Diálogo terminado. Sin ningún tipo de respuestas de parte del Gobierno frente a los reclamos de las últimas semanas, los gobernadores de Juntos por el Cambio tomaron la decisión de no retomar conversaciones con la Casa Rosada a menos que los reciba el presidente Javier Milei, con una agenda fiscal y productiva en mano.
No parece viable un encuentro en ese sentido, al menos por ahora, sobre todo teniendo en cuenta la batería de agravios hacia las provincias con la que se despachó el Presidente cuando se frustró la Ley Ómnibus en el Congreso. Desde ese momento, el Gobierno dejó de atenderles el teléfono a las provincias y avanzó con decisiones que claramente afectaron sus recursos.
Las principales tuvieron que ver con la quita del Fondo Compensador al transporte y la negativa a subsidiar el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que surgieron después de que la Rosada sacara el paquete fiscal de la controvertida ley que mandó al Congreso, descartando cambios en lo relativo a Ganancias y en especial al aumento en las retenciones al campo que cuestionaban las provincias de mayor peso productivo.
«Cortaron los fondos, pero nunca dieron una discusión seria en lo fiscal. Fueron decisiones tomadas de la noche a la mañana, intempestivas. De repente dijeron: no hay más guita para transporte ni para el Fonid. Fue una cuestión revanchista y metieron a todos los gobernadores en la misma bolsa, especialmente a los de Juntos por el Cambio, que eran los que los habían apoyado con la Ley Ómnibus», es el comentario que surge desde la oposición denominada aliada/dialoguista, que en la votación en general respaldó la iniciativa oficial.
Pero la noche del martes 6 en la que Milei decidió bajar todo el paquete por falta de consenso en el articulado que se votó, las críticas salieron para todos lados y nadie zafó. Por estas horas, lo que esperan los gobernadores de Juntos por el Cambio es sentarse a discutir con el Presidente un pacto fiscal «en serio», que defina qué impuestos van a ser coparticipables y cuáles no. Ninguno de los que aumentó, argumentan, son coparticipables.
Más allá de la postura de los 10 gobernadores cambiemitas, puntualmente los del PRO y el radicalismo, el descontento con el Gobierno involucra también a los mandatarios de provincias de signo peronista, principalmente a Córdoba, con Martín Llaryora, el gobernador al que Milei cruzó abiertamente la semana pasada y que en una entrevista este domingo con Clarín le tiró un mensaje por elevación al Presidente al declarar que «no creo que ninguna persona de bien quiera fundir a las provincias y los municipios».
El otro gobernador de una provincia de peso productivo y en términos de padrón es el santafesino Maximiliano Pullaro. En los últimos días volvió a ser bien claro sobre cómo afecta a las provincias la quita del subsidio al transporte. “Si nos dieran lo que aportamos, en Santa Fe el transporte saldría 0 peso”, sostuvo el mandatario de la Unión Cívica Radical.
Los gobernadores afirman, además, que hay una fuerte inacción del Gobierno con respecto a la discusión del paquete fiscal anunciado por el ministro Caputo. Aún no tiene ninguna certeza ni fechas donde sería tratado en el Congreso. También creen que de los acuerdos que hicieron con el ministro Francos ninguno se cumplió. Francos sigue con la idea de que le conviene recostarse en el peronismo.
En ese sentido, se prepara entre los gobernadores de JxC una reunión para la semana que viene. «Tarde o temprano el Presidente nos tiene que recibir. Apoyamos mayoritariamente el DNU y la Key Ómnibus. No entendemos la estrategia de igualarnos con el kirchnerismo cuando acabamos de ganarle en muchas provincias al peronismo que gobernaron durante décadas», sostiene en off otro mandatario.
Los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio.
El cargado frente judicial con las provincias
En medio de estos cortocircuitos constantes entre las provincias y el Ejecutivo asoma un panorama de judicialización a mediano plazo que preocupa al Gobierno. Dos provincias ya fueron a la Justicia por reclamos vinculados al Fondo Compensador y el Fonid: es el caso de Río Negro, del renovador Gerardo Weretilneck, y el de Chubut, del joven dirigente del PRO, Ignacio Torres. La provincia de Buenos Aires, además, ya adelantó que reclamará por los fondos educativos a través de la vía administrativa.
No obstante, desde el final del mandato de Alberto Fernández, existen presentaciones por la quita de Ganancias y por los cambios en el IVA. Fueron Mendoza y Corrientes, ambas administradas por Juntos por el Cambio, las que definieron en noviembre pasado presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia, que todavía debe resolverla.
Hay otro frente histórico sin resolver de parte del Ejecutivo que altera los ánimos de las provincias de Juntos por el Cambio, especialmente. Si bien hubo una reunión la primera semana de enero, con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y Luis Caputo como interlocutores principales, no hay señales de que se vaya a pagar la millonaria deuda que el kirchnerismo contrajo con la ciudad de Buenos Aires al quitarle fondos de coparticipación que la Corte Suprema ordenó devolverle. A la fecha, se trata de $ 350.000 millones que se deberían transferir a las arcas porteñas.
Luis Caputo y Jorge Macri, juntos en la reunión de enero en la que debatieron sobre la coparticipación.El camino de todo este tipo de demandas parece terminar inevitablemente en la Corte Suprema. «Cuando vos como Nación incumplís con el pago de un programa que está por ley, o afectás recursos que son coparticipables como IVA y Ganancias, automáticamente las provincias están obligadas a judicializar», es el comentario que surgió desde una provincia en los últimos días en relación a cómo actuar frente a los conflictos que se abren con el Gobierno.
En esa línea, diferentes fuentes consultadas aseguran que si el Gobierno no se abre a una negociación sobre los puntos más sensibles en cuestión, las provincias irán masivamente a la Justicia, como ya empezó a suceder, y las causas, tarde o temprano, van a llegar a cuarto piso de los tribunales de Talcahuano, donde funciona la Corte Suprema.
Teniendo en cuenta que formalmente el año de la Corte arranca en marzo, más allá de que la feria judicial concluyó en enero, en las provincias ven difícil que el máximo tribunal se exprese sobre cualquier punto que pueda verse como una alteración a la gobernabilidad de un presidente que asumió hace poco más de dos meses. Hasta abril, al menos, parece difícil pensar en una decisión potente de la Justicia, por caso, en la demanda que llegó a la órbita cortesana, que es la que presentaron Mendoza y Corrientes.
