el Estado asume como propia la obligación de la inversión”.
En conclusión, «la obra nunca se ejecutó y la frustración es que son muchos los afectados», cuestionó Chamatropulos, y culpó a «la falta de gestión de la dirigencia de todo tipo» y en todos los niveles, aunque son «las autoridades nacionales las que no han puesto el interés ni el dinero».
Al día de hoy, los transformadores necesarios para la obra “han sido comprados” pero continúan desde hace tiempo depositados en Rosario, “lo que todavía da una imagen más patética a la situación”.
